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Por Raúl Kollmann y Laura Vales En la Bonaerense todos saben que el ideólogo del acuerdo es Mario "El Chorizo" Rodríguez, poderosísimo y millonario ex comisario. El que se reunió el lunes con el nuevo ministro de Justicia, Osvaldo Lorenzo, fue Domingo Lugos, ex subjefe de la Bonaerense, gran "poronga" y hombre del Polaco Pedro Klodczyk, el jefe de la fuerza en tiempos del atentado contra la AMIA y el crimen de Cabezas. El acuerdo es así: los viejos caudillos de la Bonaerense frenan hasta las elecciones los delitos más ruidosos --grandes robos a bancos, asaltos de las bandas más pesadas--, aplacan un poco a los delincuentes zafados que roban a individuos, casas y comercios, producen algunos hechos de mano dura y a cambio les dan buenas ubicaciones a sus "pollos" en la fuerza, reincorporan a unos 400 hombres "pesados" y les devuelven cuotas de poder en distintas zonas, lo que obviamente llevará a que controlen otra vez los delitos menos sonoros: juego clandestino, prostitución, kioscos de venta de drogas, desarmaderos de autos, peajes a curanderas y adivinos. La reforma y la limpieza puesta en marcha a medias por León Arslanian se paraliza: el objetivo prioritario ya no es crear a largo plazo una fuerza confiable sino poner un parche, reducir lo máximo posible la cuestión de seguridad como tema de la campaña electoral --algo que notoriamente perjudica al gobernador Eduardo Duhalde- a cambio de devolverles poder a los comisarios de la Maldita Policía. Lugos llegó el lunes 8 a la reunión con Lorenzo acompañado del ex secretario general de la Bonaerense, Raúl "Zapatilla" Torres. A la salida, un camarada alcanzó a preguntarle el motivo del encuentro con el ministro: "Estoy dando una mano con el tema de los ascensos", fue la respuesta. Que un hombre de Klodczyk haya tenido injerencia en la distribución de cargos, ya traza una pintura del escenario. Eso no es todo. En la Bonaerense dicen que las reuniones se fueron sucediendo y en esos pocos primeros días del mandato de Lorenzo se ató el acuerdo con los grandes y pequeños caudillos de la Bonaerense: El Chorizo Rodríguez, El Polaco Klodczyk, Lugos, El Japonés Verón, El Gordo Naldi, El Lobo Ribelli, La Rana Reynoso. Se habló con ellos o con alguno de sus hombres y la excusa oficial es que "Arslanian se manejó con gente poco experta y poco operativa. Se necesitan hombres de acción y experiencia". Con ese argumento, uno de los primeros pasos es la reincorporación de unos mil hombres que están en disponibilidad y que supuestamente tienen sumarios por faltas leves. El nuevo secretario de Seguridad, Héctor Lufrano, sostuvo esta semana que "algunos policías tuvieron que abandonar el servicio por olvidarse la gorra, llegar tarde o por cuestiones administrativas". Esta es la gente que se pretende reincorporar. "Cualquiera que haya estado un solo día en la Bonaerense --ironiza un comisario retirado- sabe que a nadie le hacen un sumario por olvidarse la gorra. Ahí lo que pasó es que hubo una denuncia de un damnificado, por coimas, golpizas, falsificación de documento, arreglo con los delincuentes, robos durante allanamientos o lo que sea, y al policía se le hace un sumario por olvidarse la gorra para disimular frente al denunciante. Si ese denunciante va a la comisaría y quiere ver si se hizo algo, le muestran el libro donde sólo está escrito que se inició un sumario por el artículo número tanto, sin explicar en qué consiste la falta. Así el denunciante se va tranquilo. La realidad es que se pretende reincorporar a unos 400 operativos, es decir gente acostumbrada a arreglar con los delincuentes." El acuerdo con los "porongas" permitió ubicar a algunos de sus hombres en lugares estratégicos, lo que de inmediato significa la colocación debajo de ellos de otros oficiales y suboficiales de vieja relación con los comisarios millonarios. Así, Marío Rodríguez puso su gente; Ribelli otro tanto, el Polaco Klodczyk y Lugos acomodaron a los suyos y la lista continúa (ver aparte). "En la Bonaerense, la lealtad siempre funciona --señala un oficial en actividad--. Si a vos Mario (por Rodríguez) te llevó de un lugar a otro, te hizo ganar dinero y te protegió cuando hubo ruido, vos le debés mucho, muchísimo. Eso no se olvida. Lo mismo con Ribelli: en las escuchas telefónicas del caso AMIA se ve claramente cómo hacía negocios y repartía la plata con sus subalternos. En una semana recaudaban más de 300.000 pesos. Por eso se mantienen fieles. Pero la clave no está ahí, sino