Por Adriana Meyer El Departamento de Justicia de
los Estados Unidos certificó que la copia que posee el juez Adolfo Bagnasco de un
documento constitutivo de la Operación Cóndor es auténtica. Se trata de un telegrama
enviado a Washington por un agente del FBI en 1976, en el que explica los objetivos del
plan represivo concertado por los gobiernos dictatoriales del Cono Sur. Los abogados de
seis Abuelas de Plaza de Mayo lo habían presentado como prueba de que la sustracción
sistemática de los hijos de los desaparecidos –investigada por el magistrado–
integró ese plan. Los funcionarios norteamericanos que avalaron la prueba comunicaron que
no encontraron información en sus archivos de que la operación haya estado vinculada con
secuestros de niños nacidos de padres en cautiverio. Pero Bagnasco pidió ayer que le
envíen todo lo relativo al tema para hacer una selección propia.
Los investigadores del caso quieren ver todo el material disponible a partir de la
desclasificación parcial que hizo el gobierno norteamericano de sus archivos secretos.
Esto fue posible tras la sanción de una ley específica que permitió que vieran la luz
por primera vez, por ejemplo, 5800 documentos sobre la dictadura de Pinochet. Si bien la
mayoría de los documentos aparecen con gran cantidad de renglones censurados que impiden
leerlos en forma completa, la administración Clinton resumió en un memorandum del
Consejo de Seguridad lo que consideraba sustancial para ser dado a conocer al mundo, pero
omitió las evidencias más graves.
En diciembre, los abogados Alberto Pedroncini y David Baigún entregaron a Bagnasco una
copia del telegrama enviado al director del FBI –publicado por este diario en
setiembre– que describe que el objetivo del Plan Cóndor era “la realización de
actividades de inteligencia sobre datos de izquierdistas y comunistas, y la eliminación
de actividades marxistas terroristas en el área”. Además menciona que el centro de
la operación era Chile, y que ese país junto a Argentina y Uruguay se comprometían en
operaciones conjuntas contra blancos terroristas. No estaban excluidos Brasil, Paraguay y
Bolivia. Los letrados habían solicitado que el juzgado pidiera una copia autenticada a
las autoridades norteamericanas. Ayer Bagnasco recibió esa respuesta con la
correspondiente traducción del documento. “No es imposible que el reciente asesinato
de Orlando Letelier en Washington DC haya sido cometido como una acción de la tercera
etapa de la ‘Operación Cóndor’, como una sanción dentro de los Estados
Unidos”, escribió un anónimo agente a sus superiores.
Si bien el abogado litigante de la oficina de asuntos internacionales del Departamento de
Justicia, Michael Burke, informó que “no encontramos información alguna en nuestros
archivos vinculada con secuestro de niños nacidos de padres en cautiverio”, el
juzgado de Bagnasco les envió ayer un nuevo pedido para obtener copias certificadas de
“toda la documentación en poder de las autoridades que guarde relación con la
Operación Cóndor” y “copias certificadas de la sentencia dictada por Estados
Unidos contra Michael Townley en relación al asesinato de Letelier”. Lo hizo con
carácter de urgente dada la “importancia y complejidad” de la causa.
El jefe de administración de la información de la Oficina Federal de Investigaciones
(FBI), Dennis Weaver, informó que “revisó la copia (del telegrama), lo comparó con
los materiales liberados del secreto oficial y determinó que puede ser certificado como
copia fiel del material liberado con anterioridad”. Los funcionarios norteamericanos
explicaron que “se levantó el secreto oficial sobre ese documento por la Ley de
Libertad de Información, a solicitud de la señora Isabel Letelier, viuda del ex
canciller chileno”. Estas fueron las “respuestas a la solicitud del gobierno
argentino sobre la Operación Cóndor, una supuesta asociación entre las organizaciones
de policía secreta de América del Sud entre los años 1976 y 1983”, tal como consta
en las cartas recibidas desde Estados Unidos y a las que este diario tuvo acceso.
“Este documento muestra que hubo un pacto entre Estados y contribuye a probar los
niveles de responsabilidad en secuestros internacionales atribuidos en el proceso de
Bagnasco a quienes ejercieron los más altos cargos políticos y militares durante la
dictadura”, expresó Pedroncini a Página/12 para destacar la importancia de la
confirmación que llegó desde los Estados Unidos. Los menores que habrían sido
sustraídos en el seno del Plan Cóndor son siete: Carla Rutila Artés (detenida con su
madre enBolivia y entregadas a fuerzas de seguridad argentinas), la nieta o nieto del
poeta Juan Gelman, Paula Logares, Simón Antonio Riquelo, Anatole y Victoria Julien
Grisonas y Mariana Zaffaroni Islas.
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