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 SuperChávez
consiguió lo que quería. Luego de una sesión casi interminable, la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) de Venezuela aprobó ayer por la noche la reorganización de todos los
órganos del poder público, lo que incluye su eventual suspensión. Varios oradores de la
Constituyente, ampliamente dominada por el oficialismo, aclararon que no se recortarán
las libertades individuales o económicas e incluso el constitucionalista Herman Escarrá,
uno de los más cercanos al presidente Hugo Chávez, declaró que se emitirán
“garantías para las inversiones nacionales y extranjeras”, dado que la Ley de
Protección de Inversiones aún no fue firmada. Aprobado por el 90 por ciento de los 131 escaños de la Asamblea, el decreto declara “la reorganización de todos los órganos del poder público” y confiere a la Constituyente el poder de sancionar “las medidas necesarias para enfrentar situaciones específicas de la reorganización”. De esta manera, el organismo “dispondrá la intervención, modificación o suspensión de los órganos del poder público que así considere, con el fin de recuperar el estado de derecho, la estabilidad y el orden necesario para reconstruir la república en el marco de los valores democráticos”. Esta incorporación de “los valores democráticos” es el producto de todas las discusiones que se dieron ayer en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela –donde funciona la ANC– para evitar posibles interpretaciones “dictatoriales” del decreto. Chávez había pedido que se apruebe “un estado de emergencia nacional”, pero algunos constitucionalistas consideraron que esto podría equipararse a un golpe de Estado, porque no se apega a lo que dicta la Constitución de 1961, vigente hasta que entre en vigor la que redactará la ANC. Por eso se decidió incorporar a “la emergencia nacional” como una expresión y no como el título del decreto. A partir de este momento, la Constituyente tendrá poderes prácticamente absolutos, tal como le confiere el haberse declarado “originaria” de las leyes de Venezuela. Esto implica que podrá disolver el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, una de las promesas electorales de Chávez, que podrá destituir a aquellos funcionarios públicos, que considere “indignos” de ejercer el cargo y que tendrá la facultad de anular organismos como la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), el más poderoso grupo sindical del país, que es catalogado por el oficialismo, como “un antro de corrupción”.
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