Por Horacio Verbitsky La Alianza opositora atribuye
el fracaso de la reforma policial bonaerense al financiamiento del Partido Justicialista
con fondos originados en actividades ilegales en la que estarían asociados la policía y
los dirigentes territoriales y legisladores del partido del gobierno. La plataforma de la
Alianza que hoy presentarán en La Plata Graciela Fernández Meijide y Melchor Posse
implica que una de esas actividades ilegales es la comercialización de sustancias
narcóticas prohibidas por las autoridades sanitarias. “En la última década, este
tipo de tráfico ha crecido en la provincia y sin embargo, fue sospechosamente desatendido
por los organismos policiales del Estado”, dice el texto. Otras causas de inseguridad
serían la deprimida situación social y material y el colapso institucional del Estado
bonaerense, que habrían dejado desprotegida a la ciudadanía. Frente a ese cuadro, la
respuesta de la Alianza consiste en profundizar la reforma iniciada en 1998 con consenso
multipartidario.
La plataforma procura abarcar todos los temas desde su título: “Un Estado garante de
la justicia y la seguridad, sin corrupción y eficiente”. Sostiene que “primó
el desgobierno” y faltaron “políticas de seguridad integrales y eficientes en
la prevención y represión de los delitos”. La Alianza denuncia la tolerancia del
actual gobernador Eduardo Duhalde para que la disuelta Policía Bonaerense se
autogestionara en torno a criterios de mano dura y financiamiento ilegal “a través
de una extendida red de actividades delictivas” que privó al Estado provincial de su
“capacidad de dirigir a la institución policial. El colapso del sistema obligó al
gobierno provincial a promover un proceso de reforma”. Pese al apoyo de la Alianza a
ese proceso “el gobierno provincial se quedó a mitad de camino” y fue
ineficiente en la asignación de recursos para el funcionamiento de la policía y de la
justicia provinciales. Por falta de preparación y recursos los fiscales siguen delegando
en la Policía las investigaciones, lo cual favorece la rearticulación del sistema
anterior. Además, la demora en la construcción de las nuevas cárceles y alcaldías
obliga a que más de 3.000 detenidos estén aún alojados en sedes policiales, dice. En el
párrafo más duro del documento, la Alianza afirma que “los dirigentes territoriales
y legisladores del propio partido del gobierno obstaculizaron el proceso de reforma
policial, impidiendo que la misma llegase al nivel de las intendencias, pues eran
partidarios del mantenimiento de un sistema de seguridad asentado en un vínculo de
prebendas mutuas que servía de financiamiento de la actividad política local a través
del aporte de fondos derivados de actividades ilegales”.
Bajo el título “Una Justicia que garantice la igualdad ante la Ley” la Alianza
sostiene que el Estado debe ser capaz de “gestionar eficientemente la conflictividad
social y de proveer justicia en un marco democrático”, lo cual implica “hacer
efectivos los derechos y garantías” tanto de víctimas como de imputados e
interesados en la prestación de justicia. La reforma integral del poder judicial debería
abarcar la infraestructura, la incorporación de tecnologías informáticas y la
desburocratización. También propone un sistema de control de la corrupción en la
Justicia y la creación de una justicia vecinal, encargada de resolver las pequeñas
causas. Para potenciar la labor del Ministerio Público promete ampliar el número de
fiscales, reforzar su estructura y personal, entrenarlos y capacitarlos en la
investigación penal preparatoria y subordinarles la Policía Judicial, con medios
técnicos, científicos y operativos apropiados para asistir a los fiscales.
Según la Alianza la descentralización funcional de los departamentos policiales debe ser
simultánea con una política provincial de prevención de delitos conducida centralmente.
Además promete implementar un sistema de mapeo e información delictual como el que se
aplica en Nueva York, quepermita identificar las zonas y/o horarios de alto, mediano y
bajo riesgo en los que se concentran determinados tipos de incidentes, faltas y delitos.
