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Por Irina Hauser  Si nada
altera el rumbo de los acontecimientos, la Corte Suprema resolverá este jueves la
continuidad en el cargo de Carlos Fayt, de 81 años, quien es uno de sus nueve ministros.
Según la reforma constitucional de 1994, todos los jueces federales mayores de 75 años
deberían jubilarse el 22 de este mes a menos que consigan el acuerdo del Senado para
seguir habitando sus despachos. Mientras tanto, en el Consejo de la Magistratura ya surgen
serias señales de oposición a la postura del alto tribunal. Varios consejeros
–algunos de ellos ligados a la reforma constitucional– están haciendo circular
documentos que proponen que el órgano judicial tome cartas en el asunto. Se discute, por
ejemplo, la posibilidad de que el Consejo ratifique la vigencia de la normativa
constitucional. Otras propuestas apuntan a cuestionar a los jueces que ya declararon la
nulidad del artículo de la Constitución que limita la edad para ser juez. “Hay una
gran preocupación por este avance sobre la Ley Fundamental”, describió a Página/12
un allegado al órgano judicial. Antes de la reforma constitucional de 1994 los jueces federales no tenían obligación de retirarse, podían perpetuarse en sus cargos. Pero el inciso cuarto del artículo 99 cambió esa tradición al fijar el tope de 75 años y establecer que los magistrados que quieran continuar en sus puestos deben obtener el acuerdo del Senado. Una cláusula transitoria añadió que esa disposición se aplicaría cinco años después de su sanción, plazo que vence en una semana. Pese a que el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, recusó a los ministros de la Corte y dijo que debían apartarse del tratamiento del expediente de Fayt porque podrían tener interés en el resultado de la causa, la mayoría de los “supremos” participará en la acordada que definirá el caso. Según pudo saber este diario, se limitarán a decir que el tope de edad no es aplicable a los jueces designados antes de 1994. Así favorecerían a Fayt, aunque –informaron encumbrados miembros de la Corte- no se pronunciarían por la nulidad del artículo de la Constitución en juego sino que probablemente fundamentarán que la cláusula transitoria anexa excedía la convocatoria reformista y que en su momento no se dictó ninguna otra cláusula que estableciera la retroactividad de las normas. La limitación de edad establecida con la reforma puso en jaque la continuidad de alrededor de medio centenar de jueces, según señalaron fuentes judiciales. Fayt, que es juez de la Corte desde 1983 y al momento de la reforma tenía 76 años, presentó una acción declarativa y pidió la nulidad del artículo en cuestión porque, sostuvo, “restringe la garantía de inamovilidad de los jueces”. Planteó que la disposición era discriminatoria y proscriptiva. Argumentó, además, que la ley 24.309 (que fijó las competencias de la Convención Constituyente que cambió la Carta Magna) no autorizaba a modificar la estabilidad vitalicia de los magistrados prevista en el artículo 110. Fayt obtuvo dos fallos favorables en instancias previas. La jueza Carrión de Lorenzo declaró la nulidad que él había solicitado. Y más adelante la Sala III de la Cámara de Apelaciones también lo benefició pero con el argumento de que los jueces nombrados antes de la reforma tienen el derecho adquirido de mantener las condiciones de su nombramiento. Después el caso llegó al alto tribunal. La semana pasada la Sala II de la Cámara Federal de La Plata (integrada por Leopoldo Schiffrin, Roman Julio Frondizi y Sergio Dugo) declaró la inconstitucionalidad del tope de 75 años a raíz de una demanda presentada por el camarista platense Jorge Jaime Hemmingsen, de 80 años. La Corte Suprema también fue notificada la semana pasada de la disposición de una medida cautelar a favor de Ricardo Munir Falú, integrante de la Cámara de Apelaciones de Salta, de 78 años. La Corte todavía tiene pendiente contestar un recurso de revocatoria que presentó Becerra apenas terminó la feria judicial redoblando su pedido para que los ministros se excusen en el “caso Fayt” “por motivos graves de decoro y delicadeza” y por su “presunto interés”. El ministro EnriquePetracchi fue el único que suscribió una disidencia dándole la razón a Becerra al señalar que la Corte ya se excusó en otros casos en que se planteaban conflictos de intereses como en el debate sobre la intangibilidad de los sueldos de los jueces. Quien ya había anunciado que se excusaría (por otros motivos) es el ministro menemista Guillermo López, quien a sus 71 años es quien le sigue a Fayt en edad dentro del tribunal. Lo cierto es que la mayoría de los ministros se dispone a rechazar la revocatoria y resolver el tema de fondo a favor de su par. Aun los jueces que no están del todo de acuerdo firmarían para no dejar solo a Fayt. “Aunque los efectos de cualquier sentencia se limitan a la causa, la resolución también se podría extender a los jueces que estén en una situación similar”, explicó un funcionario de la Corte. Toda esta discusión alrededor de las normas constitucionales ha generado un estado de preocupación fuerte en sectores políticos ligados a la reforma del ‘94 que ya se ha traducido en documentos que circulan dentro del Consejo de la Magistratura. Dentro del órgano judicial, algunos de sus consejeros, como Augusto Alasino, Humberto Quiroga Lavié y Melchor Cruchaga verían en los fallos y las iniciativas que cuestionan la vigencia del artículo 99 de la Constitución “una iniciativa corporativa de los jueces” que “pone en riesgo la seguridad jurídica en la Argentina”. “Se está cuestionando el alcance del poder constituyente cuando existió clara autorización para determinar las condiciones del límite de edad sin que eso implique afectar la garantía de inamovilidad”, polemizó un consejero. Una de las propuestas en danza apunta a la posibilidad de que el Consejo ratifique la vigencia y la legalidad de la reforma del ‘94. Esta posición podría abrir, a su vez, un nuevo enfrentamiento con la Corte. Con todo, otras voces dentro del propio Consejo advierten que este órgano no tiene facultades para pronunciarse en este tema. Otra de las alternativas deslizadas sugieren “analizar la conducta de los jueces que ya fallaron en este tipo de casos para ver si se están alzando contra la Constitución”. Esta semana, esta discusión se extendería a todos los consejeros pero, en principio, nada detendría un fallo de la Corte.
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