The Guardian de Gran Bretaña
Por Jonathan Franklin Desde Santiago Cuando los oficiales del
ejército chileno organizaron un escuadrón de la muerte después del golpe del general
Augusto Pinochet en 1973, mutilaban a los cuerpos en tal forma que la única solución era
hacerlos “desaparecer” y esperar que la historia enterrara el crimen. Durante
casi 26 años la estrategia funcionó bien. Los chilenos estaban familiarizados con el
escuadrón, conocido como la “Caravana de la Muerte”, pero menos del 10 por
ciento de los cuerpos fueron recuperados y los parientes se morían de vejez. Pero hace
dos semanas, la estrategia del ejército hizo implosión.
Usando un nuevo argumento legal, los abogados de los derechos humanos convencieron a la
Corte Suprema de la necesidad de investigar a fondo cientos de casos, acusar a los
culpables y encarcelar, por lo menos temporariamente, a altos generales del ejército. El
desbloqueo llegó cuando los abogados de los derechos humanos sostuvieron, con éxito, que
sin los cuerpos, aquellos secuestrados en la década del 70 presumiblemente seguían
secuestrados, y en ese caso estos hechos no entraban en la esfera de la ley de amnistía,
que específicamente cubre crímenes cometidos entre 1973 y 1978. Esta teoría del
“secuestro perpetuo” arrinconó a las Fuerzas Armadas. Si no entregaban los
cuerpos, las investigaciones continuarían, docenas de jefes del ejército y la
aeronáutica serían llevados a juicio, interrogados y encarcelados. Si brindaban la
información que llevara al descubrimiento de los cuerpos, el crimen sería cubierto por
la amnistía, pero desmentiría las declaraciones de los militares de que no había
existido una política sistemática para la “desaparición” de enemigos.
Hernán Larraín, un senador del partido UDI de derecha, explicó la posición del
ejército. “Cuando alguien empieza a cavar en busca de cuerpos, aparece la
televisión, las radios. ¿Y si eso sucede en una base del ejército o de la aeronáutica.
No lo podrían soportar,” dijo. “Pero si esto se pudiera hacer privadamente, y
el juez pudiera ir a un edificio del ejército, cavar sin que nadie se entere, encontrar
un cuerpo y entregárselo a la familia, esto podría ser posible.”
A pesar de las diferentes reacciones a este nuevo criterio legal, los parientes de los
“desaparecidos” ya están viendo resultados. Investigadores en la ciudad de
Cauquenes al sur han exhumado tres cuerpos de un cementerio local que fueron identificados
en forma preliminar como jóvenes “desaparecidos” por el régimen de Pinochet en
los días que siguieron al golpe. Se cree que las víctimas son Pablo Vera Torres, Miguel
Muñoz Flores, ambos miembros del Partido Socialista, y Manuel Plaza Arellano. Según los
registros del gobierno de los derechos humanos, los tres fueron retirados de la custodia
policial en octubre de 1973 y ejecutados afuera de la ciudad. El ejército siempre sostuvo
que fueron muertos después de que atacaron a sus guardias tratando de escapar.
El fiscal Juan Guzmán Tapia, que tenazmente usó la teoría del “secuestro
perpetuo” para investigar las masacres del ejército, entrevistó al sepulturero que
declaró haber sido testigo del entierro. “Vi los cuerpos porque los enterré
–le dijo el hombre a un diario–. Tenían los ojos vendados y agujeros de bala en
las sienes.” Un segundo equipo de investigadores forenses está cavando en busca de
más cuerpos en la desértica ciudad norteña de Pisaqua del desierto al norte. La
policía secreta DINA está bajo creciente presión para señalar las áreas donde se
enterraron los cuerpos.
Los expertos legales están luchando para analizar el impacto de la teoría del
“secuestro perpetuo” sobre el general Pinochet si es devuelto a Chile. Aunque
pocos analistas políticos creen que sus enemigos tienen el peso político para forzar un
juicio, reconocen que una explicación racional legal para juzgarlo se está construyendo
lentamente. “Antes eralegalmente imposible,” dice Sebastian Brett de Human Right
Watch. “Ahora si Pinochet es acusado por la Caravana de la Muerte, puede ser acusado
por los secuestros... La red alrededor de Pinochet se está cerrando.”
Traducción: Celita Doyhambehere.
| Ir a España, ni ahí “Es absurdo y suicida.” Así calificaron los abogados del ex
dictador chileno Augusto Pinochet al supuesto intento de trasladar a su cliente a Madrid
antes de que la Justicia británica se expida en el juicio de su extradición. Fernando
Escardó estimó que si se traslada ya, su cliente “sería juzgado por todos los
delitos que le ha imputado el juez Garzón, mientras que, si viene después del juicio de
extradición, sólo podría ser juzgado aquí por delitos de tortura”. Respecto de
este proceso, el diario británico Daily Mail publicó ayer que el fiscal de la Corona
británica, Lord Williams de Mostyn, tiene fuertes vínculos con un grupo que ha hecho
campaña para conseguir que Pinochet sea procesado. |
DESEMBARCO DE MARINES PARA EJERCICIOS DE
GUERRA
Colombia más cerca de la intervención
Colombia
ya no se prepara para la paz. La cúpula militar reclamó ayer una “legislación de
guerra” para enfrentar a “los terroristas más peligrosos del mundo”,
mientras una misión norteamericana de 1000 marines desembarcó en la base colombiana de
Bahía Málaga para hacer “ejercicios de simulacro de guerra” dentro de las
maniobras Unitas 99. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró que “si hace
falta que me reúna con los jefes de la guerrilla, lo haré”, aun sin el permiso de
Bogotá. El canciller colombiano le advirtió que violaría el principio de no
intervención en los asuntos internos del país, pero no mencionó la nueva reunión entre
otro alto militar norteamericano y el presidente Andrés Pastrana.
Los jefes militares aclararon que no tolerarán más concesiones a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y que el proceso de paz es un fracaso.
“Necesitamos herramientas jurídicas de guerra para un país que está en guerra.
Tenemos ahora una Constitución y unas leyes para un país en paz”, disparó el
comandante de la tercera división del ejército, el general Jaime Cortés. El comandante
de las fuerzas armadas de Colombia, el general Fernando Tapias, reforzó la escalada con
la guerrilla al anunciar que demandará a las FARC por “haber cometido un acto de
terrorismo internacional” al secuestrar el avión venezolano “para transportar
armas”. Chávez insinuó un posible diálogo con las FARC, que anteayer entregaron a
10 pasajeros del avión y reiteraron no ser responsables del secuestro. “Yo soy
soberano, no necesito autorización de nadie para conversar con quien yo quiera si eso
contribuye a garantizar la paz”, disparó Chávez. El canciller colombiano Guillermo
Fernández de Soto respondió que “Chávez es soberano en su territorio, pero no en
Colombia”.
“Los problemas de Colombia van más allá de sus fronteras y afectan la estabilidad y
seguridad regionales –reiteró la secretaria de Estado norteamericana Madeleine
Albright–. Los esfuerzos contra el narcotráfico se relacionan con la búsqueda de
paz porque los rebeldes financian sus operaciones con el tráfico de drogas.” Con ese
objetivo, el subsecretario de Estado Thomas Pickering y Pastrana se reunieron en Bogotá.
La misión norteamericana –la tercera después de las visitas del zar antidrogas
Barry McCaffrey y del general Charles Wilhelm, jefe del Comando Sur– “hará más
fluida la cooperación bilateral en el proceso de paz y la lucha antidrogas”,
explicó el ministro colombiano del Interior Néstor Martínez.
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