Página/12

Para la CNRT, un agente externo
aceleró el fuego en el ómnibus

En un informe presentado en la Cámara de Diputados, el ingeniero Roberto Domeq abonó la hipótesis del atentado al afirmar que, si la combustión fue tan rápida, se debió a un elemento externo.

Los técnicos toman muestras en el micro incendiado la semana pasada en el parador Fighiera.
Si las llamas se hubieran originado accidentalmente, la evacuación debió ser posible, dicen.

Un nuevo elemento abonó ayer la hipótesis del atentado como detonante del incendio del ómnibus de la empresa Almirante Brown, en la ciudad santafesina de Fighiera. “Hubo un agente externo al vehículo que aceleró los tiempos” de combustión y no permitió la evacuación total del micro cuando comenzó el fuego, sostuvo por la mañana el ingeniero Roberto Domeq, de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), al dar un informe en la Cámara de Diputados. El micro de la empresa Almirante Brown quedó carbonizado en apenas siete minutos. Según el técnico, si las llamas se hubiesen originado accidentalmente, la evacuación hubiera sido posible debido a que el colectivo siniestrado “estaba habilitado” y cumplía con las normativas vigentes en cuanto a la capacidad de ignición de los materiales utilizados en su fabricación.
Domeq concurrió a la Comisión de Transporte de la Cámara baja, acompañando al titular de la CNRT, Roberto Ciappa, para informar si el micro en el que la semana pasada murieron carbonizadas 12 personas respetaba la legislación en materia de seguridad.
Ciappa enumeró todos los controles que realiza el organismo antes de habilitar las unidades y aclaró que las exigencias que deben cumplir los vehículos coinciden con las establecidas en la Comunidad Europea. Al respecto, precisó que las inspecciones incluyen muestreos para determinar el comportamiento ignífugo de los materiales, cuya combustión no debe superar los 25 centímetros por minuto. Y agregó que luego de la verificación final, los técnicos de la CNRT repiten las inspecciones cada seis meses. En el caso del micro de la empresa Almirante Brown, Ciappa aseguró que tenía su verificación extendida hasta el 29 de setiembre próximo.
El funcionario esquivó referirse a la existencia de mafias del transporte, aunque en el aire quedó flotando que el incendio pudo responder a un atentado por una guerra entre empresas que compiten por los mismos recorridos. Cuando fue interrogado en ese sentido por el diputado radical Alejandro Nieva, Ciappa se limitó a responder que su participación en el caso era meramente técnica y que lo que sabe sobre las razones del incendio “es por lo que dicen los medios”.
Las respuestas del presidente de la CNRT despertaron muchas dudas. “Si realmente el micro cumplía las normas vigentes y se incendió de esa forma, habría que modificar la reglamentación y exigir mayor seguridad en la fabricación de los vehículos. Es evidente que las normativas no son lo suficientemente seguras”, consideró, tras la reunión, el diputado justicialista Lorenzo Pepe. El legislador de la Alianza Ricardo Vago, en tanto, expresó sus dudas sobre las inspecciones del organismo. “Pensamos que no hay buenos controles sobre la inflamabilidad de los materiales de los micros”, objetó Vago.
Otro aspecto de preocupación para los diputados es la falta de una reglamentación en cuanto a la vigilancia de los transportes de larga distancia de pasajeros cuando realizan paradas en la ruta. “No existen normativas, pero debería obligarse a un empleado de la compañía a permanecer en el vehículo mientras está detenido”, opinó el diputado Pepe y pidió a la CNRT que analice rápidamente este punto. También plantearon la necesidad de exigir una mayor capacitación a los choferes para actuar frente a un incendio.
La semana próxima será el turno de las autoridades de la empresa Almirante Brown. Los propietarios de la compañía fueron citados por la comisión a concurrir el jueves. Los legisladores quieren ahondar la hipótesis del atentado mafioso. Esta línea de investigación se basa, principalmente en una "guerra de tarifas"que mantienen varias empresas y en la que ya hubo, en varias oportunidades, micros incendiados. Nunca, sin embargo, con pasajeros.

OTRA VEZ SE DISCUTE LA PISTA DEL NARCOTRAFICO
“Una reflexión absolutamente válida”

Para la jueza Alejandra Rodenas, que investiga el incendio del micro de la empresa Almirante Brown, donde murieron 12 personas, todos los indicios apuntan a que el hecho fue producto de un atentado. Sin embargo, la magistrada no arriesgó hipótesis sobre el móvil que desencadenó el hecho: “Es lo más complejo de desentrañar, se está trabajando sobre diferentes puntas de investigación y en función de eso hay líneas investigativas”, dijo, sin quebrar el hermetismo. El diputado nacional Norberto Nicotra (PJ-Santa Fe) conjeturó que el colectivo “pudo haber sido utilizado como correo de drogas sin el conocimiento de la empresa”. Para la jueza, la hipótesis de un hecho provocado por el narcotráfico es “una conjetura, una reflexión periodística absolutamente válida”. En tanto, ayer, con el reconocimiento de un matrimonio y su pequeño hijo de cinco meses, se completó la identificación de las doce víctimas.
“El indicio del atentado, y no hay problema en decirlo, se sostiene en unos testimonios que tenemos. Uno de una señora que era miembro del pasaje, que manifiesta haber visto a un hombre entrar al colectivo, dejar un bolso adentro del baño y retirarse”, explicó Rodenas. Aunque aclaró: “Es cierto que no está descartado que se trate de un accidente”.
Respecto de las conclusiones de los peritos del FBI que trabajaron sobre el ómnibus incendiado, la jueza precisó que estarán listas “en por lo menos 20 días”. Rodenas explicó que las pericias apuntan a determinar si existió o no un elemento que provocó el incendio. “Esto haría suponer la presencia de alguna sustancia. Esa es nuestra mayor preocupación, porque no todo el mundo tiene acceso a todas las sustancias”, sostuvo.
En tanto, ayer, un hombre reconoció a las últimas tres víctimas que aún no habían sido identificadas: su hijo, su nuera y su nietito. Se trata de Rubén Díaz; su esposa, Cristina Arema, de nacionalidad boliviana, los dos de 26 años, y el hijo de ambos, Leonardo Leonel, de 5 meses, domiciliados en el partido bonaerense de Merlo. Otros seis cadáveres están todavía en la morgue del Instituto Médico Legal, a la espera de que sus familiares los retiren para su posterior sepelio.

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