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Por Adriana Meyer  La Cámara
Federal porteña rechazó en pleno el pedido de apertura de un sumario administrativo
contra los integrantes de la sala I de ese tribunal, presentado por la defensa del ex
presidente de facto Jorge Rafael Videla. Los abogados Alberto Rodríguez Varela y Carlos
Tavares habían sostenido que los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani
“habrían dejado trascender elementos de juicio que perjudicaban a Videla y que
fueron publicado por dos matutinos”, entre ellos Página/12. Este diario adelantó
que la causa que investiga la sistemática apropiación de los hijos de los desaparecidos
durante la dictadura seguiría en pie porque la sala I confirmaría los procesamientos y
las prisiones preventivas dictadas en enero por el juez Adolfo Bagnasco contra los ex
jefes militares. En la reunión del plenario de la Cámara realizada ayer, los magistrados Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun consideraron que las notas aparecidas sólo reflejaban una “especulación periodística”, ya que sus pares no tenían aún “nada resuelto”. Los abogados de Videla habían aducido hace veinte días que los camaristas Riva Aramayo y Vigliani dejaron trascender al periodismo la decisión que adoptarán en la causa que tramita Bagnasco. Los tres integrantes de la sala II recibieron el informe escrito de sus pares, quienes pusieron el acento en destacar que ni siquiera habían redactado un borrador de la resolución por lo cual “mal podría haberse filtrado algo que aún no estaba decidido ni redactado”. El plenario consideró ayer que no incurrieron en esa filtración y archivó el requerimiento de Rodríguez Varela y Tavares. Según una fuente cercana a la investigación, la sala I resolvería en veinte días la batería de apelaciones y recursos que presentaron los militares involucrados para tratar de detener el proceso que los tiene como protagonistas. Los camaristas deberán decidir u si la competencia es de la justicia federal o del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, CONSUFA (Videla y Acosta pretenden que intervenga la justicia militar); u si la competencia es de Bagnasco o de María Servini de Cubría, tal como argumenta Massera, en base a que la jueza tiene el expediente más antiguo (en el que también está procesado el Almirante Cero); u si hay “cosa juzgada”, como entiende Videla; u si hay prescripción, como sostienen Massera y Acosta; u si hacen lugar a la apelación de los procesamientos y las prisiones preventivas que dictó Bagnasco a los siete militares imputados; u si aceptan la recusación contra Bagnasco presentada por los represores; u si aceptan la decisión de la Cámara Federal de San Martín que entendió que Bagnasco debe intervenir en la causa que investigaba el juez Roberto Marquevich, quien encarceló a Jorge Videla en junio de 1998. (Este aspecto sólo afecta la situación de Videla y no al resto de la causa.) Según fuentes judiciales consultadas por Página/12, la sala I rechazaría la competencia de la justicia militar y tampoco aceptaría que los delitos que les imputan sean considerados como “cosa juzgada” o prescriptos. Jorge Videla, Emilio Massera, Cristino Nicolaides, Reynaldo Bignone, Rubén Franco y Antonio Vañek seguirán presos, aunque en la comodidad de sus hogares porque tienen más de 70 años y disfrutan del beneficio del arresto domiciliario. El torturador Jorge “Tigre” Acosta permanecería preso en dependencias de la Gendarmería en Campo de Mayo. El prefecto retirado Héctor Febres está detenido en la sede central de Prefectura, pero su situación podría mejorar.
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