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Por Victoria Ginzberg  Los
diecinueve jóvenes fueron obligados a formarse en el pasillo de la Base Aeronaval
Almirante Zar a las 3.20 de la madrugada del 22 de agosto de 1972. Cuando estuvieron bien
alineados, con las cabezas gachas, como se les había indicado, les descargaron dos
ráfagas de ametralladoras. Dieciséis murieron y tres sobrevivieron para contar la
historia y rebatir la versión oficial. Fue durante la dictadura de Alejandro Agustín
Lanusse, tres años y medio antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La
Subsecretaría de Derechos Humanos dictaminó ahora que la masacre de Trelew fue
perpetrada con los criterios de la Doctrina de Seguridad Nacional propia del terrorismo de
Estado y resolvió aceptar los pedidos de los familiares de las víctimas para cobrar la
indemnización. “Indudablemente los asesinatos de los dieciséis prisioneros en la
dependencia naval responde al criterio de la eliminación del enemigo ideológico de la
Doctrina de Seguridad Nacional. La forma particularmente repulsiva de matar al oponente en
estado de indefensión, alevosamente, es propia de los métodos militares en la supuesta
`lucha antisubversiva’, entendiéndose por `subversivos’ en cada momento
histórico a quienes representaban o podían representar un cuestionamiento peligroso para
el régimen instaurado en sus marcos”, se afirma en el dictamen elaborado por el
abogado Carlos González Gartland, consultor externo de la Subsecretaría de Derechos
Humanos. González Gartland recomendó que se acepten los pedidos indemnizatorios de los familiares de las víctimas de la masacre de Trelew y su postura fue compartida por la subsecretaria Inés Pérez Suárez, quien resolvió que los asesinatos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas el 22 de agosto de 1972 se encuadran dentro de los parámetros expresados en la ley 24.411 (beneficio a familiares de desaparecidos y fallecidos). El trámite seguirá en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior –que también debe emitir su dictamen– y, luego de pasar por varias oficinas de la administración pública, terminará en la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La primera vez que el Ministerio del Interior decidió indemnizar a los familiares de personas asesinadas con anterioridad al golpe de Estado de 1976 fue en el caso del abogado Rodolfo Ortega Peña, baleado en la calle por miembros de la organización paramilitar Triple A el 31 de julio de 1974. Ortega Peña fue uno de los abogados que denunciaron la masacre de Trelew y junto con sus compañeros de la Asociación Gremial de Abogados ofreció, el 22 de agosto de 1972, una conferencia de prensa en la calle luego de que le pusieran una bomba al local donde funcionaba la entidad. El reconocimiento de Ortega Pena como víctima del terrorismo de Estado no se hizo sin polémica. La Subsecretaría de Derechos Humanos había aceptado la presentación de sus herederos, pero la Dirección de Asuntos Jurídicos estimó que las reparaciones debían suscribirse a los hechos posteriores al 24 de marzo de 1976. La controversia fue saldada por el procurador de Tesoro, Rodolfo Díaz, quien sostuvo que correspondía el beneficio. Este caso sirvió como precedente para más de cien del mismo tipo que esperaban su resolución. La controversia surgió porque la ley que establece las reparaciones no fija una fecha de inicio que limite las presentaciones. Al resolver sobre el caso de Ortega Peña, Díaz estimó que no todos los casos anteriores al golpe podrían ser beneficiados con la indemnización, sino que deberían estar encuadrados dentro de ciertos parámetros. El hecho debía estar vinculado con el “sistema general” que fue analizado por la Cámara Federal en el juicio a los comandantes, responder a las características propias del “sistema ilegal” ordenado a partir del 24 de marzo de 1976 o haber sido ejecutado por una organización paramilitar. Según aseguró el abogado consultor de la subsecretaría en su dictamen, la masacre de Trelew se ajusta a tales características. El 15 de agosto de 1972 un grupo de detenidos políticos alojados en el Instituto de Seguridad y Resocialización U6 del Servicio Penitenciario Federal ubicado en Rawson, en la provincia de Chubut, consiguió fugarse. Los primeros seis, que eran jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros, abordaron un avión y lograron llegar a Chile. Otro grupo, de 19 detenidos, no logró tomar otro avión y fue nuevamente encarcelado. Los detenidos fueron llevados, custodiados por efectivos de la Armada, a la Base Aeronaval Almirante Zar, en Trelew. En la madrugada del 22 de agosto de 1972 fueron despertados. Se les ordenó sacar de las celdas las colchonetas en las que dormían, llevarlas y agruparlas en el hall ubicado al iniciarse el [FrontPage Image Map Component]pasillo. Luego debieronvolver a las puertas de sus celdas y alinearse de a pie, con la cabeza gacha. En ese momento el personal naval abrió fuego de ametralladoras sobre el grupo de prisioneros. El capitán Luis Emilio Sosa, segundo jefe de la base, fue señalado como el responsable directo de los asesinatos. La versión de la Armada fue que uno de los detenidos había querido arrebatar un arma a un marino para intentar escaparse. La verdad pudo saberse por las declaraciones Ricardo Haidar, Alberto Miguel Camps y María Antonia Berger, los tres sobrevivientes que salvaron sus vidas porque fingieron estar muertos en sus celdas. Esta masacre es uno de los antecedentes más claros de terror que luego extendería la dictadura de Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y compañía. De hecho, quienes sobrevivieron a la matanza de Trelew no lo hicieron a la última dictadura. Camps fue asesinado, y Haidar y Berger están desaparecidos.
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