Por Raúl Kollmann
y Laura Vales
En la
Bonaerense todos saben que el ideólogo del acuerdo es Mario "El Chorizo"
Rodríguez, poderosísimo y millonario ex comisario. El que se reunió el lunes con el
nuevo ministro de Justicia, Osvaldo Lorenzo, fue Domingo Lugos, ex subjefe de la
Bonaerense, gran "poronga" y hombre del Polaco Pedro Klodczyk, el jefe de la
fuerza en tiempos del atentado contra la AMIA y el crimen de Cabezas. El acuerdo es así:
los viejos caudillos de la Bonaerense frenan hasta las elecciones los delitos más
ruidosos --grandes robos a bancos, asaltos de las bandas más pesadas--, aplacan un poco a
los delincuentes zafados que roban a individuos, casas y comercios, producen algunos
hechos de mano dura y a cambio les dan buenas ubicaciones a sus "pollos" en la
fuerza, reincorporan a unos 400 hombres "pesados" y les devuelven cuotas de
poder en distintas zonas, lo que obviamente llevará a que controlen otra vez
los delitos menos sonoros: juego clandestino, prostitución, kioscos de venta de drogas,
desarmaderos de autos, peajes a curanderas y adivinos. La reforma y la limpieza puesta en
marcha a medias por León Arslanian se paraliza: el objetivo prioritario ya no es crear a
largo plazo una fuerza confiable sino poner un parche, reducir lo máximo posible la
cuestión de seguridad como tema de la campaña electoral --algo que notoriamente
perjudica al gobernador Eduardo Duhalde- a cambio de devolverles poder a los
comisarios de la Maldita Policía. Lugos llegó el lunes 8 a la reunión con Lorenzo
acompañado del ex secretario general de la Bonaerense, Raúl "Zapatilla"
Torres. A la salida, un camarada alcanzó a preguntarle el motivo del encuentro con el
ministro: "Estoy dando una mano con el tema de los ascensos", fue la respuesta.
Que un hombre de Klodczyk haya tenido injerencia en la distribución de cargos, ya traza
una pintura del escenario.
Eso no es todo. En la Bonaerense dicen que las reuniones se fueron sucediendo y en esos
pocos primeros días del mandato de Lorenzo se ató el acuerdo con los grandes y pequeños
caudillos de la Bonaerense: El Chorizo Rodríguez, El Polaco Klodczyk, Lugos, El Japonés
Verón, El Gordo Naldi, El Lobo Ribelli, La Rana Reynoso. Se habló con ellos o con alguno
de sus hombres y la excusa oficial es que "Arslanian se manejó con gente poco
experta y poco operativa. Se necesitan hombres de acción y experiencia".
Con ese argumento, uno de los primeros pasos es la reincorporación de unos mil hombres
que están en disponibilidad y que supuestamente tienen sumarios por faltas leves. El
nuevo secretario de Seguridad, Héctor Lufrano, sostuvo esta semana que "algunos
policías tuvieron que abandonar el servicio por olvidarse la gorra, llegar tarde o por
cuestiones administrativas". Esta es la gente que se pretende reincorporar.
"Cualquiera que haya estado un solo día en la Bonaerense --ironiza un comisario
retirado- sabe que a nadie le hacen un sumario por olvidarse la gorra. Ahí lo que
pasó es que hubo una denuncia de un damnificado, por coimas, golpizas, falsificación de
documento, arreglo con los delincuentes, robos durante allanamientos o lo que sea, y al
policía se le hace un sumario por olvidarse la gorra para disimular frente al
denunciante. Si ese denunciante va a la comisaría y quiere ver si se hizo algo, le
muestran el libro donde sólo está escrito que se inició un sumario por el artículo
número tanto, sin explicar en qué consiste la falta. Así el denunciante se va
tranquilo. La realidad es que se pretende reincorporar a unos 400 operativos, es decir
gente acostumbrada a arreglar con los delincuentes."
El acuerdo con los "porongas" permitió ubicar a algunos de sus hombres en
lugares estratégicos, lo que de inmediato significa la colocación debajo de ellos de
otros oficiales y suboficiales de vieja relación con los comisarios millonarios. Así,
Marío Rodríguez puso su gente; Ribelli otro tanto, el Polaco Klodczyk y Lugos acomodaron
a los suyos y la lista continúa (ver aparte).
"En la Bonaerense, la lealtad siempre funciona --señala un oficial en
actividad--. Si a vos Mario (por Rodríguez) te llevó de un lugar a otro, te hizo ganar
dinero y te protegió cuando hubo ruido, vos le debés mucho, muchísimo. Eso no se
olvida. Lo mismo con Ribelli: en las escuchas telefónicas del caso AMIA se ve claramente
cómo hacía negocios y repartía la plata con sus subalternos. En una semana recaudaban
más de 300.000 pesos. Por eso se mantienen fieles. Pero la clave no está ahí, sino que
el acuerdo con los 'porongas' significa el retorno de los tipos acostumbrados a negociar
con los delincuentes, porque ésa era la forma de trabajo en la fuerza".
