Por Maximiliano Montenegro Los propios datos oficiales
indican que, debido a la crisis, la pobreza volvió a crecer. De acuerdo a la encuesta de
hogares de mayo del INdEC, en Capital y Gran Buenos Aires hay 352 mil pobres más que hace
un año. En el mismo período, 280 mil personas cayeron en la indigencia, es decir, que no
consumen siquiera una dieta mínima en calorías. La cantidad de indigentes llegó a un
máximo comparable con los tiempos de hiperinflación. Las cifras crearán conmoción en
el gabinete nacional, porque obligarán al presidente Menem a reconocer que dejará un
pesado legado en materia social: la pobreza casi se duplicó en los últimos cinco años y
es tan alta como al principio de la Convertibilidad.
El INdEC realiza una medición incompleta de la pobreza argentina, ya que sólo procesa
información de Capital y partidos del conurbano. Unos meses atrás, el Banco Mundial
efectuó, por primera vez, una estimación para todo el país, anticipada en exclusivo por
Página/12, que mostraba índices de pobreza mucho peores que en el área metropolitana
(ver aparte).
Sin embargo, la información oficial sirve para evaluar, al menos en esta región
–donde viven casi 12 millones de personas–, el impacto social de la recesión.
Según los cálculos que están manejando en el INdEC, en mayo último el 27 por ciento de
las personas del GBA (Capital y conurbano) habían caído bajo la línea de pobreza,
frente al 24,3 por ciento en mayo del año pasado. Esto significa que hay 352 mil pobres
más que hace un año. Hoy, 3,2 millones habitantes del área metropolitana no pueden
adquirir una canasta elemental de bienes y servicios, valuada en 160 pesos mensuales por
adulto del hogar. Si la comparación se remonta a cinco años atrás, hay 1,4 millón de
pobres más. Más aún, los niveles actuales de pobreza son similares a los de los
primeros meses de la Convertibilidad.
Los datos son todavía más alarmantes si se considera que casi 280 mil personas cayeron
en el último año en la indigencia, definida como una canasta de alimentos básica de 70
pesos mensuales por adulto. Hoy, en GBA, viven 900 mil indigentes, esto es, alrededor del
7,3 por ciento de la población. Semejante proporción es un record nunca visto durante la
Convertibilidad, ni siquiera en el peor momento de la recesión del Tequila. Y se acerca a
los niveles de los tiempos de la hiperinflación.
Estos cálculos están siendo manejados en el máximo secreto en el INdEC. Pero ya
recibió un anticipo la Jefatura de Gabinete. Lo sensible de esta información, en plena
campaña electoral, hizo que el ala política esté evaluando cómo difundirlas. Se
barajaron diversas hipótesis. Incluso, se llegó a pensar que podrían ser presentadas
como cifras del Gran Buenos Aires, de modo tal que el Presidente esquivara el fardo y le
cayera en la cabeza al gobernador Eduardo Duhalde. Sin embargo, los expertos aseguran que
estos índices no pueden interpretarse como el resultado de una política provincial, sino
que son consecuencia de lo que ocurre en la economía nacional.
Causas
Las explicaciones del nuevo salto en la pobreza y la indigencia son varias:
 La más obvia
es la explicación técnica que ofrecen en el INdEC. Hubo una brutal caída del ingreso de
las familias carenciadas, que no pudo ser compensada por la levísima baja (de apenas 1
por ciento) en los precios de la canasta básica de alimentos. Así, por ejemplo, el
ingreso per cápita de las familias del décimo más pobre de la población se derrumbó
casi un 13 por ciento. En tanto, el de las familias del quinto más vulnerable cayó un
5,5 por ciento.
El aumento del
desempleo también influye. Pero este tema ha abierto una polémica entre los técnicos
del Gobierno. En Economía dicen que la Secretaría de Desarrollo Social hace un análisis
simplista de la pobreza, al decirle al Presidente que la causa principal del aumento está
en el crecimiento del desempleo. Sostienen que así no puede explicarse que lapobreza haya
seguido en ascenso en los años que, incluso, la desocupación bajaba.
En Economía se
inclinan a pensar que la clave está en el ajuste salarial. De hecho, en el último año
se crearon puestos de trabajo, pero casi todos precarios, en negro y muy mal remunerados.
La cuestión no es menor. Como advirtió recientemente un informe de Naciones Unidas,
publicado el domingo pasado en el suplemento económico Cash, Argentina avanza hacia un
modelo laboral como el egipcio, donde se exige que el trabajador firme su carta de
renuncia antes de ser contratado. Aquí ya se pide la firma de un pagaré o de una nueva
solicitud de empleo todos los lunes. Si este tipo de modalidades se extiende,
probablemente se pueda reducir la desocupación el año próximo si hay reactivación,
pero no así la pobreza, ya que los sueldos serán cada vez más escuálidos.
