Por Fernando Almirón
 Las
provincias que por estos días afrontan una grave crisis económica y social reconocen
cuatro factores en común. Están gobernadas por partidos provinciales y fueron las que se
sumaron con mayor entusiasmo al proyecto reeleccionista de Carlos Menem. Fueron
beneficiadas durante años con fondos extras a través de Aportes del Tesoro Nacional,
subsidios y créditos especiales otorgados por el Ejecutivo nacional. Incrementaron sus
plantas de agentes públicos para paliar las consecuencias de la desocupación y conservar
así su caudal electoral. Y no aplicaron el modelo de ajuste que les recomendó el
Ministerio de Economía. Ahora el Gobierno patea la pelota afuera, responsabiliza a los
gobernantes por sus desquicios financieros y se desentiende del costo político que sin
duda afecta la suerte electoral de Eduardo Duhalde.
Las detonaciones de las granadas de gas lacrimógeno, balas de goma y el estallido de las
vidrieras apedreadas por los manifestantes que reclaman cobrar sus salarios despertaron el
sueño efímero de las capitales provinciales que se durmieron imaginando que en la
política descansaba el milagro de sobrevivir sin necesidad del ajuste políticamente
adverso. Ahora la situación es una brasa en la mano de los dirigentes provinciales que
estrechan la diestra de los funcionarios nacionales enfundadas en guantes de amianto. Con
el fin del proyecto de perpetuidad menemista en el poder, se comenzó a desmantelar el
paraguas protector bajo el que se ubicaron Raúl “Tato” Romero Feris, de
Corrientes; Antonio Domingo Bussi, de Tucumán; José Estabillo, de Tierra del Fuego; y
Felipe Sapag, de Neuquén. Sus administraciones provinciales están en bancarrota.
La escena se repite semana a semana, con diferente paisaje de fondo: las montañas nevadas
de Ushuaia, las calurosas calles de Corrientes, la verde plaza Independencia de Tucumán o
los álamos de Neuquén. En primer plano los pelotones policiales disparan granadas de gas
lacrimógeno y balas de goma a mansalva contra empleados estatales que reclaman cobrar sus
sueldos, que en algunos casos ya acumulan un atraso de tres meses.
En otra secuencia aparecen los funcionarios provinciales que se amontonan en la antesala
del despacho del ministro del Interior, Carlos Corach, mientras revisan los argumentos de
lealtad política para obtener aunque más no sea unos pocos millones y aliviar sus cada
vez más desbocadas crisis provinciales. Y se repite la escena del regreso a los pagos con
los bolsillos vacíos.
Invariablemente el Gobierno contesta que no cuenta con fondos para responder a las
desesperadas demandas, que cumplió con todos los compromisos económicos con las
provincias y que no tiene deudas con ellas, que la responsabilidad es de los gobernantes
que no hicieron el ajuste de economías tal como le fue sugerido reiteradas veces por el
gobierno central. Y por lo bajo agregan que ellos ya son impermeables a las consecuencias
electorales que le puedan acarrear al justicialismo la transmisión en directo de las
protestas provinciales.
Sin solución a la vista se encuentran:
u Corrientes. La provincia soporta desde hace una década una permanente crisis
institucional. Durante la gestión de Menem fue intervenida tres veces. A lo que siguió
la gestión de Raúl “Tato” Romero Feris, creador del Partido Nuevo. Una
expresión política local aliada al menemismo. La falta de inversión en proyectos
productivos y la creciente desocupación fue sustituida por el gobierno provincial sumando
agentes a la administración pública. El resultado: casi el 45 por ciento de la
población de la provincia trabaja para el Estado que gasta sólo en sueldos cinco
millones más de lo que recibe mensualmente de coparticipación federal. La deuda
deCorrientes asciende a 1400 millones, y tiene embargados buena parte de sus recursos a
futuro. Debe despedir a unas 25 mil personas, entre otros ajustes, si quiere recibir
nuevos créditos. El jueves comenzó por cesantear a 7 mil agentes en medio en una grave
crisis política.
