Por F.A. La crisis tucumana originada por el atraso
en el pago de los sueldos de los empleados municipales tuvo ayer su primer muerto. Jorge
Mamaní, un trabajador de la Dirección de Espacios Verdes de la intendencia de San Miguel
de Tucumán, sufrió ayer un paro cardíaco que le produjo la muerte luego de haber
participado de los duros enfrentamientos que los municipales mantuvieron el miércoles con
la policía. Ayer el centro de la ciudad fue nuevamente escenario de duras batallas
campales entre los que reclaman el pago de tres sueldos atrasados y la policía, las que
sumaron otros 5 heridos a los 32 contabilizados durante la jornada anterior. Uno de ellos,
Gustavo Moreta, recibió un impacto de bala en la frente y se encuentra en grave estado
según afirmaron fuentes sindicales. El Ministerio del Interior anunció el envío de un
crédito de 3,5 millones de pesos vía Banco Nación para descomprimir la caldera.
Después de los disturbios registrados el martes en los que se destruyeron una docena de
vidrieras y marquesinas, ayer la mayoría de los comercios del centro tucumano
permanecieron con sus persianas bajas mientras que el gobierno provincial difundía el
asueto “por razones de seguridad” para el turno mañana de las escuelas de la
capital provincial y para el personal de la Casa de Gobierno la que amaneció protegida
por un sólido cerco policial.
A media mañana el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales informó la muerte del
trabajador Jorge Mamaní, quien sufrió un paro cardíaco después de la violenta
represión de la jornada anterior.
Cerca del mediodía, San Miguel de Tucumán presentaba un aspecto de día feriado. Poca
gente caminaba por sus veredas mientras que las calles estaban vacías de vehículos. La
guardia de infantería de la policía provincial también mantenía tomadas posiciones en
la cercanía del Concejo Deliberante, la Plaza Independencia y la principal arteria del
centro, la calle 25 de Mayo.
A las 13 comenzó a marchar la ruidosa columna de empleados municipales que se movilizaba
al ritmo de una docena de bombos y tambores mientras de su vanguardia se lanzaban
centenares de petardos al aire. Por vigésimo día consecutivo salieron a la calle para
reclamar los salarios impagos de los meses de mayo, junio y julio, a los que ahora se
sumaría agosto. El avance de la marcha sobre el centro cívico tucumano se fue
enrareciendo a medida que se acortaba la distancia entre los manifestantes y la policía,
quienes el día anterior habían protagonizado dos horas de duro enfrentamiento con el
saldo de 32 heridos entre trabajadores y efectivos de seguridad.
La represión comenzó cuando un grupo de municipales reconoció a un policía vestido de
civil mezclado entre los manifestantes y comenzó a perseguirlo mientras le lanzaban
golpes, palos y piedras. Al ver correr a su compañero infiltrado, los uniformados
recibieron la orden de iniciar por segundo día consecutivo una nueva represión con gases
lacrimógenos y disparos de balas de goma sobre los dos mil trabajadores comunales que
respondieron arrojando piedras e inofensivas naranjas que estallaban sobre los escudos
policiales.
Mientras se hacía un nuevo recuento de heridos en los distintos centros asistenciales de
la capital provincial (los que ascenderían a cinco), desde el Ministerio del Interior del
gobierno central se confirmaba el envío urgente a la provincia de un crédito por 3,5
millones de dólares otorgado por el Banco Nación para saldar la deuda de las comunas con
sus empleados. Según el ministro Carlos Corach, la crisis económica se originó porque
“Bussi no transfirió fondos provinciales a los municipios, lo que desencadenó una
desfinanciación de los mismos”. La gravedad del conflicto tucumano que amenaza con
convertirse en un nuevo camino sin salida como el que hoy sufre la provincia de
Corrientes, en la que también el Estado les adeuda cuatro meses de sueldo a sus
empleados, fue motivo de análisisdurante la reunión de ayer del gabinete nacional. La
situación podría agravarse si Gustavo Moreta, un trabajador municipal que ayer recibió
un impacto de bala en la frente y se encuentra en grave estado, muere antes de la llegada
de la ayuda económica.