Ahora, el Banco
Mundial les echa la culpa del incremento de la pobreza en Argentina a las privatizaciones.
Dicen que fueron mal hechas. Y que muchas familias de clase media baja están cayendo en
la pobreza porque no pueden afrontar las altas tarifas de luz, gas, teléfono y
transporte.
Esta es una de
las conclusiones que se extrae de las encuestas del estilo “listen to the
people” (escuchar a la gente), en las que se le pregunta a la gente por qué cree que
es pobre. Así, al hablar de una política sectorial, los funcionarios del Banco Mundial
quieren dejar a salvo la imagen del modelo económico.
Los técnicos del Gobierno argumentan que la medición de pobreza del INdEC no contempla
el gasto público focalizado (raciones alimentarias, servicios de salud, educativos, etc.)
que reciben los pobres. “La línea de pobreza marca cómo aumentó el nivel de pobres
a causa del mercado, pero a esto hay que agregarle la acción correctiva de las políticas
públicas, que en los últimos años se orientaron específicamente a los sectores
carenciados”, afirman.
No obstante, el propio Banco Mundial alertó acerca de que buena parte de la ayuda social
oficial queda retenida en los estamentos burocráticos o es instrumento de clientelismo
político.
| Mucho peor en el interior Este diario publicó a principios de mayo el informe del Banco Mundial que
daba cuenta del primer relevamiento de la pobreza en todo el país. Dicho estudio desató
un duro enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia, que lo consideraba representativo
de la realidad social del país. Según el informe, en Argentina había 13,4 millones de
pobres (el 36,1 por ciento de la población total) y 3,2 millones de indigentes (8,6 por
ciento de la población). El Banco Mundial utilizó una nueva metodología, que considera
las nuevas pautas de consumo de los argentinos, para calcular las líneas de pobreza no
sólo en Capital y Gran Buenos Aires sino en todo el país. Sin embargo, la estimación
para el área metropolitana era sólo unos puntos superior a la que realiza el INdEC. La
conclusión obvia era que los niveles de pobreza e indigencia en el interior del país son
mucho más elevados de los que se miden en el GBA. Por ejemplo, la pobreza en el Noroeste
llegaba al 56 por ciento de la población, en el Noreste al 58 por ciento, en Cuyo al 45
por ciento y en toda la región Pampeana al 37 por ciento. La indigencia, en tanto, rozaba
el 20 por ciento en todo el Norte argentino. De todos modos, de acuerdo con la
investigación del Banco Mundial, la evolución de la pobreza en el área metropolitana
solía acompañar la situación social en el resto del país. Así, todo indicaría que
también habría pegado un salto en el último año la pobreza y la indigencia en todo el
país. Más aún, cuando es sabido que las economías regionales fueron muy golpeadas por
la devaluación brasileña. Según las proporciones del estudio del BM, los pobres del GBA
representan un cuarto del total de pobres en el país. Entonces, para saber cuantos pobres
más hay en todo el país habría que multiplicar los 350 mil nuevos pobres del GBA por
cuatro. |
OPINA UN EXPERTO EN POLITICA SOCIAL
Un modelo de exclusión
Por Néstor López *
Diversos estudios aparecidos a comienzos de los
años 90 coincidían en presentar el surgimiento de la nueva pobreza como la
transformación social más importante ocurrida durante la década anterior, resultado de
más de 15 años de crisis, y diversos períodos de hiperinflación. Se coincidía
entonces en la necesidad de revertir el escenario económico como condición para
recomponer esta sociedad, y devolver a sus familias una calidad de vida digna. Los nuevos
datos sobre la pobreza y la indigencia en el Gran Buenos Aires muestran que el marco de
estabilidad y crecimiento que define a la presente década no alcanzó para revertir esa
situación.
Más aún, el crecimiento de la pobreza y la desocupación son la expresión más visible
de un profundo proceso de transformación de la estructura social, que trasciende a la
coyuntura recesiva del presente año, y que se caracteriza por la consolidación de un
polo de riqueza sin precedentes en esta sociedad, por la vulnerabilidad de los sectores
medios, y por la condena a la pobreza crónica de los sectores más carenciados, en un
paulatino proceso de exclusión.
Para hacer frente a esta realidad es necesario destacar el siguiente punto: aun cuando el
mercado de trabajo se muestra estructuralmente incapaz de cumplir el rol protagónico que
tiene como mecanismo de distribución de bienestar e integración social, nuestra sociedad
insiste en ofrecerle esta función central.