u Tucumán. El ex dictador Antonio Domingo Bussi fue otro de los protegidos por el
gobierno nacional. Al igual que Corrientes un partido provincial, Fuerza Republicana, tuvo
más acceso a la Casa Rosada que el propio justicialismo local. Bussi también encontró
su caudal electoral -el que de todos modos perdió en la ultima elección– en la
capital de la provincia donde se concentra la mayoría de los empleados públicos. El ex
general supo hacer buen uso de los subsidios que llegaban bajo la forma de planes de
trabajo temporales para paliar la desocupación entre los tucumanos. Gastó a cuenta
apostando a la continuidad del menemismo en el poder y al triunfo de su hijo que lo
sucedería en el gobierno. Perdió en ambos casos y se quedó con la caja vacía. Se
atrasó en el pago de los trabajadores municipales que salieron a la calle. Corach le
prometió enviarle tres millones y medio a través de un crédito del Banco Nación, pero
le retiró el apoyo político al responsabilizarlo por la crisis financiera que atraviesa
la provincia.
u Tierra del Fuego. José Estabillo, del Movimiento Popular Fueguino y amigo personal de
Menem, también apostó a futuro. Es el primer gobernador de la isla desde que se
provincializó y gozó de un generoso flujo de dinero extra desde las arcas del gobierno
nacional. Aumentó la planta de personal del Estado, multiplicó ministerios y
secretarías, encaró obras que ahora no puede pagar. Como tampoco puede pagar el sueldo
de los empleados públicos ni sostener los beneficios sociales que había puesto en marcha
cuando pensaba que el Movimiento Popular Fueguino ganaría las elecciones anticipadas en
el mes de junio. Perdió y ahora sabe, porque se lo dijo ayer el ministro Corach, que no
hay dinero para los que están en retirada para dejarle lugar a otros.
u Neuquén. Felipe Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, otro aliado del gobierno
menemista. Los conflictos comenzaron cuando el gobierno provincial dispuso, en 1995,
quitarle el plus adicional que cobraban los estatales de la provincia por trabajar en zona
desfavorable. El descuento representaba un 40 por ciento del sueldo de los empleados
públicos que protagonizaron largas jornadas de protesta. Ante la situación, Sapag optó
por reducir la quita a un 20 por ciento. Y es lo que reclaman recuperar ahora los
manifestantes que sostienen duros enfrentamientos con la policía.
En el Gobierno insisten en que para ninguno de ellos habrá dinero, y se ponen los guantes
de amianto antes de tenderles la mano.
Un día de incendio en las provincias |
Tierra del Fuego arde
Ayer por la tarde dos mil trabajadores estatales se reunieron frente a la Legislatura de
Tierra del Fuego para reclamar el pago de una parte del sueldo del mes de julio que aún
no pudieron cobrar. También demandaron la reapertura de los centros infantiles
integrados, los hogares de ancianos y los comedores escolares que fueron cerrados la
semana pasada por disposición del gobierno que argumentó falta de fondos para seguir
sosteniendo su funcionamiento. El gobernador de la provincia, José Estabillo, reconoció
por esas mismas horas desde Buenos Aires que la situación financiera de la isla es
“realmente delicada y muy límite”. Y anunció el fracaso de sus gestiones ante
el gobierno nacional. La única salida que le queda ahora a su administración es enmendar
el artículo constitucional de la provincia que impide endeudarse por valores superiores
al 25 por ciento de sus recursos ordinarios. Estabillo deberá ahora convencer al
gobernador electo por el PJ, Carlos Manfredotti, de la necesidad de modificar la norma y
evitar una crisis social. En el puente
de Corrientes
Más de un centenar de docentes y empleados estatales correntinos interrumpieron ayer, a
intervalos de 10 a 15 minutos, el tránsito sobre el puente interprovincial General
Belgrano que une la capital de la provincia con Resistencia, Chaco. La nueva medida se
suma al prolongado reclamo por los sueldos impagos de mayo, junio y el medio aguinaldo de
este año que afecta al sector público. Mientras continúan las demandas, el gobierno
interino no logra cerrar las negociaciones con el gobierno nacional y los bancos que le
permita anunciar una fecha firme en la que se ponga fin al conflicto que mantiene en vilo
a los correntinos. Tampoco parece resolverse la situación institucional que comenzó con
el desplazamiento de los representantes del Partido Nuevo del poder, y el destino judicial
de su presidente, Raúl “Tato” Romero Feris. Ayer los defensores del ex hombre
fuerte de Corrientes iniciaron una nueva ofensiva destinada a mantener al caudillo lejos
de la cárcel, a la que podría ser trasladado desde el sanatorio en el que actualmente se
encuentra internado si prospera la causa por malversación de fondos que le sigue el juez
Juan Manuel Segovia.
