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 Finalmente,
Roque Fernández sugirió ayer que otorgaría los avales que reclama la Secretaría de
Recursos Naturales y Medio Ambiente, para contratar la primera obra del Canal Federal.
“Presumo que sí”, respondió el ministro de Economía ante la prensa, cuando le
preguntaron si accedería a dar la garantía del Tesoro a un consorcio que integran
Techint y Roggio, entre otros. El subsecretario de Financiamiento, Miguel Kiguel, fue aún
más cauto, al aclarar que el respaldo ministerial sólo se producirá cuando estén
despejadas todas las dudas “técnicas y legales” que genera el contrato que
firmó María Julia Alsogaray con el grupo privado.De ese modo, el Palacio de Hacienda abrió una puerta para que se zanjen las diferencias de criterio que existieron hasta el momento entre las dos áreas del gobierno, incluida Jefatura de Gabinete, tan interesada como la de Recursos Naturales en hacer la obra. Pero Economía no quiso dar el último paso, otorgando los avales para los tramos adjudicados, ya que habría encontrado serias contradicciones entre el pliego que sirvió para licitar la obra y el contrato que finalmente firmó María Julia. Para disipar los temores de Roque a convalidar una irregularidad, la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Díaz, elaboró un dictamen que avalaría la posición de Recursos Naturales, atenuando las responsabilidades del Palacio de Hacienda en el tema. “Facilita la conciliación de puntos de vista”, sentenció Roque Fernández, dando a entender que el documento abrió una puerta para hacer lo que le exige el ala política del Gobierno. Sin embargo, el ministro admitió que aún existen cuestiones legales en estudio. Más dudas planteó Kiguel al asegurar que Economía no firmará ningún aval “hasta tanto no haga un buen análisis de los aspectos técnicos y legales” de los proyectos que impulsa el presidente Carlos Menem. Para el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, ese análisis podría estar listo “en diez o doce días”. Este es el plazo en que el funcionario estimó que Fernández podría avenirse a dar las esperadas garantías. Los funcionarios de esta área minimizan los reparos de Roque, y sugieren que el ministro se opone sólo porque no es proclive a la obra pública. A criterio de Jefatura de Gabinete, existe un derecho adquirido de parte de las empresas que resultaron adjudicatarias, y esto hace imposible desandar el camino transitado, ya que hacerlo significaría afrontar costos. Seguramente, hay un dato esencial que forma parte de las especulaciones de este gobierno: la deuda que contrae el Estado por estas obras no es algo que le competa ya que, como aclaró el ministro de Economía, los desembolsos empezarían recién a partir del 2003. Alsogaray defendió el controvertido proyecto, interpretando que no es posible poner en duda su transparencia, “ya que no se trató de una adjudicación directa”. También aclaró que las obras en cuestión pasaron a su secretaría a principios de 1998, cuando se transfirieron a su órbita una serie de emprendimientos estatales que hasta entonces eran competencia del Palacio de Hacienda. De remate, recordó que el otorgamiento de avales fue comprometido por el Gobierno a través de un decreto de necesidad y urgencia, norma que firmaron todos los ministros del gabinete nacional. Según ese decreto, el Gobierno autorizó a Recursos Naturales a contratar obras por el sistema llave en mano con avales del Tesoro por un monto total de 425 millones de pesos. Según el secretario de Control Estratégico, Miguel Solé, las obras licitadas hasta ahora suman algo más de 300 millones. Pero estos emprendimientos apenas son parte de una obra para llevar agua a La Rioja, cuyo costo total fue estimado en 1200 millones.
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