El País de Madrid
Por Javier Moreno Desde Caracas Venezuela vive los últimos
días de la IV República. Y, si ha de morir, lo hará a manos del presidente Hugo Chávez
y sus aliados, que buscan con su mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente enterrar
la Carta Magna vigente, acabar con la Corte Suprema, disolver el Congreso y escribir a su
gusto una nueva Constitución que les permita poner coto a los bandidos que asaltaron el
presupuesto nacional durante cuatro décadas, según cree la mayoría de venezolanos que
llevó al antiguo teniente coronel sublevado a la presidencia en las elecciones de
diciembre pasado.
El ambiente que se respira en el país es de convención revolucionaria, y en los pasillos
y despachos del nuevo gobierno se recogen declaraciones como las del ministro de
Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, de 70 años, quien asegura que en Venezuela
“la corrupción es lo único que funciona”, pues durante los 40 años en que se
alternó en el poder la clase política tradicional, socialdemócratas y democristianos,
fue mucha la desvergüenza en el robo. El ministro, considerado por muchos como la cara
inteligente y amable del gobierno, revela sin indignarse el alcance del despojo sufrido
por su país en las últimas décadas. “Los depósitos de venezolanos en el
extranjero suman 90.000 millones de dólares, tres veces la deuda externa del país,
provenientes de las grandes fortunas que se amasaron”, detalla Rangel. Veintitrés
millones de venezolanos, el 80 por ciento de ellos pobres, achacan sus atribulaciones a la
rapiña sufrida a manos de los políticos de siempre, barridos de la presidencia por
Chávez, y parecen inclinados a entregar al nuevo líder los últimos resortes del Estado
en la votación de hoy, para terror de los pudientes.
En las calles, mientras, suceden cosas no menos extraordinarias. En consonancia con otros
chavistas, la funcionaria Carmen, con 20 años en el Ministerio de Transportes, acude
desde hace días a las puertas del Congreso a pedir que se pase “por la piedra”
a los diputados de la oposición. Tantos y tan gruesos fueron sus insultos el jueves
pasado, que legisladores socialdemócratas, normalmente amedrentados por la turba que a
diario exige su colgamiento, esta vez le respondieron:
–No te linchamos porque ya estás viejita.
–Conmigo no se atreven, bola de maricones, que sólo saben robar.
Sublevada, la funcionaria explica a quien quiera oír cómo se mete mano en la caja
oficial, se roba con descaro en los presupuestos y contratos, y se amasan fortunas con
comisiones inconfesables. “Pilas de billetes se llevan. Bien lo sé yo, que llevo
muchos años en el ministerio”, declara.
–¿Y usted no roba?
–Yo no puedo.
Ese es el punto clave. Los más escépticos respecto de la revolución moralizadora de
Chávez sospechan que el que no roba en Venezuela es porque, en efecto, no puede, y
desconfían de que la nueva Constitución vaya a cambiar nada, como no frenó el
latrocinio la Carta Magna de 1961, la moribunda, en expresión del presidente.
“La rabia no es porque roben, sino porque no les dejan nada que robar”,
sostiene, siempre polémico, Manuel Caballero, de 67 años, “en la oposición desde
los 15”, catedrático retirado de Historia de la Universidad Central de Caracas,
escritor y uno de los columnistas más temidos por todos los inquilinos del palacio
presidencial de Miraflores en las tres últimas décadas, incluyendo el actual. Caballero
afirma que la lucha anticorrupción ha sido la cantilena de los ejecutivos venezolanos
desde que él se acuerda, y advierte contra la presunción de honestidad de Chávezy los
suyos. “Todo el mundo está contra la corrupción, como contra el pecado, pero todo
el mundo peca, porque es muy sabroso”.
Sin torcer mucho las cosas, en Venezuela rige estos días la perplejidad sincera de aquel
viejo gobernador mexicano que se asombraba de que sus sucesores en el cargo no dispusiesen
de dinero para contentar a los más miserables y mantener con sobornos su base política
tradicional. Durante muchos años, el dinero sí alcanzó, y a chorros, a amplias capas de
la sociedad venezolana. Fue cuando el brusco incremento de los precios del petróleo en
1973 convirtió a este país, la mayor reserva de crudo fuera de Oriente Medio y tercer
exportador mundial, en un paraíso en el que las clases medias cambiaban de coche cada
año, el Estado mantenía aplacados a los más miserables con largueza en forma de
subsidios, y la corrupción se entendía como una forma más de repartir la riqueza, de
“privatización de los recursos públicos”, en expresión de Caballero.
“Desde 1973 entró tanto dinero en el país, que prácticamente no se sabía qué
hacer con él”.
De esa tesis, que la súbita riqueza de Venezuela comenzó entonces a cavar la tumba de
las instituciones políticas hasta desembocar en la crisis que hoy se ventila en las
calles, participa también Eduardo Roche Lander, contralor general de la República
(equivalente a presidente del Tribunal de Cuentas) y crítico sin remilgos de la última
Administración, la del presidente Rafael Caldera, corrupta como las anteriores.
