Por Susana Viau La Corte resolvió no ahondar
sus problemas y denegó el amparo presentado por los letrados del banquero Raúl Juan
Pedro Moneta. La decisión le resta chances al prófugo y respalda la postura del juez
federal de Mendoza Luis Leiva. Pero el rechazo no alcanza para fijar una tendencia
respecto de cuál seguirá siendo, de aquí en más, la actitud de los ministros de la
Corte ante el caso. El tira y afloja entablado por la competencia entre Leiva y el juez
federal de la capital Gustavo Literas pasó a las respectivas cámaras de apelaciones. Si
el desacuerdo en ese ámbito persiste, deberá ser la Corte quien laude en el entredicho.
La cuestión, de todos modos, no paraliza la causa que se instruye en Mendoza y continúa
sumando sospechosos: la fiscal María Alejandra Obregón habría solicitado el
procesamiento de Miguel Angel Nicastro, miembro del estudio jurídico que asesoraba a los
bancos Mendoza y República y representa a Moneta en las asambleas de accionistas que se
desarrollan en medio del escándalo y bajo la mirada beatífica de los veedores del
Central.
Mientras circulaban rumores inverificables sobre la captura de Moneta, la Corte emitió
una respuesta lacónica al pedido de amparo: en quince líneas y con la firma de cinco de
los nueve miembros del cuerpo consideró que el recurso es “inadmisible”. El
texto lo rubricaron dos de los cinco jueces alineados en lo que se da en llamar “la
mayoría automática”, Julio Nazareno y Eduardo Moliné O’Connor y los ministros
Augusto Belluscio, Gustavo Bossert y Carlos Fayt. El amparo había sido presentado por el
estudio Iribarren, encargado de la defensa de Moneta en la capital, ante el juez de
instrucción Alberto Baños, que se declaró incompetente. Lo reiteró Jorge Garquir ante
el juez mendocino Alfredo Rodríguez. Los defensores del banquero argüían “una
doble persecución penal” aludiendo a las causas instruidas por Leiva y Literas.
Rodríguez rechazó la petición y los defensores recurrieron en queja a la instancia
máxima.
Lo cierto es que más allá de las “chicanas” legales, en Mendoza las sospechas
se ciernen incluso sobre los abogados comercialistas de Moneta. La fiscal María Alejandra
Obregón pidió el procesamiento del abogado Miguel Angel “Lito” Nicastro, socio
del estudio jurídico que comparte con Horacio Francisco Santángelo y José María
Aranguren. El bufete asesoraba la gestión de los bancos República y Mendoza y Aranguren,
además, representó al prófugo Moneta en la asamblea de accionistas donde se dio luz
verde al plan de regularización del República que Pedro Pou aprobó para rehabilitar,
tras cartón, al banco caído.
Lo llamativo es que el estudio Aranguren, Santángelo y Nicastro funciona en el piso 5 de
la calle Reconquista 336: la misma oficina donde tienen su sede Inversora Ancona y Candia
Inversora, dos sociedades a las que el República y el Mendoza prestaron 40 millones de
pesos en cantidades idénticas para comprar las Bodegas Pulenta, las más poderosas del
país y controlantes de Peñaflor. Esa operación fue objetada por los propios técnicos
del Banco Central dando origen así al expediente 541/66 que señalaba la peligrosa
concentración de grandes créditos en pocas manos. En su descargo, Moneta explicó que
los créditos fueron otorgados en función de estudios de factibilidad realizados por
Merryl Lynch y el Citicorp. El Citicorp es socio de Moneta y Merryl Lynch, la consultora
donde el banquero revistó como asesor financiero y elaboró los pliegos de la
privatización de los bancos mendocinos.
EL JUEZ DE MENDOZA, SATISFECHO
“Era una cuestión cantada”
Por Adriana Meyer
El juez
federal de Mendoza se mostró satisfecho por la resolución de la Corte Suprema de
rechazar el hábeas corpus que habían presentado los abogados del banquero prófugo Raúl
Moneta. “Se basaron en los precedentes que tiene la misma Corte desde hace cincuenta
años porque desde el punto de vista jurídico era una cuestión cantada, salvo que haya
una voluntad distinta”, expresó ante la consulta de Página/12.
–Ayer circuló una versión sobre la detención de Moneta en Buenos Aires. ¿Usted
tiene alguna información?
–La misma que ustedes a través de un medio, pero me comuniqué con el secretario de
Seguridad (Miguel Angel Toma) y me dijo que él no tenía nada. El lunes voy a Buenos
Aires a verlo para coordinar la búsqueda de Moneta, aunque ya me envió una comisión
policial que está dedicada a eso.
–¿Sigue pensando que está en Argentina?
–A mí me da la impresión de que sí.
–¿Moneta se entera de los allanamientos por filtraciones de su juzgado?
–Mire, cuando los operativos son en Buenos Aires la información pasa por las manos
de empleados, horas antes la toma un comisario o un comandante y en un momento determinado
hay mucha gente que se entera. Con uno solo que lo filtre ya es suficiente.
–La Cámara Federal de Mendoza resolvió que usted es competente en el caso, pero la
Cámara porteña tiene que resolver el planteo del juez Gustavo Literas en sentido
opuesto. ¿Piensa que la Corte Suprema le volverá a dar la razón a usted cuando el
asunto llegue a sus manos?
–Estoy convencido que soy yo el juez competente para entender en el cierre del Banco
Mendoza, que es de Mendoza, que se cerró acá y los efectos de ese cierre se sienten
acá.
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La Corte
rechazó un recurso de amparo presentado por Moneta, lo que significa un aval a las
decisiones del juez federal que quiere detenerlo.