Sin apartarse de su defensa netamente política, y demostrando un amplio conocimiento de la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, el ex ministro de Defensa, Antonio Erman González, deslindó su responsabilidad, repartiendo culpas en los funcionarios que pasaron por la Cancillería: el actual ministro Guido Di Tella, Domingo Cavallo y el embajador Juan Carlos Olima son algunos de los complicados luego de la extensa declaración que Erman realizó ayer durante cerca de seis horas frente al juez federal Jorge Urso.
Según fuentes judiciales, Erman habría complicado la situación del jefe del Ejército, general Martín Balza, al señalar “que en un informe escrito en septiembre de 1992, habría reconocido la existencia de versiones que sostenían que se había detectado en Croacia material de origen argentino”.
En sintonía con su alegato de la semana pasada, Erman González insistió con que la Cancillería estaba advertida sobre posibles anormalidades en la venta de armas. Advertencias que, según González, el ministerio de Defensa no tenía. El polifuncional ministro de Carlos Menem recordó que Domingo Cavallo había sido advertido por el embajador Enrique Candiotti, sobre los riesgos que tenía el hecho de firmar decretos “marco”. El embajador le había señalado al entonces canciller Cavallo, que “firmar decretos en los que las armas autorizadas se irían entregando paulatinamente favorecía la triangulación del material bélico”. Según Erman, las advertencias se incrementaron durante la gestión de Di Tella. Luego de haber estudiado detenidamente el expediente que lo tiene como imputado, Erman sabe que el cable del por entonces embajador en Perú, Arturo Ossorio Arana, y las alertas dadas por quien fuera embajador en Yugoslavia en aquella época, Federico Barttfeld, son claras señales que no podían ser desconocidas por Di Tella. El ex ministro, al recordar estos hechos, sembró sospechas sobre su ex compañero de gabinete, tal vez porque conoce la complicada situación judicial de la Cancillería.
“Yo autoricé a vender las armas que estaban incluidas en los decretos y estaban dirigidas a los países que allí figuraban, si éstas fueron desviadas, fue por que fuimos engañados por los intermediarios”, fueron los dichos con los que el ex ministro insistió con su inocencia. Erman repartió las culpas entre sus antiguos pares del gabinete y fundamentalmente a las líneas inferiores de los ministerios complicados en la causa judicial y a algunos directivos de Fabricaciones Militares. En este último grupo no incluyó al ex director Luis Sarlenga, actualmente en prisión. Erman honró la vieja relación que existe entre ambos y rescató al funcionario encarcelado como un funcionario “honesto”.
En público, Erman se encargó de desvincular al jefe del Ejército. A la salida de su declaración indagatoria, dijo que “Balza no participó para nada en la formulación de los decretos. El Ejército no puede vender armamento a través de Fabricaciones Militares”, fueron los dichos del ex ministro. En el expediente no lo respaldó tanto. Al sostener que él “sólo autorizó a vender armamento nuevo, producido por Fabricaciones Militares”, motivó que inevitablemente las sospechas se dirigieran hacia el jefe del Ejército. La investigación judicial comprobó que gran parte del material bélico exportado era usado, y el fiscal federal Carlos Stornelli, en su acusación de septiembre del año pasado, puso en duda la legitimidad del convenio por el que el Ejército entregó armamento para su reparación a Fabricaciones Militares. Armamento sobre el que los funcionarios judiciales tienen serias sospechas de que haya sido el que fue enviado a los Balcanes.
Recordando la gran cantidad de testimonios de militares integrantes del Batallón Ejército Argentino (BEA) en la ex Yugoslavia, que reconocieron públicamente haber visto armamento argentino en poder de los rebeldes croatas, Erman se encargó de afirmar ayer que en sus visitas a Croacianadie le dijo haber visto tal armamento. Incluso el ex ministro dijo que nunca visitó ningún depósito de armas en la región.

CHACHO PIDE QUE SE TOME LICENCIA
La UCR suspendió a Clienti

“No renunciaré, ni aceptaré que me propongan licencia”, repitió ayer el diputado radical porteño Roberto Clienti en público y en privado. Clienti transita, de todos modos, por la cuerda floja a partir de su procesamiento en la causa de los ñoquis del Concejo Deliberante. Anoche, el tribunal de conducta de la UCR selló su destino al suspender su afiliación partidaria conjuntamente con la de Eduardo Trilla, hijo del ex titular radical del Consejo.
Los hombres que rodean al candidato de la Alianza aseguran que no le bajará el pulgar a Clienti en tanto y en cuanto su situación no lo complique. “Si a cada lugar que va le preguntan por ese tema, la historia puede cambiar”, explicaron a Página/12. De la Rúa ya pasó por ese trance ayer durante en acto en el Teatro Colón, en que cual tuvo que salir a aclarar –en contra de lo que opinó su principal adversario, Eduardo Duhalde– que el procesamiento de un dirigente que supo gozar de su plena confianza no complica su carrera a la presidencia.
La repetición de esa escena podría sellar definitivamente la suerte de Clienti, cuyo futuro político aparece por demás complicado. El candidato a vicepresidente aliancista, Carlos “Chacho” Alvarez, indicó que el diputado porteño debe “tomar licencia sin goce de sueldo hasta que se esclarezca su situación”, mientras que la presidenta de su propio bloque, Gabriela González Gass, manifestó que si estuviera en lugar de Clienti “seguramente” solicitaría su separación transitoria del cargo. Eso mismo le “aconsejó” hacer la mayoría de sus compañeros de bancada.
“Existe un conflicto entre lo ético y lo jurídico. Independientemente que se requiera procesamiento firme para excluir a aquellos diputados procesados, la situación requiere que los responsables se aparten inmediatamente de su función legislativa”, terció Nueva Dirigencia.

PRINCIPAL