LA CORTE CONVALIDO EL RECLAMO SALARIAL DE LOS MILITARES
Regalo sorpresa al próximo gobierno

Los militares solicitaron a la Justicia el blanqueo de sumas no remunerativas ni bonificables. Con el fallo, el Gobierno deberá pagar 4000 millones. Primero comenzaron los juicios los militares retirados. Luego se sumaron los que están en actividad. Además de las tres armas militares, también hicieron sus reclamos las fuerzas de seguridad.

La Corte Suprema de Justicia se pronunció a favor del reclamo de los militares, en actividad y retirados, que por esa vía solicitan el blanqueo de las sumas no remunerativas ni bonificables de sus salarios. El fallo tiene implicancias desestabilizantes en el presupuesto público. Los cálculos más optimistas de los abogados de los uniformados estiman que la erogación acumulada, retroactiva a 1991, requerirá una masa de 4 mil millones de pesos. A sabiendas de las consecuencias económicas del blanqueo, los supremos abrieron el paraguas y advirtieron que “el Estado cuenta con normas en vigencia que le permiten cancelar las obligaciones no en forma inmediata”. Claro que el próximo gobierno no podrá eludir el compromiso.
La historia se remonta a 1991-1992, en ese momento para compensar los postergados sueldos de los militares en actividad se dispuso incorporar a sus salarios unos suplementos por “responsabilidad de cargo o función” y “por calidad de residencia”. Como esos adicionales no fueron incorporados al haber básico, no se practicó sobre ellos descuentos previsionales y los retirados no recibieron ninguna recomposición. Ante esa “discriminación”, iniciaron una demanda judicial. En ese momento, el Ministerio de Defensa trató de conjurar el planteo y ofreció extender el pago de esas sumas a ese sector siempre y cuando los abogados resignaran sus honorarios. Se hizo el acuerdo, pero luego los retirados iniciaron demandas para que esos suplementos se incorporaran al básico. El proceso avanzó en los tribunales con sentencias favorables en primera y segunda instancia y entre 3 y 5 mil retirados empezaron a cobrar la retroactividad hasta tanto se pronunciara la Corte.
El abogado Rafael Flores, cuyo estudio representa unos siete mil casos, estimó que “un general retirado ya lleva cobrados entre 60 y 65 mil pesos, lo cual equivale a unos 500 pesos por mes, un coronel entre 50 y 55 mil pesos y un mayor cerca de 35 mil pesos”. El blanqueo supone un incremento de entre el 30 y el 35 por ciento del salario. El Estado autorizó el pago a condición de que en caso de que la Corte Suprema de Justicia revocara los fallos favorables, los damnificados devolvieran el dinero. El cumplimiento de las sentencias ya generó situaciones totalmente anormales: alrededor de 1000 retirados ya están cobrando más que quienes tienen la misma jerarquía pero están en funciones.
En 1996, los oficiales en actividad, ante la inminencia de la caducidad de la posibilidad de iniciar planteos judiciales, empezaron a elevar reclamos administrativos ante los jefes de las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad. En el caso del Ejército, el general Aníbal Laiño emitió un radiograma que dio luz verde a sus hombres. “Los reclamos en ese sentido son estrictamente personales y fuera del ámbito de la fuerza”, leyeron los uniformados y los abogados se lanzaron a cazar clientes. Flores señaló que “el 90 por ciento del personal en actividad inició juicios. En este momento debe haber unas 200 mil demandas del Ejército, la Aeronáutica, la Armada, la Policía Federal, el Servicio Penitenciario y, en menor medida la Gendarmería”. El abogado consideró que para satisfacer los reclamos del personal en actividad se necesitarían unos 120 millones de pesos mensuales.
Durante la gestión de Domingo Cavallo como ministro de Economía, el gobierno consiguió la sanción de la Ley de Emergencia Previsional que le puso un tope a los montos indemnizatorios que podrían cobrar los jubilados que ganaron juicios por irregularidades en al liquidación de haberes. La Corte Suprema avaló esa ley y sentó jurisprudencia al ratificar que los reclamos sólo podrían ser satisfechos en la medida que el Estado tenga recursos para pagarlos. En el caso del blanqueo de los adicionales de los haberes militares, los ministros apelaron a ese antecedente al decir que la cancelación de la deuda no será en forma inmediata pues está supeditada a “los futuros presupuestos a aprobar por el Congreso”. Hasta el momento,la mayoría de los retirados, cuyos casos obtuvieron sentencia cobraron el 85 por ciento en efectivo y el resto en bonos. Ahora los plazos podrían extenderse, pero ya no hay dudas sobre la “razonabilidad” del reclamo, explican los abogados.
Otro de los argumentos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad es que tanto al personal en actividad como en retiro se le aplica un descuento del 11 por ciento en sus haberes para sostener la Caja Previsional y estas se “achican” por la cantidad de sumas en negro que engruesan los sueldos. Los oficiales pasaron el día de ayer buscando precisiones sobre los alcances del fallo judicial. La forma en que se calculará la retroactividad y el tiempo en que se efectivizará el pago son las dudas que los inquietaban.

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