Por Victoria Ginzberg El sargento José Luis Luise
se presentó ante la Cámara Federal de La Plata preparado para negar y decir “no me
acuerdo”. Y así lo hizo. No supo –según dijo– que en la comisaría quinta
de esa ciudad había detenidos ilegales durante los años 1976 y 1977. “No me acuerdo
quién era el titular de la dependencia”, afirmó. Luise se desempeñó como agente
de esa comisaría durante la dictadura pero, según declaró, sus tareas se limitaban a
barrer y limpiar. A pesar de su evidente falta de cooperación, el tribunal logró
arrancarle algunas palabras al sargento, que había sido citado como testigo en el juicio
en que se investiga lo sucedido con más de dos mil desaparecidos. Lo poco que dijo bastó
para que se evidenciaran grandes contradicciones y la Cámara lo denunciara por falso
testimonio.
“Estuve en la comisaría quinta desde marzo de 1976 hasta los primeros días del año
1977, en calidad de aspirante a agente. Me dedicaba a la limpieza”, afirmó Luise al
inicio de su declaración. Luego dijo que sólo había estado allí cuatro meses. Pero,
según la información oficial del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de
Buenos Aires, Luise se había desempeñado en la quinta hasta agosto de 1977 y lo había
hecho en calidad de agente y no de aspirante. Este hecho, sumado a que los camaristas
consideraran que el testigo estaba negando saber hechos que no podía desconocer, originó
la denuncia del tribunal. “Es un mensaje para esta hermandad mafiosa que insiste en
ocultar los hechos”, aseguró Claudio Abalos, de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos de La Plata.
Luise manifestó que su tarea de limpieza no incluía las celdas y que por lo tanto nunca
había entrado en ellas ni visto a los detenidos. Poco después describió un calabozo y
no supo cómo explicar por qué lo conocía si nunca había observado uno.
–¿Había alguna forma especial para referirse a los detenidos? ¿Cómo les decían
ustedes a los detenidos? –indagó el juez Julio Reboredo. –¿A los comunes?
–preguntó el testigo y dejó en claro que había presos “no comunes”.
Cuando quiso enmendar la falla con una distinción entre detenidos contravencionales y
penales, no fue muy creíble. El sargento negó haber escuchado gritos de sufrimiento.
“No me acuerdo”, dijo cuando le preguntaron sobre la existencia de mujeres
embarazadas. Ante la falta de cooperación, al juez Leopoldo Schiffrin se le agotó la
paciencia: “Se trata de un caso excepcional de falta de memoria. Está probado que en
la comisaría quinta funcionó un centro clandestino de detención. No niegue un hecho
manifiesto y notorio. No diga que no supo que había detenidos a los que se llamaba
subversivos”, le dijo enérgico. “Sí.. esa palabra la escuché”, contestó
Luise sin que se le desacomodara un pelo.
El testigo permaneció inalterable durante todo el interrogatorio. Estaba peinado
prolijamente con la raya al costado y se sentaba un poco encorvado para alcanzar el
micrófono. A pesar de su falta de memoria, se acordaba de que el auto del comisario era
de color blanco y después de que la abogada de la APDH Marta Vedio le insistiera,
pronunció tres apellidos de antiguos compañeros: Basualdo, Lescano y Zapata.
Durante la audiencia oral y pública, estuvo presente Daniel Díaz, hijo del fallecido
comisario Alfredo Oscar Díaz, a quien la Cámara había citado sin saber de su muerte.
Varios de los presentes aseguraron que Díaz le hacía señas a Luise durante su
declaración. “Sólo vine a escuchar y mi padre sólo cumplió ordenes”, dijo
Díaz, enfundado en un traje verde claro y anteojos oscuros, a Página/12.
El centro clandestino que se montó en la comisaría quinta funcionó simultáneamente con
las actividades normales de la dependencia policial. La oficinas estaban sólo separadas
del centro por un patio, donde muchas víctimas fueron estaqueadas o atadas.
SE AMPLIAN DENUNCIAS CONTRA ROMERO Y CAYUELA
La defensoría oficial en suspenso
”¿Qué sucede con la validez o nulidad de expedientes donde intervino un defensor
que no era tal?”, preguntó el abogado Ricardo Monner Sans al ampliar su denuncia
contra el defensor general de la Nación, Miguel Angel Romero, y contra su ex subordinado,
Luis Cayetano Cayuela. El 5 de junio el letrado denunció que Cayuela siguió actuando
como defensor oficial después de la sanción de la Ley de Ministerio Público, que le
exigía tener acuerdo del Senado para cumplir funciones.
Romero habría incurrido en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario
público mientras que Cayuela habría cometido usurpación de títulos. El fiscal Jorge Di
Lello impulsó la acción penal y la causa está en manos del juez federal Claudio
Bonadío. En principio la Defensoría General argumentó que Monner Sans estaba equivocado
y que Cayuela estaba bien designado. Pero el lunes Romero cambió de postura y decidió
disponer el cese de Cayuela en sus funciones hasta que la Justicia “aclare” la
situación, con lo cual se dio la paradoja de un funcionario cesanteado que legalmente ya
había cesado. Para ello reintegró a la función a Silvia Otero Rella, cuyo cargo estaba
ocupando Cayuela.
Mientras los legisladores de la oposición terminan de redactar un pedido de juicio
político contra Romero que presentarán la semana próxima, el denunciante quiere saber
“¿quién se hace responsable de los pagos salariales mal hechos al doctor
Cayuela?”. La diputada aliancista Nilda Garré aseguró a Página/12 que detectaron
“irregularidades reiteradas también en relación a otros defensores y un manejo
discrecional y arbitrario en la asignación que hace Romero de los casos”. Según la
legisladora “Cayuela es un hombre confiable políticamente y por eso le asignaron
causas de importancia como las de la AMIA, IBM-DGI o venta ilegal de armas, más allá de
que está claro que no se cumplieron los requisitos para su nombramiento”. Garré
agregó que “existe un vínculo personal entre Romero y Cayuela que enturbia la
relación funcional y explicaría el empeño que puso el defensor general en mantenerlo en
el cargo y defenderlo”. Cayuela le habría vendido a Romero un lujoso departamento a
buen precio.
Cayuela cobró notoriedad por su actuación como defensor de la iraní Nahrim Moktari. Sin
embargo, también tuvo un rol protagónico en el caso de la apropiación de la presunta
hija del matrimonio desaparecido BauerPegoraro, como defensor del marino y apropiador
confeso Policarpo Vázquez. La jueza María Servini de Cubría lo responsabilizó de haber
aconsejado a Evelyn Vázquez que no se sometiera a los exámenes genéticos que podrían
determinar la verdadera identidad de la joven.
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