El derrotero de los sueldos de maestros y profesores es similar al de los uniformados. Para sortear la incidencia de la antigüedad y los descuentos sociales y previsionales, los distintos gobiernos otorgaron incrementos salariales mediante sumas fijas no remunerativas ni bonificables. En el caso de los militares, esa política salarial se remonta a 1989. Fue la forma de calmar el malestar de las Fuerzas Armadas por el atraso salarial. En el caso de los maestros bonaerenses, las sumas en negro aparecieron en 1992: el gobierno fijó una suma fija de 100 pesos en concepto de presentismo. En 1994, se otorgó otra compensación adicional de 30 pesos por material didáctico. En ambos casos, no se practicaron sobre esos montos los descuentos previstos por ley.

El abogado Pablo Cabral, quien representa a docentes de distintos puntos de la provincia, dijo a este diario que "el Estatuto del Docente, que es la ley que regula la relación laboral de los docentes establece que los maestros cobrarán un salario básico, bonificaciones por antigüedad, por ruralidad, por trabajo especial y horas extras, es decir que las sumas que se liquidan por presentismo y material didáctico están fuera de la legalidad. Esos montos se fijaron por decreto y un decreto nunca puede modificar una ley como el Estatuto".

Para iniciar la vía judicial se debe agotar primero la instancia administrativa. Los abogados presentarán un recurso de "pronto despacho" ante la Dirección General de Cultura y Educación para, una vez concluida esa instancia, promover la acción judicial ahora con el aval del fallo de la Corte Suprema. "Esa sentencia es un antecedente jurisprudencial del más alto tribunal. El concepto teórico de sueldo está creado por la doctrina de los tribunales laborales: si un monto tiene el carácter de remunerativo (forma parte del sueldo), normal y habitual es parte del sueldo básico, con más razón en el caso de los maestros que son todos empleados públicos", comentó Cabral. Los maestros bonaerenses cobran 234 pesos de básico, 100 pesos por presentismo y 30 por material didáctico, además de los adicionales por ruralidad y antigüedad.

El planteo de blanqueo de salarios forma parte de las reivindicaciones históricas de los gremios. Sin embargo, los sindicatos han privilegiado la negociación y no han acudido a la Justicia. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, Francisco "Tito" Nenna explicó que "la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) realizó presentaciones por evasión ante el Instituto Municipal de Previsión y ante la DGI porque, de hecho, el Estado está evadiendo los aportes tanto patronales como de los empleados. Sin embargo, todo cayó en saco roto", pero advirtió que "si ahora se le reconoce la reivindicación a los militares, es aplicable mucho más a los docentes que en el caso de la ciudad de Buenos Aires reciben un 30 por ciento del salario, en estas condiciones, unos 74 pesos". El blanqueo de sueldos fue reclamado el año pasado cuando el gobierno porteño envió el presupuesto a la Legislatura y este año retomarán la embestida el 30 de setiembre cuando se inicie el proceso para el año próximo. El meollo de la cuestión es la alta incidencia de los blanqueos en el presupuesto público, máxime si se trata de sumas retroactivas. Los abogados calculan que los 246 mil agentes educativos bonaerenses tendrían que recibir entre 8 y 10 mil pesos pendientes desde el '92.

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