Trusso se resiste a ser extraditado a la Argentina

El ex banquero Francisco Trusso junior, apresado en Brasil el viernes pasado, tras amenazar con volver y someterse a proceso, decidió pelear legalmente para evitar su extradición a la Argentina. El vástago de quien fuera embajador ante el Vaticano, y miembro del círculo áulico del presidente Carlos Menem, es el principal acusado por la quiebra del Banco de Crédito Provincial de La Plata (BCP), que dejó damnificados por unos 200 millones de pesos. Interpol dio ayer detalles de su captura en la ciudad brasileña de San Pablo, donde vivía lujosamente bajo el alias de Roberto Enriquez.
El ex vicepresidente del BCP, ahora encarcelado en Higienópolis, pudo ser localizado gracias a la intercepción de teléfonos de sus familiares y del celular de su chofer. “Cuando lo abordó la policía brasileña, Trusso, que al principio no comprendió bien lo que estaba sucediendo, pensó que era víctima de un secuestro, pero finalmente se entregó sin resistencia”, informaron autoridades locales de la policía internacional. El jefe de Interpol, Jorge Cenabre, aseguró, además, que “(Trusso) inicialmente dijo que su interés era regresar a Buenos Aires para someterse a proceso”, pero horas después “cambió de opinión y contrató al estudio más caro de Brasil, que le garantizó que van a pelear la extradición”.
La jueza platense Marcela Inés Garmendia, que pidió la captura internacional del ex banquero, tiene 45 días para librar el pedido de extradición a la Justicia brasileña. Los cargos que se le imputan van desde defraudaciones reiteradas, falsificación de instrumento público y balance falso, hasta asociación ilícita, no excarcelable y con pena de hasta 10 años de reclusión. Según Cenabre, Trusso no tendría “chicanas legales” donde ampararse para evitar ser conducido a la Argentina.
“No ha cambiado su fisonomía, pero estaba más delgado, y su estado de salud era excelente. Evidentemente llevaba una vida bastante tranquila y activa deportivamente”, evaluaron las fuentes policíacas. Durante las pesquisas a cargo de Interpol argentina y la policía federal del Brasil, se comprobó que Trusso cambiaba continuamente de alojamiento, aunque siempre se instalaba en lujosos “apart-hotel”. Tenía a su chofer como auxiliar y cómplice, y utilizaba el nombre falso de Roberto Enriquez. Además, pese a que mantenía contactos en el vecino país y solía recibir las visitas de un grupo de amigos brasileños, nunca dejó de vivir solo. También se constató que no sólo se comunicaba telefónicamente con amigos y familiares, sino también que realizaba frecuentes viajes entre las ciudades de San Pablo, Río de Janeiro y Bahía.
El hasta entonces prófugo fue encontrado en la puerta de una lujosa residencia en el barrio Jardín de San Pablo. La comisión, que logró detenerlo a raíz de un llamado a través de un teléfono celular en poder de su chofer, había viajado a Brasil dos semanas antes y había recorrido Río de Janeiro y San Pablo en busca de pistas.
Trusso declaró en los primeros interrogatorios que salió de la Argentina “antes de que se publicara su pedido de captura” y que ingresó a Brasil a través del paso fronterizo con Uruguay del Chuy. El chofer de Trusso, cuya identidad no fue revelada, fue quien aportó los datos que permitieron la localización del ex banquero.
El escándalo del ex BCP comenzó con las investigaciones por supuestas maniobras irregulares en el otorgamiento de 20.985 créditos por 64 millones de pesos a personas que nunca los solicitaron ni los recibieron. Los investigadores descubrieron además la falsificación de saldos de tarjetas de créditos por una suma de 16 millones de pesos y el desvío de depósitos al exterior por 100 millones de pesos. En octubre de 1997 fueron detenidos diez ex directivos, funcionarios y empleados de esa entidad bancaria, sospechados de haber participado en la millonaria estafa. Hasta el momento permanece prófugo solamente el ex directivo Renato Tarquino Dalle Nogare, cuya orden de detención se impartió en octubre de 1997.

EN EL BANCO CENTRAL DEFIENDEN A RAUL MONETA
“Es víctima de un linchamiento”

Por Susana Viau

Diputados demócratas de Mendoza y legisladores aliancistas reiteraron el pedido de que el titular del Banco Central, Pedro Pou, concurra a la Cámara baja para ratificar si, en efecto, el BCRA ha rehabilitado al Banco República y si Raúl Juan Pedro Moneta, pese a su condición de prófugo, mantiene su cargo en la presidencia del banco. Para la máxima autoridad monetaria, sin embargo, la situación de Moneta y el República nada tienen de particular: altas fuentes del Central opinaron ante este diario que Moneta es víctima de “linchamiento” político y no ha sido apartado de su puesto ejecutivo en el Banco República porque la condición de profugado es jurídica y no técnica.
Para el BCRA, el financista no violó la normativa vigente ni en el caso del República ni en el del Banco Mendoza. Casi al mismo tiempo, el jefe de Interpol Argentina, comisario inspector Jorge Cenabre, explicaba en rueda de prensa que el banquero es buscado en los más de cien países afiliados a la organización.
Los diputados de la Alianza Jorge Rivas, Juan Pablo Baylac (por el radicalismo) y Alfredo Bravo (del Frepaso) y el demócrata mendocino Gustavo Gutiérrez quieren saber por boca de Pou si es verdad que el 4 de agosto el BCRA aprobó el plan de saneamiento presentado en una asamblea de accionistas del mes anterior, mientras se encontraban huidos varios de los integrantes del directorio. También pretenden que Pou aclare si es cierto que Moneta decidió vender sus acciones “una vez que el BCRA aprobó el plan de refinanciación de las deudas del República”. En los fundamentos de la solicitud, los legisladores sostienen que “desde la clandestinidad, Moneta le vendió al fondo de inversión Hicks, Muse, Tate & Furst el 19,2 por ciento de las acciones del CEI por alrededor de 125,4 millones de pesos” y agregan que “la operación se firmó el lunes 9 entre un apoderado del prófugo y representantes de ocho grandes bancos”. Para el BCRA, en cambio, la huida de Moneta es un hecho que pertenece a la esfera judicial y no incide en las cuestiones técnicas. “Para nosotros no hay delito”, dijeron las fuentes y negaron enfáticamente los cargos de vaciamiento y subversión económica que le imputa el juez federal de Mendoza Luis Leiva.
En todo caso, será difícil que esos argumentos convenzan a los diputados opositores, quienes adelantan que preguntarán a Pou si el mantenimiento de Moneta al frente del República no viola el comunicado 27.263 del BCRA, donde se dispone que para la “designación y renovación del mandato de los directores de entidades financieras (...) la autoridad monetaria verificará la calidad de esas personas, sobre todo en cuanto a la idoneidad moral y profesional”.

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