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 El Poder
Judicial venezolano está en capilla. Cumpliendo en tiempo record una de las promesas más
anunciadas y temidas del presidente Hugo Chávez, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
de Venezuela aprobó ayer un decreto para reorganizar y depurar el Poder Judicial y
acordó constituir una comisión de “emergencia judicial”, que
“evaluará” a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Aristóbulo Istúriz, primer
vicepresidente de la ANC, controlada por los seguidores del “huracán Hugo”,
afirmó que el decreto logró el consenso de los asambleístas, quienes a lo largo de tres
días debatieron el alcance que tendrá la “emergencia judicial”. Istúriz agregó que el “sentir y el espíritu del proceso de reorganización” están recogidos en el decreto de siete páginas, el cual plantea, entre sus principales aspectos, que la comisión de “emergencia judicial” puede evacuar y procesar los miles de expedientes que reposan en los tribunales y proceder a destituir a los jueces supuestamente incursos en actos de corrupción. Además, Istúriz indicó a la prensa que la comisión estará integrada por nueve miembros, tendrá un plazo de 20 días para evaluar y elaborar un informe sobre la Corte Suprema y el Consejo de la Judicatura, el cual será presentado a la ANC. La ANC, que tiene como misión principal redactar una nueva Carta Magna, se declaró “soberana y originaria”, lo cual supone poderes absolutos frente al resto de los poderes establecidos. El jueves pasado la Asamblea acordó decretar las medidas “necesarias” para reorganizar todos los órganos del poder público. El presidente de la ANC, Luis Miquilena, indicó que el alcance del decreto “se explica por sí mismo” y señaló que entrará en vigor tan pronto se publique en Gaceta Oficial. La ANC, elegida el pasado 25 de julio, acordó que cuatro de los miembros de la “comisión de emergencia judicial” saldrán de sus filas y los otros cinco serán personalidades de la sociedad civil. Dicha decisión permitirá que magistrados del máximo tribunal o del Consejo de la Judicatura integren la comisión de emergencia judicial pero no en representación de esas instituciones sino por su experiencia y méritos propios. La emergencia judicial era temida por muchos jueces incursos en casos de corrupción y por la oposición, disminuida a ocho escaños en la Asamblea Constituyente tras la implosión del sistema político tradicional que llevó al ex golpista Chávez a imponerse en las eleccions presidenciales con un arrasador 56 por ciento de los votos. Los opositores a Chávez temen que ahora éste use sus poderes de forma discrecional, y que impulse a sus seguidores a la toma de edificios públicos donde se encuentren supuestas pruebas de actos de corrupción. Sin embargo, “el Comandante” se ha mostrado mesurado hasta el momento en este tipo de prácticas, ordenando en varias ocasiones el desalojo discreto y silencioso de lugares tomados por sus partidarios más ardientes. Luego del paso de ayer, lo que viene puede ser la disolución del Congreso, cuyas funciones y actividades hasta ahora solamente han sido “suspendidas”.
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