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 “Síganme,
no los voy a defraudar”, pareció decirles la Corte Suprema a los jueces cuando
estableció que no precisarán una nueva bendición del Senado para seguir en el cargo
después de los 75 años. El requisito figuraba en la Constitución. Por eso, con su fallo
del jueves la Corte hizo mucho más que buscar el liderazgo de la corporación judicial:
se colocó a sí misma como un poder por encima de cualquier otro. Por encima de la
Constitución. Del Congreso. De la Constituyente del ‘94. Y, sobre todo, por encima
del próximo gobierno. Si alguien se preguntaba qué significa el concepto de inseguridad
jurídica, ya lo sabe.La cáscara de lo que pasó es simple: u El ministro Carlos Fayt, de 81 años, quería seguir en el cargo. u El artículo 99 de la Constitución dice que, al cumplir 75, los ministros de la Corte y los jueces federales necesitan nuevo acuerdo del Senado, renovable cada cinco años. u La Corte señaló que ese artículo de la Constitución no es “razonable” porque el Congreso no había incluido el tema cuando convocó a la Constituyente y, entonces, ésta se extralimitó. El alcance del fallo es muy amplio y preocupa a la oposición. “Es ridículo pensar que la Corte solo le hizo una gauchada a Fayt”, comentó un jurista de la Alianza con vocación de anonimato a Página/12. Tenía razón. Si solamente se hubiera conmovido por el futuro laboral de Fayt la mayoría menemista podría haber votado como Gustavo Bossert, que encontró razonable el pedido de su colega de no pasar otra vez por el Senado pero no consideró insensatos a los constituyentes. Este diario pudo establecer que, cuando hace números, Fernando de la Rúa no está preocupado por la continuidad de Fayt. Al contrario. “Prefiere tenerlo a Fayt en la Corte porque sabe que no integra la mayoría automática menemista, a que ahora Menem lo reemplace por otro incondicional”, confió un experto con acceso directo al candidato presidencial de la Alianza. Agregó que a De la Rúa lo fastidia, de todas maneras, el símbolo institucional de una Corte que se autoprotege, pero que lo irrita mucho más el fallo que convalidó el aumento retroactivo de los militares. Es una base mínima de cuatro mil millones que en principio el próximo gobierno debería pagar a oficiales en actividad y en retiro. “Yo estoy seguro de que un fallo como el de los sueldos militares jamás hubiera salido si sus consecuencias presupuestarias hubieran recaído sobre el gobierno de Menem y no sobre el que viene”, es la interpretación del ex camarista Ricardo Gil Lavedra, un jurista de la Alianza menos reservado que el anterior. Otro jurista, el legislador porteño Raúl Zaffaroni, recordó a este diario que por tradición la Corte dicta la inconstitucionalidad de una ley “como recurso último, cuando todos los pasos anteriores están agotados”. En este caso no agotó ningún proceso, y además dijo que era inconstitucional nada menos que la Constitución. “Exageró la nota”, dijo Zaffaroni. De todos los ministros de la Corte, el que no exageró fue Enrique Petracchi. Le bastó con excusarse de opinar. “Su actitud fue la más correcta”, dijo otro de los asesores de De la Rúa. “Es absurdo que los jueces de la Corte fallen no solo sobre un compañerito de clase sino sobre un tema que puede afectar en poco tiempo a cualquier otro de ellos cuando cumpla 75”, criticó. “Me parece ridículo que fallen sobre inconstitucionalidad justo cuando un tema los toca personalmente; ya otra vez esgrimieron una supuesta independencia al resistir una medida del Poder Ejecutivo sobre los salarios judiciales.” Para Melchor Cruchaga, vice de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, “es criticable haber considerado que la Constituyente no podía tratar el tema de la edad de los jueces”. Opinó Cruchaga que “si hay un capítulo de la Constitución que mereció una reforma sustancial, fueel del Poder Judicial”. Si se introdujo, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura como instrumento de designación, control y remoción de los jueces –salvo para los de la Corte Suprema– era sensato cambiar una norma mucho menos importante que la creación del Consejo. El punto es clave. ¿Para qué, o contra quién, puede querer la Corte buscar el liderazgo de familia judicial? Para disputarle poder al Consejo de la Magistratura. O para trabarlo. No es la primera vez que lo hace. En noviembre del ‘98, a solo diez días de la asunción del Consejo, emitió una acordada negándose a entregar los expedientes disciplinarios contra los jueces. Después dejó sin efecto un sistema