Por Victoria Ginzberg  Después de escuchar a seis ex
detenidos desaparecidos, los miembros del Consejo de la Magistratura pudieron entender por
completo la función que cumplió el actual juez Federal de Santa Fe Víctor Brusa durante
la última dictadura: amenazar a personas secuestradas para que firmaran una declaración
que había sido extraída durante la tortura. Si los detenidos se oponían, Brusa
acostumbraba a hacer una demostración de karate. “Les agradezco esta oportunidad, en
memoria de dos generaciones de desaparecidos”, dijo al terminar Roberto Angel Cepeda
y no pudo contener las lágrimas. Algunos de los miembros del Consejo consideraron que ya
existen suficientes elementos para presentar la acusación contra el magistrado. Brusa
deberá hacer su descargo el 31 de agosto.
Anatilde Bugna fue secuestrada el 23 de marzo de 1977. Después de pasar por La Casita, un
centro clandestino de las afueras de Santa Fe, cuya ubicación exacta se desconoce, fue
trasladada a la Guardia de Infantería Reforzada. Allí se “entrevistó” con
Brusa, a quien conocía de la facultad. El entonces secretario del juzgado de Fernando
Mántaras quería que la detenida ratificara la declaración que le habían tomado
mientras la torturaban. Cuando ella le dijo a Brusa cómo habían obtenido el supuesto
testimonio, él le contestó: “Agradecé que lo podés contar”. Durante el resto
del interrogatorio, Brusa la hostigó con patadas de karate que terminaban a centímetros
de la cara de la mujer. Ana María Cámara fue detenida el mismo día que Bugna y pasó
por los mismos centros clandestinos. Al igual que su compañera, fue amenazada por Brusa
para que ratificara una declaración que le hicieron firmar estando desnuda y encapuchada.
Y al intentar cambiar su testimonio recibió otra demostración del karateca Brusa, que la
amenazó con que “los muchachos” se iban a encargar de aplicarle nuevamente
“la 220”.
Patricia Isasa, Carlos Pacheco y Estela Maris Vallejos completaron la lista de testigos.
Al término de cada testimonio los testigos se abrazaban con Nora Cortiñas, de Madres de
Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Todos habían declarado en el juicio que lleva adelante el
juez español Baltasar Garzón, que procesó a Brusa. La Comisión de Acusación del
Consejo resolvió escuchar nuevos testimonios la próxima semana. Entre los citados está
el juez Víctor Monti, que también fue secretario en el juzgado de Mántaras.
Aunque no quedaron dudas acerca de la participación del juez federal de Santa Fe en
hechos que están muy lejos del ideal de justicia, su remoción podría no ser lineal.
Esto se debe a que los senadores que en 1992 dieron su acuerdo para que fuera nombrado
–los justicialistas Deolindo Felipe Bittel, Julio Amoedo, Remo Constanzo, Rogelio
Nieves y Alfredo Benítez– conocían los antecedentes de Brusa y de todas maneras lo
apoyaron. Luis León, Edison Otero, Adolfo Gass y José Antonio Romero Feris se opusieron.
El hecho de que se nombrara a Brusa a conciencia implica que una acusación podría ser
interpretada como la revisión de un acuerdo dictado por el Senado y el Consejo debe
juzgar el desempeño actual de los magistrados. Por ese motivo, el consejero Juan
Gersenobitz preguntó a los testigos acerca del respeto que le tiene a Brusa la sociedad
santafesina. “Es terrible que no nos hayan escuchado cuando intentamos que no lo
nombraran. En Santa Fe la gente no puede creer que esté administrando justicia”,
aseguró Cámara. El motivo de la consulta es que una vieja disposición expresa que una
persona muy desprestigiada o con poca credibilidad no puede ejercer como magistrado y
según la información que manejan algunos consejeros, Brusa no puede ir a lugares
públicos porque en todos lados recibe manifestaciones de repudio.
HACEN LUGAR AL PEDIDO PARA REMOVER A LA JUEZA
Morris Dloogatz se tambalea
Por Irina Hauser
La comisión
de acusación del Consejo de la Magistratura decidió ayer por unanimidad hacer lugar al
pedido de remoción contra la jueza federal de Morón Raquel Morris Dloogatz elevado por
el juez Jorge Rodríguez, quien la quiere indagar porque cree que está vinculada con una
organización de policías bonaerenses que exigían coimas de hasta 150 mil pesos en el
Mercado Central. Al formular la acusación, los seis consejeros a cargo del expediente
adhirieron el estado de sospecha planteado por Rodríguez y pidieron que el plenario la
suspenda en sus funciones.
A entender de Rodríguez, existen indicios que revelan a Morris Dloogatz como posible
culpable de los delitos de violación de secretos, incumplimiento de los deberes de
funcionario público y prevaricato. La Cámara Federal de San Martín también había
sugerido el año pasado profundizar la investigación en torno a las figuras de
asociación ilícita y extorsión. Los integrantes de la comisión de acusación del
Consejo (Melchor Cruchaga, Juan Gersenobitz, Augusto Alasino, Miguel Angel Pichetto, Oscar
Massei y Fermín Garrote) evaluaron que todos esos cargos son sólidos. Gersenobitz y
Garrote pidieron en un dictamen propio que se la juzgue, además, por mal desempeño.
Tuvieron en cuenta que la Cámara señaló que la mujer había incurrido en 131 faltas
administrativas.
Ahora el plenario del Consejo tendrá que votar el pedido de juicio político y decidirá
la posible suspensión de la jueza. Para que el caso pase al jury de enjuiciamiento hacen
falta dos tercios de los votos de los 20 consejeros. Todo indica, según fuentes del
cuerpo, que esa proporción será alcanzada. Si se agrega la acusación por mal
desempeño, aunque se declare la inocencia de Morris Dloogatz en los delitos que le
adjudica Rodríguez, podría seguir siendo juzgada por el mal manejo de otras causas.
Tal vez el nombre de la jueza suene conocido porque fue quien instruyó la controvertida
causa sobre el ataque al cuartel de La Tablada y mandó a la cárcel al líder del
Movimiento Todos por la Patria (MTP), Enrique Gorriarán Merlo. Los cuestionamientos por
sus aparentes lazos con una banda policial fueron hechos en un principio por el fiscal
Pablo Quiroga, quien señaló irregularidades en la tramitación de expedientes por
evasión tributaria que llevaba Morris Dloogatz. Al parecer, los policías realizaban
allanamientos y cuando encontraban datos fuera de regla pedían coimas a cambio de
“salvar” a los comerciantes de un juicio. Esas órdenes de allanamiento tenían
la firma de la jueza. Quiroga también señaló que Morris Dloogatz solía obviar dar
vista de las actuaciones a los fiscales y pedir la intervención de la Dirección General
Impositiva (DGI).
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