Ninguna de las políticas sociales desarrolladas en el transcurso de esta década le
discute esta relevancia al empleo, sino que, por el contrario, aparecen como
complementarias o fortalecedoras del mismo. Con el deterioro de las funciones sociales del
Estado y la crisis de los sistemas de seguridad social, las familias dependen cada vez
más de su participación en el mercado de trabajo para poder satisfacer sus necesidades y
vivir bien. Y es precisamente esta centralidad del mercado laboral y su simultáneo
deterioro, el germen de la creciente desigualdad y la exclusión.
* Sociólogo.
Superganancias de las empresas en la
mira
| Razonable: 264 compañías tuvieron el año pasado
utilidades que duplican en promedio el 10 por ciento considerado como razonable en los
países desarrollados. Diputado Jorge Rivas,
elaboró un proyecto para gravar las ganancias extraordinarias de las empresas.
En 1998 sumaron $2100 millones. Se espera recaudar así unos $600 millones por año. |
|
Por Pablo Ferreira
La aplicación de un
impuesto extraordinario a las superganancias empresarias es un tema que obsesiona cada vez
más a los legisladores. Ahora, surgió un proyecto elaborado por diputados de la Alianza,
encabezado por el frepasista Jorge Rivas, que avanza con la idea que aplicar un tributo
especial –durante cinco años– a todas las empresas -no sólo a las
privatizadas– cuyas utilidades superen el 10 por ciento del patrimonio. De aprobarse
esta iniciativa, que ayer tomó estado parlamentario, permitiría sumar al Tesoro unos 600
millones de pesos anuales, según estiman los diputados.
El tributo tiene una estructura de tasas de carácter progresivo que van del 15
(aumentando de 5 en 5) al 35 por ciento sobre el beneficio extraordinario. Al mismo
tiempo, las tasas serán aplicables de modo acumulativo a los diferentes tramos de
utilidad excedente: hasta el 5 por ciento, entre 5 y 10, entre 10 y 15, entre 15 y 20 y
más del 20 por ciento. Por otra parte, la iniciativa se cuida de excluir específicamente
a los pequeños y medianos contribuyentes y empresas. Para ello establece su exención
para quienes “tengan un capital impositivo que no supere la suma de 3 millones de
pesos”.
El flamante proyecto de ley, al que accedió Página/12, detalla en un extenso anexo que
264 compañías –seleccionadas entre las 1000 que más facturan en Argentina–
tuvieron el año pasado utilidades que duplican en promedio el 10 por ciento considerado
como razonable en los países desarrollados. Además, el análisis del listado muestra que
las ganancias obtenidas, en no pocos casos, llegan a multiplicar entre 4 y 14 veces ese
parámetro internacional. Así, ese puñado privilegiado de empresarios acumularon
–sin considerar los grupos económicos como conjuntos– utilidades por más de
2100 millones de pesos en 1998, un año que no fue económicamente brillante.
Entre esas empresas figuran muchas de las privatizadas, como Telefónica y Telecom, con
ganancias extraordinarias de 193 y 105 millones de pesos, respectivamente. También
cosecharon superutilidades –entre otras– la siderúrgica de los Rocca, Siderca,
con 161 millones de pesos y la propia Techint (56), Aluar de la familia Madanes (72),
Compañía General de Combustible del grupo Soldati (62), Massalin Particulares (55),
Transportadora de Gas del Sur (49), Cosméticos Avon (48) y Argencard (45).“En los
últimos diez años se ha producido en Argentina la transferencia de riqueza, sin duda,
más impresionante del siglo”, puntualizó a este diario Rivas, cuya jugada
parlamentaria fue respaldada por los diputados Alfredo Bravo, Rubén Giustiniani, Gustavo
Galland, Margarita Stolbizer y Juan Pablo Cafiero, entre otros. En opinión del legislador
ese fenómeno explica la contradicción entre el crecimiento del PBI y el aumento de la
pobreza de los 90. En el tope del ranking de las más beneficiadas aparece la
estadounidense Cosméticos Avon, que acumuló ganancias equivalentes al 144 por ciento de
su patrimonio, seguida por Optar con el 148 por ciento y Villalonga Furlong (126) del
grupo Exxel. Con cifras porcentuales no mucho más bajas se ubican Argencard (93), Deminex
(92) y la constructora CBPO (86). En el texto legislativo, que debe pasar aún el
análisis de varias comisiones de Diputados, abunda en datos socioeconómicos que
caracterizan el crítico escenario actual de la economía. Al respecto repasa la elevada y
creciente desocupación y el trabajo en negro, la 8,5 millones de personas que carecen de
cobertura previsional, el aumento de la pobreza, la situación de la niñez, de la cual
destaca que el 50 por ciento son pobres. Tampoco pierde la ocasión para subrayar la
incidencia del costo de los servicios públicos en relación al ingreso de los sectores de
menoresrecursos que casi se duplicó por efecto de las privatizaciones. Por el contrario,
señala el trabajo –en base a datos del INdEC– que la participación de los
sectores de más altos ingresos pasó del 57 por ciento, con un PBI de 208.000 millones en
1993, al 62,8 por ciento con un PBI de 257.000 millones en 1997.