El esquema mafioso de la Bonaerense, que en forma distinta se repite en policías como
la Federal, la de Córdoba o la de Mendoza, establece una especie de regulación del
delito. "Si vos querés robar a la salida de un banco, tenés que poner; para asaltar
casas o gente en una zona, tenés que poner; doblar autos, robar
camiones, todo paga peaje --explica otro viejo comisario--. En el caso Cabezas, los
ladrones de Pinamar eran pibes contratados por policías y llevados a la Costa por
policías. En el caso AMIA, Telleldín trabajaba para los bonaerenses. Ahí está la
prueba de la forma en que trabajaban. Esto les da a los 'porongas' un enorme poder sobre
los delincuentes, que prefieren arreglar, asociarse, a correr riesgos. Ahora entonces, los
'porongas' van a advertirles que tienen que parar la mano durante tres meses. Si hacen
algo, los voltean. Eso es probable que haga bajar las estadísticas."
En síntesis, es como haber combatido --un poco mejor o un poco peor-- a la mafia
siciliana, pero se realiza un pacto de no agresión, devolviéndoles los negocios por un
tiempo y ubicando en buenos lugares a su gente. Con ese pacto, la esperanza es mejorar en
las encuestas que miden la intención de voto para octubre.
LA LISTA DE LOS QUE
ESTAN DE VUELTA
Este es el listado de los hombres relacionados con los comisarios más
poderosos de la Bonaerense y que ahora fueron ubicados en destinos claves.
"El Negro" Víctor Herrera, hombre
del riñón de Mario Rodríguez, va de jefe departamental de San Martín. Participó de la
llamada Masacre de Andreani, una causa en la que hay testimonios de que los delincuentes
fueron armados por los policías, que después los esperaron y acribillaron. Cuando
Rodríguez pasó de La Matanza a Lanús, El Negro se fue con él. Otro "pollo"
del Chorizo es Amadeo D'Angelo, que pasó a San Isidro, igual que Abelardo Said, ahora en
Morón, y Ricardo Vitali, en Quilmes.
Daniel Rago es ahora jefe departamental de
Seguridad de Lomas de Zamora. Es hermano de Jorge Rago, preso por el caso AMIA, y se lo
conoce como tropa del ex comisario Juan José Ribelli, también preso por el atentado. Hay
varios hombres del Lobo Ribelli o su cuñado José Ojeda en puestos claves: José Ferrari
en Zárate, Horacio González en Azul, Roberto Mantel en Lomas de Zamora y Eduardo Gómez
en Wilde. Oscar Troncoso, que estará desde ahora en Dolores, aparece en las escuchas
realizadas a Ribelli en las que se detectan 40 delitos distintos.
Claudio Smith, uno de los oficiales preferidos
de Mario Naldi, pasó de Quilmes a la Jefatura de Investigaciones de Lomas, pese a las
quejas de los magistrados de esa zona, que consideran que la pesquisa sobre el asesinato
de una mujer policía que custodiaba al hijo del juez Federico Domínguez fue más que
defectuosa. Se le echó toda la culpa a un ladronzuelo que finalmente fue dejado en
libertad. Siempre hubo sospechas de que ese crimen fue un apriete policial al magistrado.
Oscar Viglianco, nuevo jefe de la
Departamental de Seguridad de San Martín, es uno de los oficiales investigados por
enriquecimiento ilícito. Se hizo famoso al secuestrar el arma que supuestamente se usó
en el crimen de Cabezas y que él se puso en el cinto. Si hay algo que no cierra en el
caso Cabezas, es justamente la historia del arma. También Viglianco aparece señalado por
una intervención más que dudosa en la muerte de la joven Leticia Bellstedt, asesinada en
un ajuste de cuentas contra el dueño de un restaurante en el que se reunían oficiales de
la Bonaerense.
José Dolan es hombre del Chino Verón. Se lo
considera ideológicamente cercano a la mano dura de Luis Patti.
La mayoría de los puestos claves restantes son ocupados por
hombres relacionados con Klodczyk y Lugos. El Polaco fue jefe de la Bonaerense durante
siete años --todo un record, a pesar de la increíble cantidad de delitos que se
imputaban a sus hombres-- y Lugos era el hombre fuerte detrás del trono durante la
jefatura inmediatamente posterior, la de Alfredo Vitelli.
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¿Víctor Fogelman a retiro?
