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 Veintidós
meses después de que la Justicia ordenara su captura, el ex directivo del liquidado Banco
de Crédito Provincial (BCP) Francisco Javier Trusso fue arrestado ayer en Brasil por una
delegación de Interpol Argentina. Trusso, hijo del ex embajador argentino ante el
Vaticano y con fuertes vínculos con la Casa Rosada y la Iglesia, está acusado de haber
cometido estafas reiteradas y de asociación ilícita a través del BCP. Llamativamente,
la detención del ex banquero se produce en momentos en que sobre el Gobierno aumentan la
presión y la crítica por no dar con el paradero de otro banquero amigo del poder: Raúl
Moneta.El arresto de Francisco Trusso (hijo) se produjo a las cuatro y media de la tarde mientras el financista se encontraba en su casa, situada en un “barrio elegante” de las afueras de la ciudad de San Pablo. Según relataron fuentes ligadas a la causa, la tarea de inteligencia que permitió ubicarlo comenzó hace un par de semanas con el viaje de un oficial de Interpol Buenos Aires a Brasil. Ese oficial logró vincularse con el actual chofer privado del ex banquero, quien lo condujo directamente a la guarida de Trusso, sin saber el trasfondo de la historia ni cómo iba a ser el desenlace. La jueza platense Marcela Garmendia preparaba anoche el pedido de extradición del detenido. El pedido de captura internacional contra Francisco Trusso fue emitido el 30 de octubre del ‘97 por su actuación en la caída del BCP, el mayor escándalo financiero desde el derrumbe del Banco Integrado Departamental, ocurrido dos años antes. El cierre de la entidad platense ocurrió en agosto del ‘97, después de que la Justicia determinara maniobras irregulares en el otorgamiento de créditos. Pablo Trusso –ex director del BCP y hermano del ahora detenido– estuvo en la cárcel y fue liberado tras pagar una fianza de 200 mil pesos. La liquidación del BCP dejó su estela. De estrecha relación con el menemismo y con la Santa Sede –de hecho, Francisco Trusso hijo fue asesor financiero del Vaticano–, la caída de la entidad involucró al entonces arzobispo de Buenos Aires, Antonio Quarracino, y a sus dos secretarios. Hasta el día de su fallecimiento, el religioso juró que la familia Trusso le había fraguado la firma en un préstamo por 10 millones de pesos que Quarracino había recibido de la Sociedad Militar Seguros de Vida. En esa operación, el BCP había oficiado de avalista, y el dinero iba a servirles a los Trusso para desahogar su complicada situación financiera. El favor de Quarracino no habría sido gratuito. El BCP se había forjado como el banco preferido de la Iglesia. En las buenas épocas, los Trusso pagaban puntillosamente los abultados gastos que el prelado realizaba con su tarjeta de crédito y, al mismo tiempo, el Arzobispado recibía donaciones del banco. “A mi hijo le pido que conserve por usted la misma reverencia y cariño que le tenía siempre. A usted, monseñor Quarracino, le pido que siga considerando a Francisco Javier como su hijo, tal vez imprudente, y no lo abandone en estos momentos de prueba”, rezaba la carta que el ex embajador Francisco Trusso (padre) le envió al cardenal un mes después de que estallara el escándalo. Trusso padre, quien estuvo a punto de asumir como titular de la Oficina de Etica, sabía que Quarracino estaba indignado con la actitud de los banqueros y se sentía usado. Hasta último momento, Pedro Pou, el titular del Banco Central, trató de esconder bajo la alfombra las irregularidades del BCP. No era ajeno a las vinculaciones de los Trusso con Balcarce 50. Además del ofrecimiento de Carlos Menem para que Francisco Trusso (padre) se incorporara al Gobierno, Ramón Hernández, secretario privado del primer mandatario, se encontraba semanalmente con su hijo en el Hotel Alvear. José Uriburu, actual ministro de Trabajo, fue el encargado de gestionar ante Pou el salvataje del BCP. Pero el escándalo estalló. La entidad financiera había inventado créditos por 64 millones de pesos para engordar los raquíticos activos del banco, “inflaron” los resúmenes con tarjetas de crédito, sus dueños se quedaron con 20 millones de préstamos que habían gestionado para terceros y tomaron otros 200 millones en depósitos que colocaban en paraísosfiscales sin dar comprobantes. El abogado de los ahorristas del BCP calculó ayer en 50.000 personas la cantidad de damnificados.
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