Por Eduardo Tagliaferro El fin del menemismo puede ser
también el fin del mandato del defensor general de la Nación, el riojano Miguel Angel
Romero, si prospera el nuevo pedido de juicio político en su contra que ingresará esta
semana en la Cámara de Diputados. Romero es acusado por los diputados aliancistas Diana
Conti, Nilda Garré y Horacio Viqueira de mal desempeño en sus funciones, nombrar
defensores sin el correspondiente acuerdo del Senado, crear cargos no permitidos por la
ley de Ministerio Público, desviar fondos públicos, actuar con discrecionalidad y
personalismo, desconocer el derecho y el rol del defensor público. Según la acusación
de los legisladores de la oposición, la actuación irregular del defensor oficial, Luis
Cayuela, podría incluso generar el pedido de nulidad en lo actuado, hasta el momento, en
las causas AMIA o IBM-DGI.
La historia de Romero es una larga suma de despropósitos, que comenzó cuando en los
afiebrados tiempos de la re-reelección el menemismo solicitó su nombramiento como una de
las cabezas del Ministerio Público y, por error, mandó al Senado el pliego de un
homónimo. Continuó cuando el ex asesor jurídico de la Policía de La Rioja en tiempos
de la dictadura militar le confió a su coprovinciano el senador Jorge Yoma que “al
igualque Alberto Fujimori en Perú, el presidente Carlos Menem tenía atribuciones para
cerrar el Congreso nacional”. “No le sube el agua al tanque”, fue la forma
con que lo definió el sorprendido senador riojano. Estos dichos motivaron su primer
pedido de juicio político, alentado por el diputado socialista Alfredo Bravo, quien
definió los dichos de Romero como “una apología del golpe de Estado”.
En esta ocasión, los aliancistas lo acusaron, entre otras cosas, de haber nombrado
defensores oficiales sin el consentimiento del Senado, como contempla la ley del
Ministerio Público. El primer caso denunciado es el de Luis Cayetano Cayuela, quien a
pesar de estar ejerciendo un interinato que debía cesar una vez finalizada la licencia
por enfermedad de la defensora Irene Otero Rella, continuó en su cargo atendiendo
defensas de las causas AMIA, IBM-DGI, apropiación de niños nacidos en cautiverio durante
la dictadura militar, e incluso realizó una acusación contra el fiscal federal Carlos
Stornelli, quien investiga la causa de la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia. Con
el objetivo de retener a Cayuela, según denuncian los aliancistas, el defensor general no
sólo creó el cargo de defensor de la Seguridad Social, a pesar de estar inhabilitado
para ello, sino que también desvió los fondos públicos para abonarle sus haberes, ya
que su cargo no estaba contemplado en la estructura original del organismo.
¿Qué pasaría si la irregular designación del defensor actuante (Cayuela) llegase a
afectar la nulidad del proceso seguido en aquellas causas?, se preguntan los legisladores
de la oposición. La respuesta, dada la importancia de las causas en las que intervino
Cayuela, estremece. Por este motivo, los legisladores no dudan en calificar a Miguel Angel
Romero como un “irresponsable” por haber insistido con el irregular
nombramiento.
No se podrá negar que el riojano es perseverante. Finalizado su interinato y luego de
crearle un nuevo cargo, Romero nombra a Cayuela como interino ante la Corte Suprema, para
cubrir la vacante producida luego de la renuncia de Hugo Rodríguez Sañudo. En sus
fundamentos Miguel Angel Romero sostiene que eligió a Cayuela por “estar
consustanciado con la política institucional del organismo”. Para los diputados de
la Alianza, este argumento manifiesta “un claro abuso de poder o, en el mejor de los
casos, desconocimiento del derecho”.
Entre las irregularidades que el pedido de juicio político le adjudica a Romero, también
se encuentra el nombramiento del defensor Santiago Bardi, realizado 18 días antes de la
sanción de la ley de Ministerio Público. La designación de Bardi estaba subordinada al
cese de servicios de la defensora Susana Monacelli de Louge, por lo que no se estaba al
frente de una vacante, sino de un interinato. Esto excluía a Bardi de los acuerdos
tácitos que la ley de Ministerio Público preveía para quienes estuvieran ejerciendo
efectivamente su cargo antes de la sanción de la ley, y obligaba a la realización de un
concurso público para cubrir la vacante producida por la jubilación de la defensora de
Louge.
El reglamento diseñado por Romero también es cuestionado por los diputados, ya que se
nombra a sí mismo presidente del tribunal encargado de la evaluación de los postulantes,
se otorga la facultad de ejercer el doble voto en caso de empate y obliga a cada candidato
a tener una entrevista privada con él. Esta entrevista otorga un máximo de 15 puntos
contra 20 de la prueba de antecedentes. Fuentes judiciales consultadas por este diario
sostienen que este reglamento desnaturaliza el espíritu de los concursos de oposición y
antecedentes, ya que quedan muy atados a la ecuanimidad y objetividad de un solo miembro
del jurado: él mismo.
Las acusaciones contra el defensor general también incluyen la forma de manejar la
estructura del organismo. Si el riojano Miguel Angel Romero recordara las instrucciones
que apenas asumió su mandato le dio al entonces defensor Hilario Lagos, tendría serios
motivos para preocuparsepor su defensa. En esa ocasión Romero le dijo a Lagos: “A
los testigos cuatro preguntas tontas, y en los alegatos cuatro pavadas, para cumplir, pues
los imputados vienen todos condenados”. Si los hombres del oficialismo traducen en
los hechos las fuertes críticas que en privado realizan a Miguel Angel Romero,
probablemente el defensor, a pesar de la estabilidad que tiene en su cargo hasta los 75
años de edad, se sume a los dos riojanos que a fin de año abandonan sus cargos: Carlos
Menem y Ramón Díaz.
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