OPINION
El Estado paralelo
Por Julio Nudler |
El
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está manejando en la Argentina un
paquete de proyectos por más de 1100 millones de pesos, solventados casi totalmente con
plata del Estado nacional o de gobiernos provinciales. Dentro de la penuria presupuestaria
de la ONU, este apéndice situado en Buenos Aires se asegura una vida holgada gracias al
fisco argentino, que le retribuye generosamente el servicio de mediar en el mantenimiento
de una estructura estatal paralela, mezcla de precariedad laboral, negreo previsional y
favoritismo político, dentro mismo del aparato oficial. Nadie puede medir el grado de
corrupción que existe en ese segundo Estado, porque en sus vericuetos se mezclan
técnicos y profesionales genuinos, que deben resignarse a esas condiciones laborales
superflexibilizadas, con acomodados, activistas y ñoquis. Lo cierto es que la plata
invertida y las deudas contraídas para poner en marcha y sostener cientos de programas no
lograron resultados visibles. La superestructura se come los recursos, y la realidad a
modificar sigue igual o peor.
El sistema de triangulación, que empezó con el PNUD y siguió con el Banco Mundial y el
BID, se está practicando también con la Cepal y hasta con la Facultad de Ciencias
Económicas (FCE) de la Universidad de Buenos Aires. Cada uno de estos organismos cobra un
overhead o comisión –que en algunos casos llega al 22 por ciento del monto
involucrado– por la gestión administrativa, que en la práctica consiste en servir
de paraguas, preparar los contratos y extender los cheques, porque los contratados cobran
en la ventanilla del ente intermediario.
En Económicas, el sistema se convirtió en una opción laboral para recién recibidos o
próximos a recibirse, pero en realidad tanto estudiantes como graduados siempre
estuvieron en minoría en relación con los nombres puestos por el Ministerio de
Economía. La Facultad no se anima a cuestionar estas imposiciones porque el dinero lo
provee el ministerio, y ante todo por la jugosa tajada financiera que obtiene la casa de
Córdoba y Junín. Económicas llegó a embolsar más de 10 millones de pesos anuales por
gestionar proyectos, y con parte de ese dinero está pagando sueldos docentes adicionales
ante la explosión de su matrícula. Franja Morada no ha creído oportuno denunciar estos
tratos irregulares, instrumentados desde el Poder Ejecutivo.
Todos los contratos son precarios, por períodos que van de tres a seis meses, y
excepcionalmente doce, renovables. No hay aporte previsional, ni obra social ni derecho al
pataleo ante una rescisión abrupta. El único descuento es la retención del impuesto a
las Ganancias, si corresponde, salvo en el caso del PNUD, que deja librado el asunto a la
declaración impositiva del contratado. Cuando el ajuste alcanza hasta ese extraño
confín de la burocracia estatal, llega la orden de no renovar los contratos, y cientos de
profesionales quedan varados. Ahora, a tres meses y medio del cambio de guardia en el
poder, miles de consultores cuentan los días que les restan. Aunque los programas duren
varios años, cambiarán los coordinadores y éstos –se supone– pondrán a su
gente.
La falta de transparencia y de control sobre el sistema –a pesar de la formal
intervención de auditoras como Price o Arthur Andersen– permite que los jefes de
proyecto, y sus superiores en la jerarquía ministerial o del organismo público que sea,
incorporen familiares y allegados a los programas. Esta forma de nepotismo y amiguismo no
implica riesgos porque el verdadero contratante no aparece en este papel y queda
mediatizado por la entidad gestora, aunque con el inconveniente de que sus favorecidos no
quedan incorporados en planta. Es cierto que tampoco deben someterse a ningún concurso.
Algunas veces, la inclusión de parientes es apenas un complemento del sistema de diezmos,
por el cual los contratados deben ceder parte de su paga como retorno a sus superiores.
No sólo el gobierno nacional y sus operadores menemistas apelan a estos mecanismos
oblicuos para contratar gente con agilidad, esquivando lasrestricciones formales y los
debidos procedimientos, además de no figurar en el presupuesto con su verdadero
carácter. Los gobernantes radicales de la ciudad de Buenos Aires se valen del mismo
atajo. Un ejemplo de esto es el actual cálculo del Producto Bruto porteño, trabajo en
que la Cepal pone la cara. En cambio, la mayoría de los técnicos que se ocupan de medir
el PBI nacional son precarizados que cobran en la ventanilla del BID. Este, para el caso,
no actúa como banco prestamista sino como gestor. Obviamente, también el gobierno
provincial de Eduardo Duhalde desarrolló un amplio Estado paralelo.
Para los profesionales no hay opciones: la única forma de ingresar al Estado es aceptar
esta vinculación indirecta a través de contratos precarios, que no les ofrecen más que
un horizonte provisorio. Sin embargo, pueden tener la ventaja de ganar sueldos muy
superiores a los que paga el sector público, a veces con muy poco esfuerzo. El abanico
salarial es muy amplio. Abarca desde los pasantes de Económicas, que cobran entre 600 y
800 pesos, hasta los contratados del BID o del PNUD, cuya retribución va desde 900 hasta
12.000 pesos (tope que por ejemplo ganaban los asesores de los que se rodeó el ex DGI
Ricardo Cossio cuando se instaló en La Plata como subsecretario de Ingresos Públicos).
Todo depende de cómo y entre cuántos quieran los jefes de proyecto repartir el dinero
asignado al asunto en cuestión.
Además de su costado financiero neblinoso, el sistema triangular permite introducir en el
Estado cuerpos enteros de funcionarios técnicos que sirven de soporte inmediato para los
niveles políticos y están imbuidos de la cosmovisión de los organismos multilaterales.
Pero además de la sintonía ideológica con gobiernos como el de Carlos Menem, los
representantes de esos organismos prefieren vivir en armonía con el gobierno local
porque, en lo personal, no encuentran de qué quejarse: trabajan en oficinas suntuosas
(como las de Esmeralda 130 u otras), perciben sueldos envidiables, gozan de beneficios
extrasalariales, y hasta en situaciones de emergencia cuesta ubicarlos en menos de cuatro
días. No les vale la pena arriesgar su status mostrándose rigurosos con los gobernantes.
Su espíritu tolerante es digno de imitación. |
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