que el acuerdo con los 'porongas' significa el retorno de los tipos acostumbrados a negociar con los delincuentes, porque ésa era la forma de trabajo en la fuerza". El esquema mafioso de la Bonaerense, que en forma distinta se repite en policías como la Federal, la de Córdoba o la de Mendoza, establece una especie de regulación del delito. "Si vos querés robar a la salida de un banco, tenés que poner; para asaltar casas o gente en una zona, tenés que poner; doblar autos, robar camiones, todo paga peaje --explica otro viejo comisario--. En el caso Cabezas, los ladrones de Pinamar eran pibes contratados por policías y llevados a la Costa por policías. En el caso AMIA, Telleldín trabajaba para los bonaerenses. Ahí está la prueba de la forma en que trabajaban. Esto les da a los 'porongas' un enorme poder sobre los delincuentes, que prefieren arreglar, asociarse, a correr riesgos. Ahora entonces, los 'porongas' van a advertirles que tienen que parar la mano durante tres meses. Si hacen algo, los voltean. Eso es probable que haga bajar las estadísticas." En síntesis, es como haber combatido --un poco mejor o un poco peor-- a la mafia siciliana, pero se realiza un pacto de no agresión, devolviéndoles los negocios por un tiempo y ubicando en buenos lugares a su gente. Con ese pacto, la esperanza es mejorar en las encuestas que miden la intención de voto para octubre.
LA APDH RECLAMARA UNA
INVESTIGACION SOBRE LORENZO
Por Horacio Cecchi El 10 de junio pasado, los cinco miembros de la Cámara Federal reseñaron una serie de violaciones a la ley que habrían sido cometidas en una causa por contrabando y evasión fiscal seguida contra la petrolera Rhasa. La reseña de la Cámara calificaba como "harto defectuoso el control de legalidad llevado a cabo por dicho funcionario". Dicho funcionario era nada más ni nada menos que Lorenzo, juez penal de Zárate-Campana. De acuerdo al detalle, el por entonces juez había afectado "la presunción de inocencia y la garantía de defensa en juicio que les asiste a los imputados", impidiendo el acceso al expediente a los abogados que debían formular el alegato. También fue acusado de disponer el secreto de sumario "sin una debida lógica" ya que, mientras cerraba la puerta a la defensa, la causa era desparramada en todos los medios de prensa. Igualmente lo acusó de ordenar la captura de personas "que carecieron en los hechos de vinculación alguna con las actuaciones". Según comprobaron los camaristas, uno de los detenidos había renunciado al directorio de la empresa mucho tiempo antes de que se cometiera el delito, y otro jamás llegó a asumir el cargo. Esas y otras detenciones "muestran a las claras --sostiene el Tribunal-- la falta de mesura con la que actuó el magistrado instructor". Los camaristas cuestionaron también que Lorenzo no haya llevado a cabo medidas probatorias obvias, señalando que "tal pasividad contrasta abiertamente con el despliegue de integrantes de la policía", que recorrieron seis provincias durante dos años sin producir ningún informe. El 15 de julio, los camaristas remitieron la reseña al Consejo de la Magistratura, que no llegó a tomar cartas en el asunto: a principios de agosto, convocado por Duhalde, Lorenzo renunció a su cargo dejando en la nada el proceso de juicio político. "El juicio es al solo efecto de despojarlo del cargo", explicó Lázara. "Su renuncia detuvo el expediente, porque el Consejo perdió jurisdicción. Por eso decidimos presentar el pedido de investigación. Siendo ministro no tiene los mismos fueros y, por lo menos, tiene que responder por escrito." "El tema es de especial gravedad no sólo porque el pedido de investigación lo hace la Cámara en pleno, sino porque las imputaciones de ilegalidad están vinculadas en forma directa al área en que después lo tiene como ministro. Si viola la defensa en juicio, cómo va a actuar como ministro de Justicia y Seguridad. ¿Qué mensaje se está dando? ¿Que la policía no debe cumplir con la ley?", sostuvo Lázara. Hoy, Lázara se reunirá con Alfredo Bravo, Sergio Di Gioia y Juan José Prado, también miembros de la APDH, para dar forma al borrador de la Carta Abierta que entregarán a Duhalde esta semana. "Esperamos que los legisladores continúen la investigación." La APDH también se reunirá con el procurador general, Nicolás Becerra, para tratar la actuación del fiscal de la misma causa, también cuestionado por los camaristas, y analizará la presentación de una denuncia contra Lorenzo ante la Justicia.
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