–¿Cómo defenderán este proyecto de la previsible objeción de que no se puede
castigar a las empresas exitosas sin perjuicios para el futuro de la economía?
–preguntó Página/12 a Rivas.
–Ningún inversor serio se va a espantar por el solo hecho de que en Argentina se le
diga que vamos a cobrar un impuesto extraordinario en el hipotético caso de que se llegue
a una renta por encima de la tasa promedio internacional.
EL PROYECTO NO SE PREOCUPA POR LA EVASION
Más simpático que efectivo
Por Julio Nudler
¿Un
impuesto al éxito o al monopolio? Gravar las superganancias, como se propone un proyecto
de diputados aliancistas (ver aparte), obliga a preguntarse cómo se consiguen esas
utilidades extraordinarias en una economía de mercado. La manera es disfrutar de una
situación monopólica, como ha ocurrido o sigue ocurriendo con empresas privatizadas de
servicios públicos, o al menos de una posición dominante, desde la cual se traba,
apelando a diversos medios, el ingreso de otros jugadores al negocio. Se supone que en un
mercado transparente y competitivo, nadie puede ganar demasiado durante mucho tiempo
porque ello atraerá a nuevos competidores.
Si esto se acepta, el tributo propuesto apunta a los beneficios monopólicos, pero parece
subestimar la capacidad de esas empresas. Si tuvieron la habilidad de instalarse en esa
posición, también la tendrán para ocultar del todo las utilidades extraordinarias, o
derivarlas hacia otras firmas del mismo conglomerado, en el exterior o en el país. En su
nueva versión, la Ley de Ganancias dedica un capítulo a los llamados precios de
transferencia, que corresponden a transacciones realizadas entre compañías vinculadas y
que son el vehículo en el que viajan las rentas hacia los lugares más propicios, en lo
posible paraísos fiscales. Por ahora, Impositiva recién está desarrollando métodos y
entrenando agentes para desbaratar esas maniobras, y no se sabe aún si lo logrará.
Lo obvio es que superponer una nueva alícuota, buscando así acentuar la progresividad
del impuesto a las Ganancias, aumentará el premio por evadir o eludir un tributo cuyo
gran problema es ya hoy la evasión y la elusión. En la práctica, la simpática idea de
aplicar una sobretasa a quienes ganan por ejercicio más de un 10 por ciento de su
patrimonio neto, para así dar más equidad al régimen tributario, puede ser inefectiva o
contraproducente.
Todo el problema puede residir en que los autores de la iniciativa parten de una mala
hipótesis. El problema de Ganancias en la Argentina no es que la tasa del 35 por ciento
sea baja, porque en realidad es alta o muy alta, sino que la recaudación es ínfima. En
este sentido, la propuesta presentada recientemente por Domingo Cavallo, que pretende
eliminar todas las exenciones de este impuesto y decretar la bancarización forzosa de
cualquier operación de cierta envergadura, aplicándoles el tributo a todos los ingresos,
impacta mucho más en las verdaderas razones de una recaudación irrisoria. (Cuestión
aparte es si se puede contar con los bancos como aliados del fisco.)
Una cuestión de fondo a discutir es cuál debe ser la imposición de las utilidades en un
país que necesita atraer capitales para crecer. Con una evasión/elusión de Ganancias
como la que existe, esa cuestión no llega ni a plantearse. Pero la pareja tasa
alta/recaudación baja es seguramente la peor alternativa, y crear una sobretasa puede
agravar aún más esta situación. Elevar la recaudación y reducir la alícuota parece un
camino más inteligente, aunque resulte políticamente menos seductor y más complicado
para la burocracia.
El proyecto tiene la sensatez de tomar como parámetro el patrimonio neto, considerando
así los activos, las utilidades no distribuidas y las deudas. A mayor patrimonio, menor
posibilidad de que los beneficios superen el listón del 10 por ciento, con lo que queda
premiada la inversión. Pero esto en la teoría. En la práctica, lo que importa es
recaudar según la letra de la ley.
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