Por Adriana Meyer La Justicia ordinaria volvió
a pedir que Jorge Domínguez sea sometido a juicio político para poder indagarlo en la
causa que investiga el contrato que firmó el ex intendente con IBM. El actual ministro de
Defensa está imputado por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario,
además de defraudación contra la administración pública, por haber contratado en forma
directa con esa empresa informática la instalación de un sistema de fibra óptica para
conectar todas las dependencias comunales que nunca funcionó. El Parlamento ya rechazó
otro pedido contra Domínguez en la causa por el edificio de la ex Inspección General
Comunal.
El licenciado Jorge Manuel Rogelio Domínguez es funcionario desde 1975 y hasta el 10 de
diciembre goza de la inmunidad que le otorga su cargo de ministro del Poder Ejecutivo. En
su entorno aún es un misterio cuál será su destino después de esa fecha, porque no
integra ninguna de las listas del justicialismo que darán cobijo (y más fueros para el
futuro) a otros compañeros de gabinete. Pero la jueza de instrucción María Gabriela
Lanz no quiere esperar hasta diciembre y decidió actuar ahora.
El 3 de agosto firmó la resolución y el pedido que ingresó el mismo día a la Comisión
de Juicio Político de la Cámara de Diputados, tal como confirmó a Página/12 una fuente
parlamentaria. En su informe la magistrada se refirió al acta acuerdo por la cual
Domínguez refinanció una deuda de 1994 con la empresa IBM por casi dos millones de
pesos, que estableció el pago de 48 cuotas, la primera de ellas por 120 mil pesos. Una
fuente cercana a la investigación manifestó a este diario que la deuda refinanciada
puede haber sido ser inexistente. Según estableció la jueza, el ex intendente no estaba
habilitado para realizar una contratación directa porque la Ley de Contabilidad exige en
estos casos una licitación pública. La denuncia fue formulada a fines de abril por el
procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, Ernesto Marcer, y los detalles del caso
fueron publicados en exclusiva en junio por Página/12. Ahora Lanz consideró que es
tiempo de citar a Domínguez como imputado. El único aporte del ministro al expediente
fue haber solicitado una copia de la causa de la cual dice haberse “enterado por los
medios”.
El diputado menemista César Arias planteará hoy a sus pares de la Comisión de Juicio
Político la agenda a desarrollar en los próximos meses, pero es poco probable que la
cuestión Domínguez II –como ya la bautizaron algunos legisladores– figure
entre las prioridades a ser tratadas. En junio la mayoría justicialista de esa comisión
rechazó el anterior pedido de juicio político de la jueza Lanz contra Domínguez, en la
causa que investiga el traslado de la ex Inspección General, por los gastos excesivos
generados en el alquiler y las refacciones del nuevo edificio y por el decreto que
declaró “innecesario” el inmueble de Coronel 2110.
Los diputados peronistas argumentaron en aquella oportunidad que “las cuestiones
vinculadas a la oportunidad y conveniencia en el quehacer de la administración pública
no son susceptibles de valoración judicial”, y que Domínguez no cometió ilícito
alguno. El dictamen de la minoría -encabezada por el diputado aliancista Melchor
Cruchaga– sostuvo que “no es el ‘acto del príncipe’ lo que se
cuestiona sino el apartamiento del marco normativo, lo que generalmente deviene en un
accionar ilícito que siempre resulta perjudicial para el erario”. Los legisladores
opositores concluyeron que “los hechos en cuestión describen una maniobra
ilegítima”.
|