Otra marcha en Tucumán
Después de dos jornadas de enfrentamientos entre municipales y policías, los que dejaron
como saldo un muerto y 30 heridos –uno de ellos de gravedad– y destrozos en el
casco céntrico de la capital tucumana, unos 800 empleados comunales volvieron a marchar
ayer desde el Concejo Deliberante hasta la Casa de Gobierno desafiando a la policía que
esta vez se mantuvo a discreta distancia. El conflicto originado por el atraso en el pago
de salarios podría solucionarse a principios de la próxima semana, cuando llegue el
préstamo por 3,5 millones de dólares que el gobierno de Antonio Domingo Bussi, con
acuerdo del gobernador electo, el justicialista Julio Miranda, pactaron con el Banco de la
Nación gracias a los oficios del ministro del Interior, Carlos Corach. Pero no
representará un alivio a futuro. Según el secretario general del gremio de los
municipales tucumanos, el préstamo resulta “insuficiente para subsanar los problemas
generados por la falta de pago”, y le reclamó al gobernador Bussi que se quede
“al frente del gobierno hasta terminar con su mandato” y que “solucione
antes de irse los problemas que dejó en la provincia”. |
Muchos años de beber de una vaca que ya ha dejado de dar
leche
Los conflictos provinciales reconocen su génesis
en la crisis de la recaudación impositiva. El fin de los ATN discrecionales y el
agotamiento de la coparticipación profundizan las crisis en el interior.
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Corach anunció un refuerzo de
3,5 millones de pesos para Bussi.
Manifestantes tucumanos corren ante el avance de la policía. |
Por Raúl Dellatorre
La crisis en la
recaudación de los impuestos nacionales está en la base de los conflictos que van
brotando, como hongos después de la lluvia, simultáneamente en diferentes puntos del
territorio argentino. Sin posibilidad de obtener recursos propios, las provincias más
pobres vivieron durante años de la coparticipación (distribución) de los ingresos
tributarios nacionales y de los Aportes del Tesoro Nacional repartidos discrecionalmente
por el Ministerio del Interior. Pero ahora esa vaca se quedó sin leche, y no son sólo
las llamadas provincias pobres las que empiezan a pagar las consecuencias.
El circuito perverso de vaciamiento de las administraciones provinciales no reconoce como
único origen la desprolijidad en el gasto de sus responsables. El remedio resultó peor
que la enfermedad. La “ayuda” oficial proveniente del gobierno central llegó
acompañada de exigencias de “políticas de ajuste estructural”, eufemismo con
el que se designaba el desguace del patrimonio provincial: bancos y empresas proveedoras
de servicios públicos, principalmente.
Con el tiempo, esa obtención de recursos de corto plazo –que se agotaron en igual
lapso– resultó fatal. Sin una entidad financiera que captara recursos líquidos del
mercado, los gobiernos provinciales perdieron una fuente de financiación barata. Y las
necesidades de fondos que no cubrían con recursos nacionales, las debieron reemplazar con
endeudamiento en entidades privadas, a tasas más caras. Así, en su conjunto, los
distritos provinciales acumularon una deuda superior a los 17 mil millones de dólares.
