La Corte Suprema de Justicia acaba de avalar el pedido de un grupo de militares para que sean incorporados a sus salarios y haberes suplementos que hasta ahora no eran remunerativos. El pronunciamiento abre las puertas para que se extienda ese beneficio a todos los uniformados, obligando al Estado a pagar retroactividades que, según fuentes castrenses, podrían sumar 4000 millones de pesos. Además, para desgracia de las futuras administraciones, el Supremo Tribunal también sentó un precedente para que prosperen otras miles de causas iniciadas por activos y retirados, que forzarían una erogación similar. El Congreso puede reforzar incluso esta carga sobre las cuentas públicas si aprueba el proyecto del oficialismo para indemnizar a quienes tuvieron que exiliarse durante la última dictadura militar.
La noticia de aquella sentencia, que la Corte difundió el jueves, alborotó a la Comisión de Defensa del Instituto Programático de la Alianza (IPA), que esa tarde estaba reunida en sus oficinas de la calle Alsina. El ex ministro de Defensa radical, Horacio Jaunarena, y el militar retirado y ex funcionario bonaerense Carlos Giardino arriesgaron rápidamente algunos cálculos sobre el impacto económico que podría tener la decisión judicial, sabiendo que ésta extiende un pagadiós que recaerá sobre el próximo gobierno.
Giardino –quien también integra el staff de investigadores del Centro de Estudios para la Etica y la Eficiencia en la Función Pública (CEEAP), presidido por el economista Ricardo López Murphy– ya había planteado el problema en un trabajo que acaba de editar, titulado Fusiles y Sistemas. Allí diferencia los dos grandes grupos de demandas castrenses que se están canalizando por vía judicial y acechan el siempre insuficiente presupuesto del sector.
Uno de los reclamos tiene puntos en común con el que originó aquel fallo de la Corte. Agotada la vía administrativa, muchos militares comenzaron a exigir judicialmente que se les continúe pagando unos adicionales que este gobierno otorgó por decreto y luego suprimió selectivamente. Se trata de “suplementos generales” que no pueden administrarse discrecionalmente y deben ser otorgados por ley. Giardino calculó que, de prosperar, esta demanda podría obligar al Estado a desembolsar alrededor de 800 millones de pesos sólo en retroactividades.
Pero una amenaza aún mayor proviene de los miles de juicios de retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad, que pretenden cobrar un haber acorde con la remuneración del personal en actividad. La exigencia, fundada en lo que disponen las leyes orgánicas de esas fuerzas, ya cuenta con algunos dictámenes judiciales favorables, lo que permite presumir que podría resolverse a favor de los demandantes. Además, muchas de las causas tienen el respaldo de abogados que, aparentemente, se especializan en el tema: sólo el estudio de Appiani, Olivera y Ortiz está tutelando varios miles de demandas.
Si finalmente la Justicia ordenara pagar a todos (hay más de 100.000 retirados), el Tesoro debería afrontar una erogación cercana a los 3000 millones para pagar retroactivos, siempre y cuando el Estado se ampare en el artículo del Código Civil que impide reajustar hacia atrás por más de cinco años. Pero también aumentarían hacia el futuro los gastos fijos anuales en alrededor de 500 millones, porque los haberes serían mayores.
El subsecretario de Financiamiento, Miguel Kiguel, se refirió el viernes a la consecuencia ineludible que tendría sobre el presupuesto la resolución del máximo tribunal. “Aumentará tanto el endeudamiento como el gasto”, fue el escueto comentario del colaborador de Roque Fernández. Seguramente, las retroactividades se pagarán emitiendo nuevos bonos. Pero el reajuste de remuneraciones aumenta el gasto corriente y obliga aconseguir más efectivo de inmediato, con el agravante de que salarios, retiros y pensiones del sector insumen el 90% del gasto en defensa.
El panorama presupuestario amaga ensombrecerse aún más si es aprobado el proyecto de ley que los políticos aliancistas también consideraban el jueves con cierto escozor. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, con el respaldo de la bancada del PJ en Diputados, prevé el pago de una indemnización a quienes prueben que, por haber sido víctimas de persecuciones políticas, tuvieron que emigrar. El resarcimiento se calcularía sobre la base de un cierto monto por día de exilio. Oficiosamente, el IPA estimó que el Estado tendría que desembolsar cerca de 1500 millones por ese concepto.

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