Por Mariana Carbajal La policía que comanda el
ministro bonaerense de Seguridad, Osvaldo Lorenzo, ya tiene dos oficiales con orden de
captura por “apremios ilegales y tortura en forma reiterada”. Los uniformados
pertenecen a la comisaría 1ª de San Martín y están acusados de aplicar el tormento
conocido como submarino seco y varias golpizas a dos grupos de jóvenes detenidos días
atrás en esa seccional, con diferencia de 48 horas. La orden de detención fue dictada
por el juez de Garantías de San Martín Juan Carlos Sorondo, a pedido del fiscal Marcelo
Sendot, luego que los dos agentes fueron reconocidos en rueda de identificación. La
Jefatura Departamental de San Martín, a cargo de la búsqueda de los dos policías, hasta
anoche no había logrado encontrarlos, según informaron fuentes de la fiscalía.
La orden de captura fue dictada el martes. Ese mismo día, los dos fiscales adjuntos, de
la fiscalía Nº 5 de San Martín, Mario Marini y Ana Rosa De Leo, encabezaron el
operativo para detenerlos. Sin embargo, no pudieron dar con ellos. Ninguno de los dos
oficiales bonaerenses estaba en su domicilio ni se había presentado en la comisaría 1ª
de San Martín. Curiosamente, un día antes uno de los oficiales fue trasladado a una
seccional de José C. Paz, según informó ayer a Página/12 el subcomisario Hugo Sterkel.
El otro gozaba de licencia.
Sterkel estuvo a cargo de la cuestionada seccional los días 24 y 26 de julio, cuando
fueron detenidos los dos grupos de jóvenes que dijeron haber sido torturados por
efectivos de la 1ª de San Martín. Los dos oficiales con orden de detención fueron
identificados la semana pasada en rueda de reconocimiento: uno de ellos fue señalado por
cinco de los denunciantes y el otro por los seis. “Una vez que sean detenidos se les
tomará declaración como imputados por el delito de torturas en tres ocasiones y el de
apremios ilegales en otras tres”, precisó la fiscal adjunta De Leo. Al expediente
fueron incorporadas varias bolsas de nylon secuestradas en la seccional el 26 de julio,
que –se sospecha– podrían haber sido utilizadas para torturar a los jóvenes.
La primera denuncia contra el personal policial fue presentada por Sergio Cabrera (26),
Andrés Castro (21), Mario Sieben (24) y Guido A. (21). Según declararon ante el fiscal,
los cuatro y un menor de 17 años fueron detenidos a golpes y disparos en una zona de
boliches de la ciudad de San Martín, el 24 de julio. De acuerdo con su versión, minutos
antes habían presenciado una pelea en una hamburguesería, originada cuando un oficial de
la Policía Federal se negó a darle un sandwich a un chico de la calle. Al parecer, el
agente federal perdió su arma reglamentaria en la trifulca y acusó a los cinco amigos de
habérsela robado. En la comisaría 1ª les iniciaron una causa por “robo calificado,
doblemente agravado, en poblado y en banda”.
El federal y dos hombres que lo acompañaban declararon en la seccional que durante el
supuesto asalto fueron amenazados por los jóvenes con una botella de vidrio rota. Sin
embargo, ante el fiscal Sendot se retractaron y negaron la presencia del arma, por lo cual
se les abrió a los tres una causa por falso testimonio. Paralelamente, los cinco jóvenes
quedaron en libertad y denunciaron los tormentos.
Uno de los hombres que acompañaba al policía federal se llama Germán Carosela, y tiene
como defensor a Ricardo Malvicini, ex socio del ministro de Seguridad, antes de que
Lorenzo se convirtiera en juez. Malvicini fue también defensor del subinspector Jorge
Ramón Fernández, condenado en 1995 a cadena perpetua, acusado de ser “partícipe
necesario” de los tormentos que provocaron la muerte del joven Sergio Durán, de 17
años, en agosto de 1992, en la comisaría 1ª de Morón.
El 26 de julio, es decir, dos días después de iniciar la pesquisa por apremios ilegales
contra el personal de la 1ª de San Martín, el fiscal Sendot recibió otra denuncia casi
idéntica, de Juan Ramón González (21) yVíctor Encina (19), quienes fueron detenidos
por averiguación de antecedentes y declararon haber sufrido golpes, y el submarino seco.
Unos días después, Encina fue detenido por efectivos de la comisaría de Villa Martelli
por tenencia de arma de guerra. Según su abogado, Oscar Castro Roberts, le plantaron una
pistola “en represalia” por su denuncia.
OFRECIMIENTO DEL ALCALDE A MENEM
Seguridad made in Miami
El
alcalde de la ciudad de Miami, Joe Carollo, le ofreció al presidente Carlos Menem la
colaboración de la policía del estado de Florida para el entrenamiento de las fuerzas de
seguridad argentinas. “Conversamos sobre la posibilidad de crear un centro de
entrenamiento en Miami para las fuerzas de seguridad y de rescate de este país”,
anunció el alcalde, al término del encuentro que mantuvo con el jefe de Estado, en la
Casa de Gobierno.
En declaraciones a la prensa después de la reunión, Carollo relató que Menem recibió
la propuesta con “mucho interés” y apuntó que el presidente se mostró
“optimista” por alcanzar una solución frente al problema de la inseguridad: en
cuanto a la situación en la ciudad de Buenos Aires, el alcalde señaló que “todas
las ciudades grandes tienen los mismos problemas; en seguridad tenemos los mismos
inconvenientes y podemos aprender unos de otros”.
La visita de Carollo se inscribe en el marco del contacto bilateral en materia comercial y
turística. Participaron del encuentro el secretario general de la Presidencia, Alberto
Kohan, y los intendentes de las ciudades de Córdoba y La Rioja, Rubén Martí y Luis
Carreño. El alcalde, además, invitó a Menem a la cumbre de intendentes de América, que
se llevará a cabo en Miami entre el 17 y el 19 de noviembre.
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