La porción del gobierno nacional como acreedor de las provincias fue cediendo espacio en
la misma medida que crecía la participación de los bancos privados. Más de un tercio de
la deuda total (cerca de 6 mil millones de dólares) están comprometidos con las
entidades financieras, mientras que las deudas con organismos internacionales supera los 3
mil millones. La deuda documentada con títulos públicos provinciales se aproxima a los 4
mil millones (con acreedores de distinto carácter), en tanto que las acreencias con el
gobierno nacional alcanzan una cifra inferior a los 300 millones.
La política de ajuste dejó otra herencia perversa: el gasto provincial se hizo cada vez
más inflexible, ya que al concentrarse en los servicios sociales básicos pasó a estar
constituido fundamentalmente por salarios. Ello explica que cada impacto sobre los
presupuestos provinciales derive, directamente, en un conflicto con los estatales.
La creciente incapacidad de pago de las provincias se enfrentó con el endurecimiento de
los acreedores privados. Las provincias empezaron a otorgar como garantías sus ingresos
futuros por coparticipación. Y ahora deben sufrir las consecuencias: el gobierno nacional
les retiene la cuota correspondiente a los bancos antes de girarle los fondos.
El caso de Neuquén es paradigmático. La provincia se caracterizó históricamente por el
superávit en sus cuentas públicas, contando a favor con las regalías petroleras que
abonan las empresas que explotan el gas y el petróleo de su subsuelo. Pero esos recursos
fueron insuficientes para contener la demanda de gastos sociales cuando la crisis también
golpeó a su economía. En 1998, su nivel de endeudamiento creció en un 30 por ciento (de
305 a 398 millones de pesos), que se remedió con una receta clásica: ajuste de gastos y
reducción de sueldos. Hoy, la demanda de devolución de dichos recortes es la principal
bandera de los estatales provinciales, no conformes con ser los que paguen con los platos
rotos del fin de la fiesta.
Ahora que el Estado nacional ya no responde por las demandas provinciales, el ajuste
mostró su cara más dramática. El “efecto derrame”, que los predicadores
neoliberales proclamaban a principios de la década como el maná que llovería después
de los sacrificios, terminó resultandoal revés. La crisis de ingresos fiscales a nivel
nacional terminó derramando las angustias sobre las provincias, agregando presión a un
volcán que ya venía en ebullición.
VIOLENTOS ENFRENTAMIENTOS Y NUEVE DETENIDOS EN
NEUQUEN
Siguen los palos al estilo de Sapag
Por Elio Brat
Desde Neuquén
Con una durísima
represión, la policía neuquina desalojó a unos quinientos trabajadores que ayer al
mediodía volvieron a cortar el tránsito en los puentes que unen esta capital provincial
con la ciudad rionegrina de Cipolletti. La protesta se produjo en el quinto día
consecutivo de paro por tiempo indeterminado que cumplen los trabajadores estatales de la
Asociación de Trabajadores del Estado de Neuquén y los docentes de la Asociación de
Trabajadores de la Educación de Neuquén, quienes desde hace tiempo vienen reclamando por
la devolución en sus salarios del 20 por ciento que por zona desfavorable el gobierno de
Felipe Sapag les quitó hace más de tres años aduciendo “emergencia
económica”.
La policía provincial actuó muy violentamente en el barrio Sapere, lindante a la zona de
los puentes carreteros, tirando gran cantidad de gases lacrimógenos y balas de goma,
muchas de ellas directamente al cuerpo de los manifestantes y vecinos que estaban en el
lugar. Los encontronazos luego se continuaron en pleno centro de Neuquén, donde fue
apedreada la Casa de Gobierno. Nueve detenidos .-que fueron liberados en la tarde de
ayer– y una docena de heridos leves fue el saldo de unas cuatro horas de mucha
tensión y violencia.
