Pedro Pou, titular del Central, dispuso condonar las multas que pesaban sobre el Banco Mendoza. Lo hizo mediante la resolución 360/99, la misma en la que se le revocó a la entidad la autorización para actuar como banco. Las sorpresas no paran allí: el 31 de este mes, el Mendoza celebrará las asambleas ordinaria y extraordinaria de accionistas. El temario que su presidente prófugo, Raúl Juan Pedro Moneta, someterá a consideración prevé la aprobación de los balances y de la gestión del directorio. Sin embargo, el punto más importante propone que el banco caído cambie su objeto social y sus estatutos.
La maniobra, que saca provecho de la morosidad de Pou para determinar en qué situación queda encuadrada la entidad, pretende eludir tanto la liquidación como la quiebra y su posible extensión y, con ello, futuras demandas civiles contra el banquero y el Banco República, entidad controlante. Para mayor color local, ambas asambleas, citadas con media hora de diferencia, se realizarán en una sucursal del Banco Nación. Pero no todas son buenas noticias para Moneta: ayer, la Cámara Federal de Mendoza ratificó la competencia de Luis Leiva, el juez federal de la provincia que lo puso entre la espada y la pared.
Las multas –o “cargos” en la jerga del BCRA– tenían en cuenta las infracciones a la normativa vigente en materia de límites de préstamos a entidades vinculadas. Hace unas semanas y en una acción casi simultánea, Pedro Pou rehabilitó al caído Banco República (de propiedad de Moneta y accionista mayoritario del Banco Mendoza) y 48 horas después revocó al Mendoza la autorización para operar. Esta última medida quedó plasmada en la resolución 360/99 que, en un nuevo gesto de buena voluntad, dispuso en principio “atenuar los cargos establecidos por esta institución por relaciones técnicas y monetarias y otros conceptos no comprendidos en el punto precedente que se generen hasta la fecha de notificación de la presente”. A continuación, y ya soltada una parte del lastre, se resolvió “revocar la autorización para funcionar al Banco Mendoza SA en los términos del artículo 44, inciso A, de la Ley de Entidades Financieras número 21526 y sus modificatorias”. Vale la pena recordar que Pedro Pou no ha tomado ninguna iniciativa respecto de los directorios del República y el Mendoza que, pese a la delicada situación procesal de sus miembros, con Moneta a la cabeza y en calidad de prófugo, siguen manejando las dos entidades.
Seguramente alentado por la buena disposición del BCRA, el directorio del Mendoza publicó el 13 de agosto en el Boletín Oficial el doble llamado a asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas para el 31 de este mes. Una comenzará a las 16 horas y la otra a las 16.30 en una clara demostración de la armonía que reina entre los socios, quienes al parecer aprobarán en el primer tramo y a libro cerrado los balances y la gestión del banco caído. La asamblea extraordinaria convocada por Moneta tiene como fin un sorpresivo “cambio de objeto social, modificación del nombre y adecuación de los estatutos sociales”. Quienes siguen con atención el affaire presumen que Moneta busca aprovechar el tiempo concedido por Pou y “congelar” al Banco Mendoza SA, evitando que el Central se vea forzado, por la fuerza de las cosas, a dictar finalmente la liquidación o la quiebra. Aventando esas alternativas, Moneta aleja también la posibilidad de eventuales demandas civiles contra él, su patrimonio, y la entidad controlante del Banco Mendoza: el Banco República, dueño asimismo de las acciones del CEI. El lugar fijado para las asambleas es, de acuerdo al Boletín Oficial, el inmueble de avenida España 1275, 4º piso. Allí funcionaba el Banco de Previsión (que dio origen al Mendoza tras su fusión con el Banco de Mendoza) y en la actualidad es una de las sucursales del Banco Nación.

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