De ese modo se podría adecuar las estrategias de intervención policial, teniendo en
cuenta las particularidades delictivas existentes en las zonas urbanas, suburbanas y
rurales. Un nuevo sistema de comunicaciones y coordinación operativa dispondría de un
enlace informático permanente en tiempo real entre reparticiones policiales, juzgados, el
Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad y Justicia, hospitales y bomberos. Entre
otras medidas, la Alianza anuncia que:
 Pondrá en
funcionamiento la Policía de Seguridad Vial.
Creará
subjefaturas de Seguridad Rural.
Conformará un
Sistema de Seguridad Estacional para atender las concentraciones propias de las épocas de
vacaciones, feriados o eventos multitudinarios.
Instituirá
mecanismos de control parlamentario de las actividades y organismos del sistema de
seguridad provincial.
Desarrollará
una amplia campaña provincial de desarme de las personas, lucha contra el tráfico ilegal
de armas y desarticulación del mercado negro de armas.
Dotará a los
Municipios de instrumentos institucionales y capacitación para formular, implementar y
controlar políticas y planes barriales, municipales y regionales de seguridad frente a
las problemáticas social, sanitaria, demográfica y económica derivadas de la
marginalidad, la violencia y la criminalidad.
Desarrollará
mecanismos e instancias alternativas locales de conciliación y resolución de
controversias y conflictos, en coordinación con la justicia municipal de faltas.
Elaborará un
diagnóstico propio del desarrollo, características, dimensión y evolución de la
criminalidad compleja y específicamente del tráfico, comercialización y consumo de
estupefacientes y del lavado de dinero.
Diferenciará
las unidades y políticas penitenciarias según niveles de seguridad, edades de las
personas detenidas, reincidencias y evolución de los internos, a los que les garantizará
el acceso a la educación en los tres niveles.
Discusiones entre aliados
Por H. V.
Las
mayores discusiones entre el Frepaso y la UCR, pero también al interior de cada partido,
se produjeron con respecto al capítulo dedicado a la policía. El presidente de la
Legislatura, Alejandro Mosquera, del Frepaso, se inclinaba por la reconformación de una
policía única, igual que el candidato justicialista a la gobernación, Carlos Ruckauf y
que el radical Posse. Pero Graciela Fernández Meijide impuso el criterio contrario.
Durante una tensa reunión los especialistas radicales cuestionaron el nuevo Código
Procesal. Ese texto instituyó el proceso acusatorio (fiscal que dirige la investigación
policial y acusa, defensor que responde, juez de garantías que cuida la legalidad del
procedimiento y tribunal que sentencia). Basándose en críticas razonables a su
deficiente implementación, los radicales plantearon la necesidad de regresar al viejo
sistema inquisitivo (juez de instrucción que delega la investigación en la policía y
luego sentencia) y hasta llegaron a requerir la reincorporación de algunos comisarios de
la mejor maldita policía del mundo. También cuestionaron el desmembramiento policial en
18 jefaturas departamentales. Pero Graciela Fernández Meijide les pidió que se limitaran
a elaborar planteos generales aptos para el discurso electoral.
Cuando un penalista radical planteó reducir a 14 años la edad de imputabilidad, la
candidata lo interrumpió: “Ahorrate palabras, porque esas cosas yo no las voy a
defender”. A su juicio, “primero descenderemos a 14 años, luego iremos a 12 y
finalmente a 10, que es la edad de los chicos que limpian los parabrisas de los coches por
monedas”. La candidata insiste en la importancia de la cuestión económica y social.
Del nuevo Código Procesal Penal sólo critica que no se hayan creado rápidamente los
tribunales y los cargos de jueces y fiscales adecuadamente preparados. Su criterio
consiste en profundizar la reforma iniciada por el ex ministro de Justicia y Seguridad
Carlos Arslanian, detenida por falta de voluntad política y por compromiso con la
corrupción.
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