Por Horacio Verbitsky Al aproximarse el fin del
ciclo menemista, el pequeño núcleo de empresas e individuos que realizaron
superganancias y las fugaron del país evadiendo impuestos procura obtener condiciones de
privilegio para retornar alguna porción de los cien mil millones de dólares transferidos
al exterior. Así se desprende del anteproyecto de ley para repatriación de capitales
mediante nuevas suscripciones de acciones, que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
presentó al Congreso, aduciendo que de ese modo se financiarían las actividades
productivas y se crearía empleo. A diferencia de todos los blanqueos conocidos hasta hoy,
los hijos pródigos que decidieran regresar sus dineros al país no pagarían nada al
fisco, que debería conformarse con la esperanza de recaudaciones futuras. Aparte de los
fugadores, los únicos beneficiarios de la iniciativa serían las 95 empresas que cotizan
en el alicaído mercado de valores, cuyo volumen diario negociado declinó un 37 por
ciento entre julio de 1997 y julio de 1999 según estimó esta semana el diario
norteamericano New York Times.
El Club de los 100.000 millones
Los considerandos del proyecto sostienen que la fuga al exterior ocurrió en busca de
protección contra un período muy prolongado de inflación creciente que
desembocó en la hiperinflación de 1989/90. Sin embargo, el blanqueo propuesto cubre las
sumas de dinero y todo otro tipo de bienes que se hallaren en el exterior al 31 de
diciembre de 1997. El privilegio se extendería a esos capitales y propiedades y
también a sus frutos posteriores, lo cual cubre todo tipo de valorización.
La Bolsa dice que fijó diciembre de 1997 como fecha teniendo en consideración que
la estabilidad monetaria se había consolidado y no existían ya razones de protección
del valor del dinero que justificaran retirarlo del ahorro nacional. Esta ligera
afirmación no soporta el cotejo con la realidad, ya que la fuga de capitales nunca fue
mayor que en el período de estabilidad monetaria de Menem-Cavallo-Roque Fernández. Al
concluir la dictadura las estimaciones más confiables cifraban los capitales argentinos
fugados en 50.000 millones de dólares. Esa cantidad disminuyó durante los años de las
privatizaciones, ya que las condiciones excepcionales ofrecidas hizo más atractiva la
repatriación para invertir en activos estatales que la colocación financiera. Pero este
proceso se agotó con las privatizaciones. La fuga de capitales volvió a crecer a partir
de 1994, para rondar al 31 de diciembre de 1997 los 100.000 millones de dólares.
Toco y me voy
La versión preliminar de un libro del economista Eduardo Basualdo sostiene que a
partir de entonces el capital concentrado retomó decididamente un comportamiento
económico fuertemente asentado en la valorización financiera, siendo una de sus
expresiones la creciente remisión de recursos al exterior. Nada más que en el
período 1993-1997, 5.500 millones de dólares declarados como remisión de utilidades
salieron del país. Pero aprovechando la desregulación de los flujos financieros durante
la convertibilidad también se fugaron otros 37.900 millones de dólares, producto de las
superganancias realizadas por las ex empresas estatales privatizadas. Entre 1991 y 1997
los capitales locales depositados en el exterior más la renta que obtuvieron fueron de
57.000 millones. Esto supera incluso el récord de la dictadura militar y Martínez de
Hoz. Sólo la renta que percibieron esos capitales fugados se acercó a los 5.000 millones
en 1997, lo cual desmiente que la crisis se sientaentre los sectores de altos ingresos. La
investigación también profundiza en el origen de esos capitales. Basualdo detectó que
la rentabilidad de las empresas privatizadas fue la más alta de la economía argentina
desde el lanzamiento de la convertibilidad hasta el día de corte del proyecto de blanqueo
de la Bolsa. En 1997, por ejemplo, las empresas privatizadas arrojaron una utilidad del
12,2 por ciento sobre sus ventas, mientras que las no privatizadas apenas llegaron al 2,8
por ciento.
Contra lo que parecería esperable, sus propietarios comenzaron a desprenderse de esas
inversiones. La epidemia de ventas de empresas y participaciones accionarias de 1996 y
1997 coincidió con un incremento de las diferencias de rentabilidad en favor de las
empresas privatizadas. Las que cambiaron de propietario fueron precisamente las de mayor
rentabilidad. Al estudiar las causas de este comportamiento paradojal, Basualdo recuerda
que los consorcios que se hicieron cargo de las empresas públicas obtuvieron por precios
subvaluados empresas monopólicas con mercados cautivos y con marcos
regulatorios que por su precariedad en algunos casos e intencionalidad en otros, no hacen
más que aumentar la capacidad de estos consorcios para imponer sus intereses en la
estructura de precios relativos y en el funcionamiento general de los mercados. Su
altísima rentabilidad se debe entonces a la política macroeconómica y a la capacidad de
los capitales más concentrados de influir en las definiciones de las políticas
públicas y no a decisiones microeconómicas de cada empresa. La conjunción
del bajo precio inicial y la creciente rentabilidad da como resultado una acelerada
revaluación patrimonial en términos económicos, que sólo puede realizarse en el
mercado cuando se transfiere la correspondiente participación accionaria en el
consorcio, sostiene Basualdo. Los condottieri que acumularon superganancias en estos
años no quieren correr los riesgos de la competencia capitalista, ahora que comienzan a
vencer los períodos de exclusividad y captación de quasi rentas.
