El País de Madrid
Por Ludmila Vinogradoff Desde Caracas  Contra viento y marea, la
presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela presentó ayer al pleno de
la misma un controvertido proyecto de decreto para reorganizar la estructura sindical y el
Poder Judicial venezolano, en el que ratifica a los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia pero ordena la suspensión y destitución inmediata de los jueces corruptos y
negligentes e interviene todos los tribunales. Este proyecto de limpieza judicial será
debatido a partir de hoy por los constituyentes.
Sin hacer caso de la advertencia que formuló la presidenta de la Corte Suprema, Cecilia
Sosa, para quien “la función de la Asamblea no era la de poner orden en casa”
sino la de limitarse a redactar la nueva Constitución, los miembros de la Asamblea
Constituyente decidieron continuar con sus planes de reestructurar los órganos del poder
público, según contempla la declaración de emergencia nacional decretada la semana
pasada.
En la víspera del debate, el proyecto del decreto fue pulido en la residencia
presidencial de La Casona en una reunión nocturna que sostuvieron los directivos de la
Asamblea Luis Miquilena, Isaías Rodríguez y Aristóbulo Iztúriz con el presidente Hugo
Chávez y luego distribuido a los 131 asambleístas, lo que evidencia la estrecha
vinculación de la constituyente con el mandatario, aunque Cecilia Sosa proteste que
“la Asamblea no puede ejercer actos de cogobierno”.
No obstante la insólita duplicidad de funciones ejecutivas, el decreto de la Asamblea
establece la obligación del Estado venezolano de garantizar el acceso de la población a
un sistema de justicia que actúe con transparencia, imparcialidad, autonomía, celeridad
y simplicidad.
También aplica medidas para enfrentar la crisis del país y garantizar la seguridad
jurídica, fortalecer la noción de Estado de derecho y el ejercicio efectivo de los
derechos humanos.
En cuanto a la reorganización del sistema judicial, la Asamblea nombra una comisión de
emergencia judicial, que podrá suspender y destituir a todos aquellos jueces involucrados
en delitos de corrupción y los señalados en retardo procesal inexcusable, entre otras
causales. La limpieza judicial que está emprendiendo la Asamblea cuenta con un alto
respaldo de la población por cuanto era una de las promesas electorales de Chávez y no
se prevé mayor resistencia popular. De los 24.000 presos en las cárceles venezolanas hay
unos 13.500 procesados que todavía no han recibido sentencia desde hace dos años.
Para enfrentar la alarma que se ha producido con la limpieza de los tribunales y la
aplicación del nuevo código de procesamiento penal, que ha liberado cerca de 1000
delincuentes en el último mes, el presidente Chávez ha ordenado al Ministerio de la
Defensa a sacar a la calle a la Guardia Nacional y la policía militar para tomar control
del orden público. En los próximos seis meses las tropas vigilarán las calles y
carreteras para brindar seguridad a los venezolanos.
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