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La jueza envió un exhorto al Reino Unido recomendando al represor que designe a un letrado residente en Buenos Aires y que sea “de su confianza” para representarlo en la causa por el homicidio del general Prats y su esposa.
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 Augusto
Pinochet tiene que buscarse otro abogado. Pero esta vez, deberá ser un profesional
residente en Buenos Aires. A través de un exhorto diplomático al Reino Unido, la juez
María Servini de Cubría le recomendó que nombrara un letrado “de su
confianza” para que lo asesorara acerca del planteo de prescripción de la acción
penal en la causa del asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.Antes de que el dictador chileno fuera arrestado en Londres por disposición de la Justicia española, las hijas del matrimonio Prats habían pedido que Pinochet fuera enjuiciado en Argentina como “coautor, partícipe o encubridor” del atentado en el que murieron el ex jefe del ejército chileno y su esposa, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires. Los fiscales Jorge Di Lello y Jorge Alvarez Berlanda solicitaron que el dictador fuera citado para indagarlo como partícipe necesario del doble homicidio. En junio de 1998 el juez Norberto Oyarbide, que estaba a cargo interinamente de la causa, abrió un incidente de prescripción con las intención de cerrar el caso. Además, el gobierno argentino le había prometido al chileno intentar evitar la citación de Pinochet. La medida dictada por Oyarbide fue criticada por los fiscales, que consideraron que sólo los acusados o sus abogados pueden solicitar la prescripción de una causa. La jueza Servini de Cubría decidió no clausurar el tema y solicitar que las partes ofrezcan sus argumentos. Para expedirse, espera una respuesta de un representante de Pinochet. Por otro lado, la jueza pidió a la Justicia chilena los expedientes del único juicio que existe en ese país contra el dictador, ya que la existencia de antecedentes podría interrumpir la prescripción. Si la Justicia británica accede a cooperar con la jueza argentina y notifica al dictador, éste deberá nombrar a un representante legal del foro porteño en un plazo de cinco días hábiles. De lo contrario, Servini dará intervención a un defensor oficial. Por el asesinato de Prats y su esposa se encuentra procesado el ex agente de inteligencia chileno Enrique Lautaro Arancibia Clavel, que fue arrestado hace más de tres años. El tribunal oral número 6 tiene a cargo el juzgamiento de Clavel. En septiembre del año pasado, este tribunal se consideró incompetente para juzgar al ex agente de inteligencia chileno como parte de una asociación ilícita. De esta manera, se lo podría acusar de homicidio, pero no se tendría en cuenta la responsabilidad del Estado chileno, y por consiguiente de Pinochet, en el hecho. Sin embargo la Cámara de Casación resolvió que la Justicia argentina puede investigar el papel de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en el atentado de Prats. Arancibia Clavel habría brindado la información para que otro ex espía de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina) de Chile, Michael Vernon Towley, colocara los explosivos en el automóvil del matrimonio Prats. Servini de Cubría no pudo interrogar a Towel ya que en Estados Unidos es considerado “testigo protegido” por haber contribuido a la investigación por el asesinato del embajador chileno Orlando Letelier. En noviembre último, el alegato formulado en Londres por la defensa de Augusto Pinochet se convirtió en una decisiva prueba del caso Prats. La abogada Clare Montgomery reconoció ante la Cámara de los Lores británica que el dictador fue la máxima autoridad de la DINA, con lo cual reforzó la posibilidad de imputar a Pinochet por los asesinatos realizados por la policía secreta chilena.
LAS ABUELAS PIDEN LA NULIDAD DE UN EXPEDIENTE Por Adriana Meyer
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