“Desde la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez aumentaron tanto los precios
del petróleo que se produjo un caudal de riqueza no trabajado. La gente consideró que
había que participar de ese dinero y redistribuirlo como fuera, de forma sana o
insana”, explica Roche Lander en su despacho de la Contraloría. Pero 20 años
después, el precio del petróleo no es ni sombra de lo que fue y, agotado el maná
milagroso por el saqueo, apenas queda qué repartir. “Eso produce desencanto en la
población”, cuenta Roche Lander. “Si el país es rico y yo no, razona la gente,
es porque hay alguien en el medio que se queda con todo: el gobierno y los partidos
políticos”. A medida que el dinero que chorreaba de arriba abajo y mantenía el
sistema bien engrasado dejó de fluir creció el descontento social.
“El pueblo venezolano no podía soportar que este país, que manejó miles de
millones de dólares, estuviese empobrecido como un país africano”, sostiene el
ministro de Exteriores. El descontento y el resentimiento de la mayoría acabaron por
calentar los cascos de los militares, y en 1992, Chávez se levantó para acabar con la
República que se repartían a su beneficio los dos grandes partidos, el socialdemócrata
Acción Democrática (AD) y el democristiano Copei, de izquierdas uno, de derechas otro,
ladrones todos, según el militar. No lo logró. Pero ahí inició la campaña electoral
que lo llevó a la presidencia hace seis meses, y hoy está a punto de culminar con la
revolución, que él denomina bolivariana, y que sus enemigos tachan de autoritaria y
peligrosa para la democracia.
¿Salvará la nueva Constitución a Venezuela? “La corrupción es difícil de
combatir, tiene atrapados al Poder Judicial y a los organismos de investigación”,
mantiene el ministro de Exteriores, y por eso se necesita arramblar con toda la estructura
del Estado y acabar con el predominio de los políticos tradicionales, en sustitución de
los cuales Chávez ha nombrado a numerosos militares, compañeros de asonada en 1992 la
mayoría.
LOS ABOGADOS DISCUTEN SU DEFENSA
Enfermando otra vez a Pinochet
Los
abogados españoles del ex dictador chileno Augusto Pinochet se reunirán hoy en Londres
con su cliente, con el objetivo de discutir la estrategia para su defensa antes de que
comience el juicio que decidirá si es extraditado a España. Los abogados adelantaron que
pedirán nuevos informes médicos antes del inicio el 27 de setiembre de este juicio, acto
que podría imitar el bufete de abogados británico que defiende a Pinochet. Si los nuevos
estudios confirman la conclusión de un análisis médico entregado recientemente al
gobierno británico –que consideraba probable que el ex dictador no sobreviva al
proceso– harían factible su liberación por “razones humanitarias”. En
Chile, el titular de las Fuerzas Armadas, Ricardo Izurieta, afirmó ayer que su apoyo, el
sábado, a la amnistía para los represores chilenos representaba la posición del cuerpo
militar.
Uno de los motivos de la reunión de hoy sería que el ex dictador reciba una segunda
opinión sobre la situación que le plantean sus abogados británicos. “Nuestro
cliente desea hablar con nosotros por la cuestión idiomática –explicó Stampa Braun
antes de partir de España– para que le expliquemos de la manera más clara posible
la situación y lo que nosotros vemos”. Braun y su colega Fernando Escardó se
encontrarán hoy en la casa que el senador vitalicio alquila al suroeste de Londres.
También acudirá el brigadier general Juan Carlos Salgado, el enlace con las fuerzas
armadas chilenas. En el encuentro se abordará además qué acciones tomar en caso de que
el tribunal británico falle a favor de la extradición a España. Braun consideró que
“es un caso que va a dar mucha guerra”.
La salud del ex dictador se perfila como el elemento clave en el juicio, y su equipo de
defensa británico se prepara para basar su defensa en ella. Según informó ayer su
abogado Stephen Gentle, el estado del general es cada vez más preocupante, y se decidirá
“en pocos días” si se ordenan nuevos análisis médicos. Otro abogado del
equipo confirmó que “estamos considerando argumentar el tema de la salud de nuestro
cliente (dada) la percepción generalizada de que se ha deteriorado”. El estado de
salud del ex dictador había sido puesto en duda por un informe presentado por los
partidarios de Pinochet, firmado por el médico personal del general, Helmuth Hernández,
y por el médico británico que lo trató desde su arresto, Michael Loxton. En él, se
detallaban 13 enfermedades que estarían aquejando al ex dictador, entre ellas diabetes,
problemas cardíacos y de la próstata, artritis y asma. La conclusión era que existía
un grave riesgo de que el ex dictador muriera durante el proceso judicial. La
organización de derechos humanos Amnesty International (AI) cuestionó la validez del
informe, argumentando que sólo un médico designado por los tribunales podía presentar
un informe que detenga el proceso de extradición. Pero el ministro del Interior Jack
Straw pareció prepararse para esta contingencia la semana pasada, cuando ordenó un
informe sobre cómo podría liberar a Pinochet por razones de salud.
La otra alternativa para evadir el proceso de extradición, el arbitraje internacional,
fue atacada ayer por el Colegio de Abogados de Inglaterra, que agrupa a 75.000
profesionales. La organización afirmó que el destino de Pinochet debe ser decidido por
“el proceso adecuado en un tribunal judicial”.
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