Por Eduardo Videla Los médicos porteños jugaron
ayer su apuesta más fuerte, en reclamo de una recomposición salarial: una multitud de
profesionales se movilizó hacia la Jefatura de Gobierno, mientras que el paro de cinco
horas que convocó el gremio tuvo una altísima adhesión. Pero la movida no alcanzó para
torcer el brazo de Fernando de la Rúa. Los médicos reclaman un reencasillamiento de
categorías, que equivaldría a un aumento de entre el 10 y el 15 por ciento. Dicen que el
jefe de Gobierno no cumple con lo que les prometió hace casi dos años, cuando les pidió
una tregua para otorgar el incremento y plasmó ese compromiso en una ordenanza. Ahora,
las autoridades dicen que el reclamo “está fuera de la ley”. El gobierno, sin
embargo, admite otra razón: si accede al reclamo, desencadenaría una ola de demandas
salariales, que no está en condiciones de afrontar.
Convocados por la Asociación de Médicos Municipales (AMM), los profesionales se
concentraron por la mañana en el Obelisco y marcharon hacia el Palacio de Gobierno. El
gremio calculó que los manifestantes sumaban más de 4000; la policía estimó que eran
2000. En cualquier caso, el tránsito quedó cortado en la zona de Plaza de Mayo.
El reclamo de los profesionales tiene su punto de partida en un decreto de 1994, durante
la gestión de Saúl Bouer como intendente porteño. Esa norma establecía que cada dos
años, todos los profesionales de planta -médicos, bioquímicos, etc.– ascenderían
automáticamente a la categoría superior. La norma se cumplió en 1996, pero en noviembre
del ‘97, De la Rúa pactó con el gremio una postergación del ajuste que
correspondía al año siguiente.
“Argumentó razones económicas y lo aceptamos con gran esfuerzo, porque fue muy
difícil bajar ese acuerdo a las bases”, dijo a Página/12 Enrique Visillac, titular
de la AMM. El acuerdo se plasmó en la ordenanza 52.236, sancionada en noviembre del
‘97, que “suspende los reencasillamientos automáticos hasta tanto se dicte la
Ley Básica de Salud y el Régimen de Empleo Público”. La norma puso como límite a
esa suspensión el 30 de junio de 1999.
En esos 19 meses, sólo se sancionó la Ley de Salud, mientras que el régimen de empleo
ni siquiera está plasmado en un proyecto. Por eso, los médicos reanudaron el reclamo el
1º de julio último. Pero el gobierno porteño, ahora, se niega a otorgarles el
reencasillamiento. “La ley básica de Salud, en su artículo 37, dice que todo
ascenso debe ser exclusivamente por concurso. Están prohibidas las promociones
automáticas”, argumentó el secretario de Salud, Héctor Lombardo, a Página/12.
“Si otorgamos el reencasillamiento, estaríamos violando la ley”, sostuvo el
funcionario.
–Si ahora el gobierno dice que el decreto de Bouer era ilegal, ¿por qué no lo dijo
en el ‘97, cuando le propusieron a los médicos una prórroga? -le preguntó este
diario a Lombardo.
–No se quiso eliminar el decreto, para usar ese reencasillamiento como un piso para
el futuro escalafón, que debe hacerse por ley.
–De todas formas, el gobierno no cumplió con el acuerdo.
–Los acuerdos son acuerdos, pero las leyes son leyes. La única palabra es la que
está escrita en la ordenanza.
El funcionario, sin embargo, desnudó una razón de mayor peso: “Un aumento a los
médicos desencadenaría reclamos de todos los gremios que dependen de la ciudad, que
demandaría 150 millones de pesos anuales. Ese dinero sólo se podría obtener con el
aumento de impuestos”, dijo.
En el sistema de salud porteño trabajan unos 10.000 profesionales. Según Lombardo, los
sueldos en bruto van desde los 807 pesos –unos 620 de bolsillo– a los 2700 para
los jefes de servicio. Para Lombardo, los profesionales porteños son “los mejor
pagos del país”.
El reencasillamiento, dicen los médicos, demandaría un gasto de 1.900.000 pesos por mes.
Lombardo sostiene que el aumento es posible, pero para otorgarlo, debe aprobarse un nuevo
escalafón. Para eso, convocó algremio a “discutir la carrera profesional
hospitalaria y el estatuto de la función pública” para el sector. Visillac
replicó: “No tenemos ningún problema en conversar, pero podían habernos convocado
en el ‘97”. De todas formas, los tiempos electorales llevarían la solución
recién para el año 2000.
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