Bienvenidos al paraíso
A mero título de ejemplo el estudio analiza dos operaciones de venta de acciones de
Cointel, empresa que es propietaria del 60 por ciento del capital de Telefónica de
Argentina. En 1993 el grupo económico Soldati vendió el 5,2 por ciento de Cointel por 85
millones de dólares, cuando tres años antes, en el momento de la privatización de
ENTel, había pagado, aproximadamente 18 millones de dólares. Estos valores
significan que este grupo económico obtuvo una ganancia patrimonial del 370 por ciento en
tres años, equivalente a un incremento del 68 por ciento anual acumulativo. En 1996
el conglomerado extranjero Techint vendió otro 8,3 por ciento del capital de
Cointel por 240 millones de dólares, cuando seis años antes le había pagado al Estado
alrededor de 43 millones de dólares. En este caso el incremento total alcanza al 460 por
ciento, equivalente a un crecimiento anual del 33 por ciento. Ambas ventas se
realizaron en el año posterior a incrementos espectaculares de la rentabilidad operativa:
Soldati, luego del 30 por ciento de incremento de la rentabilidad operativa de 1992 y los
italianos de Techint después del incremento del 60 por ciento que se registró en 1995.
Ambos están invirtiendo ahora en la privatización de empresas públicas de otros países
latinoamericanos, que ofrecen oportunidades equivalentes a las que el menemismo brindó en
sus primeros años.
Para los compradores de sus participaciones accionarias en la Argentina, mayoritariamente
extranjeros, la adquisición es atractiva dada la rentabilidad muy superior a la media
mundial que pueden obtener. En el caso analizado de las telecomunicaciones, la
rentabilidad promedio de las empresas locales fue entre 1991 y 1996 del 14,6 por ciento
anual, lo cualtriplica la media que obtienen las diez empresas más grandes del mercado
mundial, que no pasa del 5,4 por ciento. Basualdo admite que los ingentes recursos
percibidos por los vendedores tienen diversos destinos, tales como encarar su expansión
en las producciones que realizan o hacia otras actividades y considera
probable que los fondos percibidos por el grupo económico Soldati se hayan
destinado a paliar los agudos problemas financieros que, de acuerdo a los análisis
disponibles, enfrentaba en ese momento. Pero de todos modos estima que una
parte significativa, sino mayoritaria, de los fondos percibidos por las ventas accionarias
se remitieron al exterior durante los últimos años, para aplicarse a la
valorización financiera. De este modo, con posterioridad a las privatizaciones, reaparece
un rasgo clásico del carácter de la burguesía local que restringe severamente la
formación de capital.
¿Quién la tiene más larga?
(Rentabilidad media de las telefónicas locales y de las diez mayores del mundo,
1991-1996)
Telefónicas locales: 14,6%
Las diez grandes del mundo 5,4%
El régimen de declaración espontánea que elaboró la Bolsa de Comercio contempla que
los capitales fugados quedarán libres de cualquier tipo de gravámenes y de
cualquier otra consecuencia fiscal por períodos anteriores a la declaración. Los
considerandos y el artículo 13 del proyecto afirman con la mayor solemnidad que el
régimen propuesto no comprende sumas de dinero u otros bienes provenientes de actos
de corrupción en la función pública o de lavado de dinero. Pero el artículo 4 lo
contradice. Su inciso a) exime de la obligación de declarar el origen de los fondos y su
inciso b) perdona toda acción civil, comercial, penal, administrativa y
profesional.