| Bussi quiere una banca Mientras la provincia arde debido a la crisis económica de los municipios
(ver nota central), tres altos dirigentes y funcionarios se encontraron ayer por la tarde
en los lujosos salones del Hotel Alvear para cerrar acuerdos políticos: Jorge Matzkin,
viceministro del Interior; Antonio Domingo Bussi, actual gobernador de Tucumán; y Julio
Miranda, gobernador electo de la provincia. Durante el encuentro, Bussi insistió ante los
funcionarios del gobierno nacional para que el Senado de la Nación apruebe los pliegos
que le permitirían ocupar un banca en la Cámara alta, posibilidad que ya rechazó en una
oportunidad el cuerpo. A cambio el ex dictador estaría dispuesto a dejar anticipadamente
la gobernación tucumana para que asuma en lo inmediato el justicialista Miranda. En las
negociaciones –que ayer fueron negadas por Carlos Corach, aunque confirmadas por
Miranda– también se contempló la actual situación económica de la provincia que
necesitará recibir varios millones de pesos frescos de anticipo de recursos
coparticipables y otros créditos para llegar sin más muertes a diciembre. De otro modo,
Miranda no querría asumir. |
DESPIDOS EN CORRIENTES Y MAS CORTES DE RUTAS
“Tato” Romero Feris contraataca
Como si
fueran pocos los padecimientos de los empleados públicos correntinos a los que aún se le
deben tres meses de sueldo y un medio aguinaldo, el gobierno interino de la provincia
dispuso ayer despedir a siete mil agentes. La mayoría de ellos fueron nombrados durante
la gestión del Partido Nuevo, en los tres años y medio que estuvo a cargo de la
gobernación de Corrientes. Los restantes trabajadores del Estado que todavía no cobraron
sus salarios iniciarán hoy nuevos cortes parciales de ruta sobre el puente
interprovincial General Belgrano. Raúl “Tato” Romero Feris también resiste y
ayer recusó al juez que quiere enviarlo a un calabozo por malversación de fondos, Juan
Manuel Segovia.
El diputado radical Francisco Aratto fue –ante la ausencia del gobernador interino
Hugo Perié– quien le puso la firma del decreto 516/99 por el que quedaron cesantes
6798 empleados públicos, todos ellos incorporados a la administración pública durante
la gestión del Partido Nuevo. Esta disminución en la planta de personal, que figuraba
entre las exigencias del Ministerio del Interior y los bancos dispuestos a prestar ayuda
económica a la provincia, significa un ahorro en el presupuesto correntino cercano a los
tres millones y medio de pesos mensuales.
El ajuste afecta directamente a los seguidores del Partido Nuevo que preside Raúl
“Tato” Romero Feris, actualmente bajo custodia policial en una clínica privada
a la que ingresó hace diez días debido a un presunto cuadro de insuficiencia cardíaca
el mismo día en que el juez de instrucción Juan Manuel Segovia dispuso su detención. El
miércoles Romero Feris había logrado una prórroga de 72 horas por cuestiones médicas
dilatando una vez más su presentación en el juzgado donde se le inició una causa por
malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Pero Romero Feris avanzó en su jugada de esquivar a la Justicia y ayer recusó al
magistrado a través de sus abogados quienes consideran que la imparcialidad del juez
Segovia y del fiscal César Sotelo “está muy comprometida”. Y recordaron que
cuando Tato fue gobernador de la provincia decidió una quita en los sueldos de los
magistrados, lo que motivó un juicio contra el mandatario por parte de todos los
funcionarios del Poder Judicial, incluidos el juez y el fiscal que ahora sustancian la
causa por la que el también ex intendente puede ir preso. El pronóstico provincial
augura un empeoramiento del clima social. Los docentes y empleados públicos que desde
hace ya casi tres meses permanecen acampados en “la plaza del aguante” esperando
cobrar los sueldos que todavía les adeudan, reiniciarán hoy cortes parciales (de 15
minutos) sobre el puente General Belgrano, que une a Corrientes con Resistencia, Chaco. El
último corte terminó hace tres semanas en violentos enfrentamientos con la gendarmería.
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