Por Nora Veiras “Muy probablemente si la
educación pública hubiera tenido la capacidad democrática de dar respuestas a las
demandas sociales, la aventura neoliberal no hubiera vulnerado tan profundamente a nuestra
sociedad imponiendo sus códigos éticos y estéticos, su cultura homogénea, su
pensamiento único y finalmente la actitud de resignación, individualismo extremo y
fractura de la solidaridad”. A partir de ese diagnóstico autocrítico, los delegados
de todo el país de la Federación de Trabajadores de la Educación (Ctera) elaboraron una
propuesta educativa como “camino contra la exclusión”. El objetivo es abrir la
discusión a especialistas para luego elevar el proyecto a los distintos candidatos a
suceder al presidente Carlos Menem.
El contexto del debate es la “resistencia” y la “pelea” contra la Ley
Federal de Educación “cuya derogación y reemplazo se convierten en un imperativo
tanto por ser instrumento de estas políticas como por carecer de los necesarios acuerdos
sociales, de modo que sólo garantiza la libertad de mercado educativo pero no el acceso
igualitario a la educación como bien común ni la participación de todos en el derecho
social educativo”. De hecho, los ejes del documento final implican cambios
sustanciales en la estructura, el financiamiento y el gobierno del sistema educativo
delineados en la norma sancionada en abril de 1993.
Los puntos centrales de la propuesta político-pedagógica de la central docente que ayer
empezó a ser discutida con pedagogos como Adriana Puiggrós, Daniel Filmus, Pablo
Gentilli, el español Francisco Beltrán y la mexicana Alicia de Alba, entre otros son los
siguientes:
 El Estado
nacional tiene la responsabilidad indelegable, imprescriptible e intransferible de
garantizar la educación públicaestatal que debe ser gratuita y laica para todos los
niveles (...) La revisión del pago de la deuda externa y de la injusta distribución de
la riqueza son dos aspectos esenciales a tener en cuenta.
La
obligatoriedad tendrá un piso de 14 años en todo el territorio nacional, abarcando los
dos últimos años del nivel inicial, el primario y el secundario, cualquiera sea su
modalidad. Las estrategias para consolidar la extensión de la obligatoriedad deberán
atender el principio de gradualidad y financiamiento adecuado. En el corto y mediano
plazo, la obligatoriedad deberá estar asistida por políticas sociales, basadas en
principio de justicia y no de compensación.
La
reorganización de la estructura (el retorno a los niveles inicial, primario y secundario,
en lugar de la Educación General Básica y el Polimodal) para evitar la fragmentación a
la que fue llevado el sistema.
Financiamiento
integral del Estado rechazando cualquier forma de privatización abierta o encubierta
tales como subsidio a la demanda, los vouchers, las escuelas charter o cualquier otro
mecanismo de transferencia de la responsabilidad a la comunidad educativa.
El presupuesto
educativo nunca podrá ser menor al del año anterior, tanto en términos relativos como
absolutos. Exigir una inversión mínima del 8 por ciento del Producto Bruto Interno (la
Ley Federal establece un 6 por ciento), remuneraciones justas con un piso salarial común
a todas las jurisdicciones. No aceptar incentivos ni premios por asistencia. Los fondos
deben provenir de tributos que graven las expresiones de riqueza y los que se obtengan de
la suspensión del pago de la deuda externa. Los recursos no provendrán en ningún caso
de organismos internacionales de préstamo que condicionen la política educativa.
Apuntar a que
el Fondo de Financiamiento Educativo sea permanente a través de impuestos directos con
asignación específica a los sectores de mayor capacidad contributiva.
Proponer al
Consejo Federal como gobierno colegiado de la educación, compuesto por representantes
avalados por los consejos provinciales, de los trabajadores de la educación a través de
su organización gremial nacional más representativa y del movimiento estudiantil. El
Consejo Federal reformulado (actualmente lo integran sólo los ministros de Educación de
cada jurisdicción) será el ámbito permanente para tratar las condiciones laborales y la
estructura salarial a través de la paritaria nacional. El Consejo tendrá funciones
resolutivas y el Ministerio de Cultura y Educación, sólo atribuciones ejecutivas.
Constituir
ámbitos con participación de docentes, alumnos y padres a nivel de establecimientos
educativos dedicados a definir e implementar el proyecto institucional.
Se creará un
Sistema Federal de Evaluación con participación de la Nación, las provincias, los
sindicatos docentes y otras organizaciones de la sociedad civil. Su instalación será
progresiva en la medida en que se logren consensos.
Redefinir la
organización y condiciones de trabajo docente respetando la estabilidad e identidad
docente de quienes prestan el servicio desde su idoneidad, garantizándoles el derecho de
formación en servicio.
Redefinir la
jornada laboral de modo de contar con tiempos y espacios institucionales donde sea posible
que los docentes protagonicen el proceso de construcción curricular.
Tender en el
menor plazo posible a que se respete la recomendación de Unesco de escuelas de no más de
500 alumnos y aulas con grupos de 30 alumnos como máximo.
Fortalecer y
crear en la formación docente continua y en servicio (en horario de trabajo) el campo
político e ideológico y resignificar la condición de trabajador de la educación,
incluyendo en el currículum un lugar para la formación sindical y laboral. Defender los
institutos de formación docente y discutir en un plano de igualdad con las universidades
las posibilidades de articulación entre los dos tipos de instituciones.Todo trabajador de
la educación tendrá derecho a un año sabático. Se establecerá en carácter de urgente
una fuerte política de perfeccionamiento que abarcará anualmente entre una tercera y
cuarta parte del total de los docentes y tendrá una duración no menor a un cuatrimestre.
La formación de una paritaria laboral-pedagógica es el centro del intento gremial de
tener un papel protagónico en una nueva reforma educativa. Una propuesta que los
políticos y, sobre todo, los economistas temen.
| “El modelo no nos contuvo” La secretaria general CTERA, Marta Maffei, impulsó el debate sobre cómo
cambiar la educación a partir del convencimiento de que “nosotros no le podemos
enrostrar al gobierno un modelo educativo que no nos contuvo y no ser capaces nosotros
mismos de proponernos un modelo que nos contenga a todos”. Sin tapujos, la dirigente
provocó a sus pares para que en la escuela “los docentes pierdan la inocencia, dejen
de pregonar falsas objetividades y empiecen a entender que el proceso educativo es un
proceso profundamente político. No partidario”. El objetivo de máxima de los
congresos educativos que está impulsando el gremio es elaborar una nueva ley pero si no
la logran definir como tal apuntarán a “tener los instrumentos para salir de la
permanente defensiva”. Las conclusiones del documento base (ver aparte) empezaron a
ser analizadas ayer por distintos especialistas. El debate continuará hoy en el Instituto
Bernasconi, Catamarca 2099. Luego de la apertura a cargo de Maffei, a las 11 disertarán
sobre “Sistema y escuela: una evaluación crítica”, Azucena Rodríguez
(México), Susana Celman (Entre Ríos) y Francisco Beltrán (Valencia). A las 14, la
conferencia sobre “Alternativas de políticas de gobierno de la educación”
estará a cargo de José Clovis (Porto Alegre), Mary Sánchez y Pablo Gentilli
(Universidad de Río de Janeiro). A las 17, disertarán Larry Kuehn (Canadá), Alicia de
Alba (México), Gaudencio Frigotto (Universidad Fluminense) y Silvia Barco (Comahüe). |
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