Más sincero es Juan Alemann, quien junto con su hermano Roberto, ha hecho del blanqueo
una militancia. Desde su diario La Razón, donde comparte responsabilidades
con el socio presidencial Carlos Spadone, Juan Alemann sostuvo que es preferible que
el dinero de la droga se legalice y pague luego impuestos a que siga en el circuito negro
y perturbe a la economía. Los hermanos Alemann fueron ministro y vice de la
dictadura en los años en que fugaron la mitad de los fondos que ahora se podrían
repatriar y tienen relación con entidades bancarias que han manejado esos capitales
prófugos. A juicio de Juan el blanqueo debe ser permanente, ya que la psicología
de la sociedad argentina profesa una profunda desconfianza hacia el
gobierno. Debido a ello primero la gente incorporará algo a su patrimonio
legal. Luego, si advierte que no pasa nada y que todo está bien, continuará con otro
poco y así sucesivamente. Por eso la medida no debe tener límite temporal, sostuvo
en una de sus insistentes columnas sobre el tema. Aunque no llega a los extremos de la
propuesta trotskista de perdón permanente de Alemann, el generoso indulto concebido por
la Bolsa se extendería hasta el 31 de diciembre del 2003, lo cual para gente que se mueve
a la velocidad de la luz equivale a la eternidad. Quedarían comprendidos en el perdón de
pecados y delitos los socios administradores y gerentes de sociedades de personas;
directores, gerentes, síndicos y miembros de los consejos de vigilancia de sociedades
anónimas y en comandita por acciones y cargos equivalentes en cooperativas, profesionales
certificantes de los estados contablesrespectivos y escribanos intervinientes. Sólo
quedaría excluido quien se presentara gritando que su riqueza proviene del comercio
prohibido de sustancias narcóticas o que siendo funcionario cobró una coima. Ni siquiera
tendría inconvenientes con esta ley un empresario que confesara que los fondos a
blanquear fueron obtenidos quemando ómnibus de la competencia o mediante el soborno, ya
que la restricción del artículo 13 sólo afecta a los actos de corrupción en la
función pública. Menem no podría blanquear, pero Moneta sí.
Fuga con premio
Lo más asombroso es que semejante proyecto se plantee cuando el nudo de la regresiva
estructura tributaria y el incumplimiento de muchos de los contribuyentes más poderosos
está estrangulando a la economía argentina. En los países de mayor desarrollo los
impuestos a las ganancias producen una recaudación que equivale a 16 puntos del Producto
Interno Bruto; en Brasil y Chile, de 4 al 5 y en la Argentina apenas 3. La estructura de
la recaudación de ese impuesto varía en forma sustancial según el tipo de países. En
Estados Unidos y los países desarrollados de la OECD el 80 por ciento de la recaudación
por ganancias proviene de las personas físicas; en Chile el 49 por ciento y en la
Argentina apenas el 30 por ciento. Esto significa que la Argentina desestimula la
inversión productiva y premia la fuga.
En sus Lineamientos para una reforma del sistema tributario argentino,
publicados hace dos años, los especialistas Juan Carlos Gómez Sabaini y Jorge Gaggero
destacan las altas exenciones en el impuesto a las ganancias de las personas en
comparación con los países de la OECD. Aquí están excluidos del impuesto los
dividendos de las sociedades de capital, las ganancias derivadas de títulos, letras y
obligaciones negociables, las donaciones, herencias, legados y todo otro enriquecimiento a
título gratuito, los resultados de la compraventa de acciones, bonos y demás títulos
valores. El único cambio introducido en la reforma del año pasado fue que se gravaron
los intereses activos, de modo de impedir una de las maniobras más generalizadas de
evasión, que consistía en hacer figurar como préstamos por los que se pagaban intereses
lo que en realidad eran capitales propios. Esta estructura ciega a todo lo que sea
valorización financiera o de activos de capital, propiedades, acciones, bonos o títulos
fomenta la acumulación especulativa. En 1976 la dictadura militar suprimió el impuesto a
la herencia, en la misma semana en que murió el padre del superministro Martínez de Hoz.
Los políticos de los partidos democráticos repudiaron esa decisión inmoral, pero casi
un cuarto de siglo después no han hecho nada por enmendarla.
Caldo magro
Naturalmente, los organismos privados que financian las grandes empresas han producido
abundantes investigaciones sobre la ineficiencia del gasto pero ninguna sobre evasión y
mora. El año pasado FIEL publicó un trabajo tributario de 600 páginas que no incluye
estudio alguno sobre evasión. El sector público apenas mejora esa indiferencia. La
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sólo ha realizado un estudio sobre
incumplimiento en el pago del IVA, que el año pasado habría llegado al 26 por ciento y
este año podría llegar al 30 por ciento de la recaudación potencial, es decir cerca de
los 9.000 millones sólo en ese impuesto. Y está establecido que la evasión previsional
supera el 50 por ciento de todo lo que debería recaudarse. Pero no hay estudios oficiales
sobre evasión en ganancias o bienes personales, que son los impuestos directos que
impactan sobre los sectores de más altos ingresos. En las provinciasla carencia de
información es completa, con las únicas excepciones de la provincia y la Ciudad de
Buenos Aires. Allí hay un par de estudios parciales y puntuales, encomendados no
casualmente por los candidatos presidenciales del PJ y de la Alianza. En cambio existen
datos interesantes sobre blanqueos, moratorias y regímenes de presentación espontánea.
