Por A. M. Los sindicatos, la Justicia, el Congreso
nacional, la AFIP, la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Economía figuran entre
las instituciones públicas percibidas como “más deshonestas”, según una
encuesta nacional elaborada por la consultora Gallup para Poder Ciudadano. El informe
concluyó que sólo un 14 por ciento de los encuestados conoce el procedimiento que debe
seguirse para denunciar un caso de corrupción, aunque consideran que “si alguien
conoce un caso de corrupción debe denunciarlo”.
El trabajo de Gallup fue realizado entre el 24 de junio y el 7 de julio y relevó 1215
casos a través de encuestas personales y domiciliarias, con respeto de las proporciones
por edad, sexo y nivel económico-social. En los últimos dos años, el 64% de los
encuestados nunca conoció un caso de corrupción, mientras que un 17% conoció alguno
pero no pensó en denunciarlo. La falta de protección contra posibles represalias y el
hecho de que “los que denuncian terminan sufriendo más” fueron algunos de los
motivos que pueden influir en la decisión de no hacer una denuncia. Sólo un 3%
manifestó haberlo hecho. Ante la pregunta acerca de lo primero que harían si estuviesen
en una posición de responsabilidad y pudiesen hacer algo para combatir la corrupción en
Argentina, el 17% manifestó que sería “meter presos a los corruptos y a los
delincuentes”.
La “corrupción en el sector público” se encuentra en el segundo lugar entre
los problemas considerados “graves” por los entrevistados, por debajo del
desempleo y la falta de trabajo, pero antes que el tema de la inseguridad, la delincuencia
y el consumo y tráfico de drogas. La Iglesia –señalada como la institución más
eficaz en la lucha contra la corrupción– y el Registro Civil fueron destacadas como
las instituciones de mayor honestidad, junto con los bancos Nación y Central, la
Municipalidad, las Fuerzas Armadas y las organizaciones no gubernamentales. Según el
estudio, las personas consultadas consideran a la Dirección de Tránsito, a la Oficina de
Habilitaciones, a la Policía Federal y a la Aduana como algunas de las reparticiones
públicas en las que “siempre o casi siempre” se tienen que hacer “pagos
extras, como propinas o coimas”.
Los entrevistados visualizan al Poder Judicial como “dependiente de presiones
económicas”, “injusto”, “dependiente del Poder Ejecutivo”,
“las leyes se aplican sólo para los pobres” y “no merece confianza”.
El informe revela, además, que el 24 por ciento de los entrevistados “conoce o sabe
de alguien que haya vendido su voto a cambio de dinero u otros ofrecimientos”. Los
comicios en los cuales ocurrió este tipo de hechos son las internas del justicialismo y
las elecciones para gobernador de 1999.
Los resultados de la encuesta serán entregados a los equipos de campaña de la Alianza,
el Partido Justicialista y Acción por la República, con el objetivo de que
“analicen los datos y presenten, la semana próxima, un programa de lucha contra la
corrupción con propuestas a 90 días, a dos y a cuatro años”, explicó en
conferencia de prensa el presidente de Poder Ciudadano, Luis Moreno Ocampo. Y agregó que
“los elefantes blancos de la corrupción se deben cazar cuando hay poder, en el
primer día de gobierno”.
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