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 La Corte
Suprema de Justicia de la Nación le devolvió al juez Marcelo Aguinsky la causa por el
contrabando de armas a Croacia. El magistrado del fuero penal económico había enviado el
expediente al máximo tribunal con el argumento de que el gobierno croata podía haber
intervenido en la maniobra. Los nueve ministros supremos consideraron que no hay elementos
suficientes para justificar su competencia en el caso. A menos de cuatro meses del fin del
gobierno menemista, firmaron una resolución que significa que no darán protección a los
funcionarios involucrados en la venta ilegal de armas. La postura –adoptada el mismo día que se rechazó el pedido de hábeas corpus realizado por el abogado del banquero Raúl Moneta– implica que las tres causas abiertas por la venta ilegal de armas a países en guerra seguirán en manos de sus jueces naturales: Aguinsky, Julio Speroni y Jorge Urso. Según la Constitución, la Corte Suprema tiene competencia originaria en los casos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros. Aguinsky –que fue asesor del diputado César Arias durante el primer gobierno de Carlos Menem– resolvió hace cinco meses mandar el expediente por el contrabando de armas a Croacia a la Corte Suprema. La medida respondía al pedido del fiscal Roberto Leanza y de dos defensores oficiales. Leanza se fundaba para su pedido en una declaración periodística de un ex carapintada, quien aseguraba que una empresa estatal de Croacia había participado de la maniobra. La Corte en pleno decidió ayer que no hay argumentos que justifiquen su intervención en el caso. Luego de que Aguinsky declinara su competencia, el defensor general de la Nación, Miguel Angel Romero, reclamó que la Corte se quedara con las tres causas relacionadas con la venta de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia. La estrategia apuntaba a que el tribunal supremo absorbiera la causa principal que lleva Urso. Allí se investiga a varios funcionarios por incumplimiento de sus deberes, encubrimiento, falsedad ideológica de documentos y ocultamiento de pruebas. En el expediente están involucrados, entre otros, el canciller Guido Di Tella, el jefe del Ejército Martín Balza y el ex ministro de Trabajo Antonio Erman González. En la causa que deberá retomar Aguinsky están siendo investigados el ex titular de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga, y los traficantes de armas Diego Palleros, Jean Lasnaud y Roberto Sassen. La decisión que tomó ayer el máximo tribunal se contradijo con el dictamen del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, quien se había pronunciado a favor de su competencia para intervenir en el caso. Poco después de que el juez elevara la causa a la Corte se sabía que cuatro jueces ya tenían redactados sus fallos contrarios a la postura de Aguinsky, Becerra y Romero. Y, aunque en un principio se especuló con que los ministros de “la mayoría automática” resolverían hacerse cargo del expediente para proteger a los funcionarios del Gobierno, desde hace tiempo éstos dejaron trascender que no se involucrarían en el tema. Pero dejaron pasar cinco meses para firmar la resolución.
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