En el tramo dedicado a la Argentina el estudio del Banco Mundial Política
tributaria para la estabilización y la recuperación económica describe las
características de cada medida. Mediante el blanqueo quedan cancelados los
impuestos y las sanciones por evasión a cambio de un impuesto compensatorio reducido; las
moratorias se limitan a eliminar los intereses y los ajustes por inflación de los
impuestos atrasados, y la presentación espontánea da más tiempo a los contribuyentes y
puede reducir el ajuste por inflación de la cantidad adeudada. Es decir que la
propuesta de la Bolsa es un superblanqueo, ya que ni siquiera incluye el pago de un
impuesto compensatorio, por reducido que fuera. Ese estudio del Banco Mundial, publicado
en 1990, revela que los blanqueos, moratorias y regímenes de presentación espontánea
dictados durante los treinta y cinco años previos a esa fecha tuvieron un rendimiento
minúsculo, como se detalla en el cuadro:
Rendimiento de los blanqueos, moratorias y presentaciones espontáneas
(en puntos porcentuales del PIB)
Año Blanqueos Moratorias
Presentaciones
1956 0,3
1962 0,7
1966
1,3
1970 0,8
0,5
1971 0,0
1973
0,3
1974 1,0
1976
0,2
1977 1,1
1981
0,7
1982/83
1,4
1984 0,2
1987 0,1
Fuente: Política tributaria para la estabilización y la re
cuperación económica. Argentina, BIRF, 1990.
Esos blanqueos tuvieron nombre y apellido. El de 1970 se llamó Fiat, y el dinero a
blanquear llegaba al edificio Mirafiori en valijas. Como veinte años no es nada pero
treinta es algo, el proyecto de la Bolsa sólo admite la transferencia del exterior
a una cuenta bancaria en una institución legalmente constituida. Del mismo modo, la
supresión del impuesto a la herencia en 1976 se llamó Martínez de Hoz, por el padre del
ministro que murió en esos días. El blanqueo más sustancioso fue el de 1977, en el
segundo año de la dictadura militar, cuyo rendimiento fue del 1,1 por ciento del Producto
Interno Bruto. La mejor moratoria, en 1966, produjo ingresos equivalentes al 1,3 por
ciento del PIB, y el régimen de presentación espontánea que más recaudó, en 1982/83
significó para el fisco ingresos del 1,4 por ciento del PIB. Si esos porcentajes se
proyectan al presunto PIB actual, de 280.000 millones de dólares, resulta que la
recaudación máxima por un blanqueo fue equivalente a 3.080 millones de dólares de hoy,
por una moratoria de 3.640 millones y por un régimen de presentación espontánea de
3.920 millones.
¿Negocio para quién?
Para comprender qué dicen esas cifras es necesario compararlas con las del déficit
proyectado para el año 2.000: 3 por ciento del PIB para la Administración Nacional y 1
por ciento para las provincias, municipios y gobierno autónomo de Buenos Aires. Ese 4 por
ciento de déficit consolidado equivale a 11.200 millones, es decir casi tres veces más
que la mejor recaudación obtenida en casi medio siglo con este tipo de políticas. Pero
mucho más significativo es contrastar la magra cosecha de todas las indulgencias
impositivas con los cálculos que los tributaristas hacen respecto de la evasión
impositiva, que cada año oscila entre el 12 y el 17 por ciento del Producto Interno
Bruto. Esos porcentajes de evasión equivalen al 35 y el 50 por ciento de la recaudación
potencial, es decir del total que debería recaudarse. Quienquiera que proponga un
blanqueo conspira en forma lisa y llana contra el difícil combate contra la evasión
porque no hay nada más dañino que la reiteración de perdones para la creación de una
conciencia tributaria o, con palabras del recaudador jefe, Carlos Silvani para
convencer al contribuyente de que el mejor negocio es pagar los impuestos a
tiempo. Según el Banco Mundial la repetida condonación de los impuestos es
un síntoma del reconocimiento político de la parálisis administrativa ya que
en la práctica, constituye un intento de reemplazar una administración deficiente
con la legislación. En el caso de los blanqueos, neutralizan las facultades de auditoría
fiscal. Estas medidas constituyen políticas de avance intermitente que hacen
considerablemente más difícil la aplicación de impuestos a través del tiempo, porque
llegan a formar parte de las expectativas normales de los contribuyentes. En esa calidad,
actúan como incentivo para evadir o demorar permanentemente el pago de los impuestos
. Por lo que se ve, las vísperas electorales siguen siendo el momento propicio para
que los capitales más concentrados prosigan la educación presidencial que iniciaron con
rigor y feliz resultado en 1989.
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