de reescalafonamiento del Poder Judicial propuesto por el Consejo, que por ley tiene competencia plena en presupuesto y administración. Nilda Garré, diputada de la Alianza, no tiene dudas de que “la Corte ha dejado sentado un antecedente en el que amplía sus poderes, los reafirma, cristaliza los fueros de un grupo de gente hasta la muerte y ata de pies y manos al próximo gobierno en otra muestra de que se trata de un grupo de militantes del oficialismo”. Página/12 quiso saber si los diputados de la Alianza y el duhaldismo se proponen pedir el juicio político a la Corte Suprema también por este fallo. Juristas y políticos coincidieron en que las razones están dadas. Pero expresaron dos tipos de dudas. Una, que los candidatos no parecen resueltos en este momento a redoblar la carga contra la Corte. Fernando de la Rúa, porque va ganando en intención de voto y desconfía de las jugadas fuertes. Eduardo Duhalde, porque va perdiendo e imagina jugadas fuertes de impacto masivo, como la consagración de Eduardo Lorenzo como ministro de la Maldita Policía. Otra duda es práctica. Para aprobar la acusación que abra el camino hacia el juicio político hacen falta los dos tercios de los presentes en la Cámara de Diputados, y después, para enjuiciar, el Senado necesita también una mayoría calificada. Lo cierto es que el fallo sobre la inmortalidad de los jueces abrió una polémica sorda, pero creciente, en especial dentro de la Alianza. ¿Qué afecta más a la seguridad jurídica, la supervivencia de esta Corte o una discusión urgente sobre el modo de cambiarla? Y en términos más políticos, ¿cuál es el comportamiento previsible de la actual mayoría menemista si gana la oposición? ¿Bastará con darle una buena embajada a Antonio Boggiano? ¿Se tentarán también Adolfo Vázquez y Ricardo López? ¿Y Eduardo Moliné O’Connor, el cuñado de Hugo Anzorreguy, admitirá una negociación para resignar su puesto? “Ni siquiera aceptó hacerlo en medio del Pacto de Olivos”, se apuró a contestar uno de los negociadores de aquel momento. “Todavía me acuerdo de Eduardo Bauzá y Carlos Corach hablando pestes de Anzorreguy.” Es decir: ¿los jueces de la Corte se animan a cruzar el desierto de un gobierno aliancista sin un vaso de agua? ¿O, en rigor, un Senado controlado por el peronismo será un oasis suficientemente reparador? Hay una posibilidad aún más inquietante: ¿los ministros han empezado a diferenciarse del menemismo mientras castigan por anticipado a la Alianza? En la semana que pasó hay señales para los dos gustos, pero nada impide combinarlas: u La Corte se diferencia del menemismo. Quien opine así podrá citar la decisión del tribunal supremo de que una de las causas por contrabando de armas no debe pasar a la Corte. u La Corte mina el futuro. El argumento a mano es el fallo aceptando el reclamo de oficiales de las Fuerzas Armadas que piden el blanqueo retroactivo de sus salarios. Los jefes de la Alianza manejan la hipótesis de que la Corte no iba a fallar sobre los salarios militares pero alguien los apuró. Si alguien es, en verdad, Alguien, significa que el control remoto sigue funcionando. Gil Lavedra inscribió el fallo sobre los salarios militares en la línea de las “decisiones irresponsables que comprometen seriamente la gestión del próximo gobierno, como el proyecto del gasoil”, y aprovechó para citar como otro antecedente “aberrante” el fallo de la Corte que revisó la sentencia absolutoria en favor de Horacio Verbitsky, Ernesto Sokolowicz y Ernesto Tiffenberg en una querella iniciada por el Presidente. La oposición y el duhaldismo se preguntan si el control remoto seguirá con pilas después del 10 de diciembre. En el caso de la Alianza, una interpretación sostiene que la perspectiva de un peronismo fragmentado facilitará las negociaciones para remover a alguno de los ministros. “Alguno de los peronismos podría participar del consenso para cambiar a un juez de la Corte, porque todos saben que la permanencia de los que integran hoy la mayoría automática depende nada más que de cuestiones políticas”, analizó uno de los juristas. “No tienen prestigio profesional ni apoyo social, y una remoción será aplaudida por la gente.” Pero cualquier especulación se acaba delante de una certeza: será imposible siquiera rozar el poder de este tribunal supremo sin un impresionante movimiento de opinión pública que ponga el problema de la Corte cerca del ranking de preocupaciones mayores, como el desempleo y la inseguridad. Una especie de tolerancia cero para la Corte Suprema.
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