El principal investigador del caso Cabezas, Víctor Fogelman pidió su pase a
retiro aunque no se sabe todavía si el ministro Lorenzo y, sobre todo, el gobernador
Eduardo Duhalde le aceptarán la renuncia. Lo que sucede es que trascendió que el nuevo
jefe de Seguridad, Luis Parravicini, será ascendido a comisario general y como Fogelman
es de mayor antigüedad -tal vez como reclamo o tal vez porque correspondía--
pidió su retiro.
Fogelman fue el responsable casi absoluto de la pesquisa del
caso Cabezas y se ocupó meticulosamente de no seguir la llamada pista policial, es decir
la que apuntaba a la participación de altos jefes de la Bonaerense en el asesinato del
fotógrafo. |
LA APDH RECLAMARA UNA
INVESTIGACION SOBRE LORENZO
"Una contradicción gravísima"
Por Horacio Cecchi
En una Carta Abierta que
la APDH presentará esta semana al gobernador Eduardo Duhalde, se reclamará una profunda
investigación sobre los antecedentes del ministro de Justicia y Seguridad Osvaldo
Lorenzo, acusado por la Cámara Federal de San Martín de cometer serias irregularidades
en una causa por contrabando y evasión fiscal que tuvo a su cargo como juez federal de
Zárate-Campana. La Cámara presentó en julio un pedido de juicio político ante el
Consejo de la Magistratura, pero la investigación quedó en la nada cuando Lorenzo
renunció como juez para asumir como ministro. "Es gravísima la contradicción de
que a cargo de la seguridad pública aparezca alguien acusado de violar la ley",
aseguró Simón Lázara, secretario de la APDH. "Es como si un banco designara como
cajero a un asaltante."
El 10 de junio pasado, los cinco miembros de la Cámara Federal reseñaron una serie de
violaciones a la ley que habrían sido cometidas en una causa por contrabando y evasión
fiscal seguida contra la petrolera Rhasa. La reseña de la Cámara calificaba como
"harto defectuoso el control de legalidad llevado a cabo por dicho funcionario".
Dicho funcionario era nada más ni nada menos que Lorenzo, juez penal de Zárate-Campana.
De acuerdo al detalle, el por entonces juez había afectado "la
presunción de inocencia y la garantía de defensa en juicio que les asiste a los
imputados", impidiendo el acceso al expediente a los abogados que debían formular el
alegato. También fue acusado de disponer el secreto de sumario "sin una debida
lógica" ya que, mientras cerraba la puerta a la defensa, la causa era desparramada
en todos los medios de prensa. Igualmente lo acusó de ordenar la captura de personas
"que carecieron en los hechos de vinculación alguna con las actuaciones".
Según comprobaron los camaristas, uno de los detenidos había renunciado al directorio de
la empresa mucho tiempo antes de que se cometiera el delito, y otro jamás llegó a asumir
el cargo. Esas y otras detenciones "muestran a las claras --sostiene el Tribunal-- la
falta de mesura con la que actuó el magistrado instructor".
Los camaristas cuestionaron también que Lorenzo no haya llevado a cabo medidas
probatorias obvias, señalando que "tal pasividad contrasta abiertamente con el
despliegue de integrantes de la policía", que recorrieron seis provincias durante
dos años sin producir ningún informe.
El 15 de julio, los camaristas remitieron la reseña al Consejo de la Magistratura, que
no llegó a tomar cartas en el asunto: a principios de agosto, convocado por Duhalde,
Lorenzo renunció a su cargo dejando en la nada el proceso de juicio político.
"El juicio es al solo efecto de despojarlo del cargo", explicó Lázara.
"Su renuncia detuvo el expediente, porque el Consejo perdió jurisdicción. Por eso
decidimos presentar el pedido de investigación. Siendo ministro no tiene los mismos
fueros y, por lo menos, tiene que responder por escrito."
"El tema es de especial gravedad no sólo porque el pedido de investigación lo
hace la Cámara en pleno, sino porque las imputaciones de ilegalidad están vinculadas en
forma directa al área en que después lo tiene como ministro. Si viola la defensa en
juicio, cómo va a actuar como ministro de Justicia y Seguridad. ¿Qué mensaje se está
dando? ¿Que la policía no debe cumplir con la ley?", sostuvo Lázara.
Hoy, Lázara se reunirá con Alfredo Bravo, Sergio Di Gioia y Juan José Prado,
también miembros de la APDH, para dar forma al borrador de la Carta Abierta que
entregarán a Duhalde esta semana. "Esperamos que los legisladores continúen la
investigación." La APDH también se reunirá con el procurador general, Nicolás
Becerra, para tratar la actuación del fiscal de la misma causa, también cuestionado por
los camaristas, y analizará la presentación de una denuncia contra Lorenzo ante la
Justicia.
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