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 El gobierno
nacional anunció ayer que el Banco de la Nación le otorgará a la provincia de Tucumán
un préstamo por 3,5 millones de dólares destinado a frenar la creciente convulsión
social que vive la provincia desde hace un mes debido al atraso en el pago de los sueldos
de los empleados comunales. Mientras en la plaza Independencia, en pleno centro de la
capital provincial, los municipales mantenían un duro enfrentamiento con los efectivos
policiales que buscaban hacer blanco con sus balas de goma en la cabeza de los
manifestantes, el gobernador electo de la provincia, el justicialista Julio Miranda,
abandonó con premura el despacho de Carlos Corach para difundir la buena nueva que le
asegura un pacífica transición.Las marchas de los empleados municipales de la capital tucumana que desde hace dos meses no cobran sus salarios se convirtieron, desde hace ya 20 días, en una rutina en la cada vez menos bucólica vida provincial. Pero la pacífica demanda se convirtió ayer en una batalla campal que dejó un saldo de 32 heridos entre manifestantes y policías. La represión comenzó cuando los municipales intentaron llegar hasta la plaza Independencia, frente a la casa de gobierno que todavía habita Antonio Domingo Bussi, encolumnados detrás de una robusta topadora. Los efectivos policiales tendieron un cerco que bloqueó todos los accesos para evitar que la máquina llegara hasta las puertas de la sede gubernamental. Como los municipales no habían puesto en marcha semejante aparato para abandonarlo en medio de la protesta, intentaron avanzar sobre los uniformados que recibieron la orden de reprimir. La batalla se extendió durante más de tres horas en las seis manzanas del casco céntrico y comercial. Se despedazaron faroles, carteles y vidrieras mientras la policía fusilaba a balazos a los empleados que reclaman por los sueldos que no cobran desde hace tres meses. Mientras el penetrante gas lacrimógeno inundaba San Miguel de Tucumán, en Buenos Aires, en su despacho de ministro del Interior, Carlos Corach, presidía una reunión a la que habían sido convocados su viceministro, Jorge Matzkin, el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, funcionarios del Banco de la Nación Argentina y el gobernador electo de la provincia, Julio Miranda. A medida que llegaban los partes que daban cuenta de los disturbios en la provincia, los funcionarios nacionales avanzaron en buscarle una solución a la crisis antes de perder el control del descontento social. Entre los datos no dejaron de tener en cuenta que se anunciaba para estos días una gran marcha sobre la capital tucumana de los empleados de los municipios del interior que se sumarían a la protesta, ya que ellos tampoco cobran sus salarios desde hace por lo menos dos meses. La ayuda de emergencia, según anunció Miranda, consistirá en un préstamo del Banco de la Nación por tres millones y medio de pesos, de los cuales un millón y medio estarán destinados a pagar los sueldos atrasados de la intendencia capitalina, y los dos restantes para saldar las deudas salariales de los municipios del interior. El dinero que será girado de inmediato a Bussi “está encaminado a que el gobierno saliente transite en normalidad hasta el cambio de mandato”, aseguró ayer Miranda que no quiere recibir una provincia en llamas. El gobernador electo también prometió que el gobierno nacional atenderá las necesidades financieras de la provincia durante los meses que faltan para que él asuma la conducción de la administración tucumana.
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