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Por Irina Hauser  A mediados
de la semana pasada, el juez Alberto Baños llevaba una montaña de 300 páginas
redactadas, que seguían multiplicándose sobre su escritorio de madera oscura lustrada.
Una legión de imputados en la causa de los ñoquis del ex Concejo Deliberante pasó el
fin de semana mordiéndose las uñas en consecuencia. Las fojas sumaron cerca de 600.
Ayer, finalmente se supo que el magistrado decidió procesar, dictar prisión preventiva y
trabar millonarios embargos contra los ex presidentes del cuerpo legislativo Juan Trilla
(UCR) y José Manuel Pico (PJ). También procesó al actual legislador de la Alianza,
Eduardo Clienti, cuya situación la Legislatura porteña ya empezó a discutir, y a otros
siete ex funcionarios. Para Roberto Luaces, un secretario administrativo de la gestión de
Pico, agregó una orden de detención que ya lo puso entre rejas. Habrá apelaciones de
fiscales y abogados. La responsabilidad sobre 226 cargos en la vieja institución legislativa que nadie ocupaba pero por los que alguien cobraba, se agrega ahora al prontuario de Pico, que ya está en la cárcel por asociación ilícita y estafa. Baños le agregó también un embargo por la friolera de 2.300.000 pesos. A Trilla se lo culpa por la contratación de 57 empleados fantasmas de la llamada planta transitoria y le tocó un embargo de 600.000 pesos. Entre los procesados figura su hijo, Eduardo Trilla, que trabajaba como su secretario. La resolución exige, al margen, que se restituya el dinero correspondiente a una veintena de empleados ñoquis. La situación del actual legislador Eduardo Clienti y ex secretario legislativo del Concejo, es delicada. Quedó procesado y con un embargo de 150 mil pesos, pero se salvó del arresto porque lo protegen sus fueros. Clienti avaló la designación y los cobros de dos personas que nunca trabajaron en la institución. "Recién cuando el fallo de Baños quede firme, la Legislatura podría desplazarlo de su cargo actual", explicó el vicepresidente del cuerpo y querellante en esta causa, Aníbal Ibarra. Aunque varios de sus colegas le sugirieron a Clienti que se tome licencia "para evitar conflictos", en principio él se resistiría a hacerlo, según pudo saber este diario. "Es una decisión de él --acotó Ibarra--, pero también hay una responsabilidad política". Mientras ayer en la bancada radical reconocían que el tema de Clienti deberá incluirse en la agenda de hoy, la Policía Federal detenía, con la orden del juez en mano, a Luaces y le embargó una suma equivalente a la de Pico, de quien había sido colaborador. En simultáneo, otros ex funcionarios que habían sido indagados descorchaban porque se les dictó falta de mérito. Es el caso Humberto Bonanata, quien ayer ya se imaginaba ocupando algún cargo en un posible gobierno de Fernando de la Rúa. La misma figura favoreció al actual legislador porteño Eduardo Pacheco, al ex concejal Héctor Menéndez (PJ) y a varios ex empleados que certificaban prestaciones de servicios. A Luaces, Pico y Trilla, Baños les dedicó frases similares en la resolución, en la que les cuestiona que al ser indagados días atrás intentaran echar la culpa a terceros por los nombramientos irregulares. Los ex presidentes apuntaron a los secretarios administrativos y Luaces a la presidencia, o sea a Pico, y al secretario técnico, Pedro Posnanzky, cuyo nombre resonó a raíz de su suicidio días antes de declarar en este juicio. El juez cuestiona a los tres hombres que por "omitir llevar a cabo el debido contralor casi resultaba una burla a los deberes que tenían". O sea, la "omisión" del control por parte de las autoridades ha logrado "que se concretara el obrar comisivo de sus dependientes", afirma. "Existían --agrega-- serios elementos en manos de los funcionarios como para ser conscientes del estado de las arcas patrimoniales del Concejo". Y para ilustrar cita un informe de la Sindicatura General de la Nación que revelaba un déficit contable. Para el juez el compromiso de los dos ex titulares se evidencia también en que "la firma de los decretos estaba en sus manos". Varios abogados defensores de los damnificados se preparaban para presentar apelaciones antes del viernes. "A Juan Trilla se lo responsabiliza por 57 personas a las que no conoce y que no dependían de él. Por supuesto que vamos a apelar", explicó a Página/12 el abogado Zenón Ceballos. El recorrido de esta megacausa que remite a la financiación ilegal de la política no termina acá. Baños ya entra en calor para citar a otras 500 personas implicadas de diferentes maneras y todavía cabe que la Cámara revise el fallo. Por su parte, los fiscales que intervienen (Eduardo Amelotti, Mónica Cuñarro, Marcelo Roma y Augusto Troncoso) apelarían algunos de los casos que recibieron falta de mérito. Todavía están prófugos, además, otros seis ex funcionarios del Concejo cuya detención el juez ordenó a mediados de julio.
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