El día de ayer amaneció con los ánimos muy caldeados en Neuquén, luego que los bloques
legislativos del mayoritario Movimiento Popular Neuquino y el Partido Justicialista se
negaron a recibir .-a pesar de haberles cursado una invitación para que abandonen la ruta
y retomen el diálogo– a una delegación de sindicalistas encabezados por los
secretarios generales Julio Fuentes de ATE y Liliana Obregón de ATEN.
Luego, en conferencia de prensa, los jefes de bloque descartaron prácticamente en forma
definitiva la posibilidad de tratar este año en la Legislatura provincial la restitución
del 40 por ciento total por zona desfavorable en los salarios de los trabajadores en
huelga y la devolución de lo que se les ha quitado hasta el momento desde hace tres años
y medio. Sólo el Frepaso, que tiene tres diputados de los 35, presentó un proyecto de
“restitución en cuotas” que según sus pares “no será tratado”.
Así las cosas, los trabajadores volvieron a cortar el tránsito sobre la ruta 22, en el
acceso mismo de los puentes carreteros Neuquén-Cipolletti. Inmediatamente y sin mediar
aviso alguno, efectivos de la DESPO (Dirección Especial de Policía) neuquina avanzaron
tras un carro hidrante que despejaba el camino. Al llegar a las dos globas que los gremios
habían emplazado en una rotonda para permanecer allí, decenas de efectivos la bajaron en
forma violenta. Allí se produjo la primera detención: el sonidista de ATE Marcelo
Muñoz.
Cuando los manifestantes se replegaron en el barrio Sapere, la represión continuó allí
durante más de una hora. Decenas de granadas de gas lacrimógeno ingresaron a las casas
de los vecinos, quienes protestaron airadamente “porque están ahogando a los
chicos”. En el mismo momento de la avanzada policial se producía la salida de los
alumnos de un colegio primario ubicado en el corazón de ese barrio neuquino.
Cuando el grueso de los manifestantes se trasladaron al centro de la ciudad, la policía
hizo lo mismo y los hechos de violencia se repitieron. Así fueron destruidos los vidrios
de la municipalidad capitalina, del Citibank y del local central del Partido Justicialista
a metros de la Casa de Gobierno provincial, cuyas ventanas fueron apedreadas por jóvenes
enardecidos que lucían pañuelos cubriendo sus rostros.
El abogado de ATE Mariano Mansilla confirmó que los detenidos fueron nueve .-entre ellos
hay tres menores– y quedaron a disposición de la jueza federal Margarita Gudiño de
Argüelles. “Pedimos la inmediata excarcelación de todos”, dijo Mansilla, quien
también denunció que”Roberto Ñancucheo y Benito López Cumilao, ambos de la
Confederación de Organizaciones Mapuches, fueron detenidos muy lejos del lugar de los
enfrentamientos y brutalmente golpeados”. El abogado confirmó también que fue
detenido el secretario general de ATE en Loncopué de apellido Almendra “quien fue
muy golpeado por la policía y llevado al hospital Neuquén antes de ser trasladado a la
comisaría primera”. Por la tarde, todos fueron liberados.
“La
Patagonia rebelde”
La Red Patagónica de Derechos Humanos y
Organizaciones Sociales, repudió ayer en Neuquén “la represión ordenada por el
gobierno del MPN contra los trabajadores y el pueblo neuquino movilizado que reclamaban
por la restitución del 20 por ciento que les fuera arrebatado hace cuatro años”.
“Este gobierno (de Felipe Sapag) que ordenó la represión al pueblo de Cutral Có y
que asesinó a Teresa Rodríguez, sigue demostrando su rol de gendarme de la
provincia”, concluyen unas 25 organizaciones de toda la Patagonia, quienes no dejaron
de exigir “la libertad de todos los detenidos por la policía neuquina”, hecho
que se produjo a la tarde. En un comunicado firmado por la dirigente local Gladys
Rodríguez, esta Red Patagónica dice textualmente que “afortunadamente como hoy
podemos leer en las paredes de Neuquén `la Patagonia sigue siendo rebelde’ y no
acepta que le privaticen los sueños y las esperanzas”. |
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