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 El jefe del
Ejército, Martín Balza, reveló ayer que “unos 18 mil militares iniciaron acciones
judiciales contra el Estado”, demandando la incorporación retroactiva de las
bonificaciones que no estaban sujetas a deducciones a sus salarios básicos. El jefe
castrense confirmó que, “en caso de que todas las acciones judiciales obtengan un
fallo favorable, y se pagaran las retroactividades”, el Tesoro nacional deberá
destinar unos cuatro mil millones de pesos para compensar la diferencia en las
liquidaciones tanto del personal militar en actividad como en situación de retiro, cuyos
salarios están por ley equiparados a los activos. El jueves pasado la Corte Suprema
falló a favor de las demandas impulsadas por los uniformados, y el próximo gobierno
deberá hacerse cargo de la deuda. La escalofriante suma que recibirá el personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad se originó en un intento por paliar los alicaídos sueldos de los militares en 1989. Según fuentes militares, los planteos salariales y la inquietud que los mismos generaban entre los cuadros castrenses llevaron al entonces jefe de la fuerza, el fallecido general Isidro Cáceres, a “instrumentar un mecanismo previamente acordado con el Ejecutivo”, mediante el cual se incrementó el ingreso del personal a través de aportes extras. Así, se incorporaron a los sobres de los uniformados una serie de bonificaciones que aumentaron en un 35 por ciento sus remuneraciones. Las mismas fueron consignadas como suplementos por “responsabilidad de cargo o función” o “inestabilidad de residencia”. Pero no fueron ingresadas como parte del salario básico, en otras palabras se trataba de aportes en negro. Pero esto no conformó a los militares. Tanto personal en actividad como retirados iniciaron acciones legales para que las bonificaciones sean reconocidas como parte del salario, blanquearlas. El objetivo esta claro: los pasivos de las FF.AA. reciben el mismo básico que los activos, y como los extras no estaban incorporados a él se quedaron sin cobrar el aumento. La demanda unificó unas 300 causas judiciales que llegaron a la Corte. El jueves el tribunal falló a su favor. La medida le permite a la masa de retirados castrenses, que por ley cobran el mismo salario básico que el personal en actividad, reclamar el cobro retroactivo de esos extras a los que hasta ahora no pudieron acceder. Y se llevarán de un plumazo miles de millones ante el espanto de los menos privilegiados. Entre ellos los docentes. Después de dos años de permanencia de la Carpa Blanca en la Plaza del Congreso, de batallas legislativas, de marchas multitudinarias que paralizaron el tránsito en el centro de la ciudad, de enfrentamientos y renuncias en el gabinete nacional, de idas y venidas agobiantes entre dirigentes políticos, de voluntariosos automovilistas que hoy ostentan en el parabrisas de su auto la oblea de un impuesto de vencimiento postergado, no se logró consolidar el Fondo de Incentivo Docente para mejorar el salario de los maestros: 700 millones de pesos. Pero curiosamente el fallo que benefició a los militares puede cambiar la situación. Los docentes reciben una remuneración cargada de bonificaciones no remunerativas y no bonificables, tal como sucedía con el personal de las Fuerzas Armadas. El antecedente que fijó la Corte abre el camino para que los educadores reclamen ante la Justicia una resolución similar a la que benefició a los uniformados.
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