Por Martín Granovsky Una mala semana para el
ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Osvaldo Lorenzo. El procurador Nicolás
Becerra transmitió a la APDH que ya ordenó a los fiscales que inicien los trámites para
denunciarlo penalmente. Y el viernes deberá contestar preguntas incómodas ante la
comisión bicameral de seguridad de Buenos Aires. Lorenzo puede convertirse en un
funcionario record: no cumplió un mes en el cargo y acumula cuestionamientos como si
llevara años.
Becerra comunicó la orden de investigar a Lorenzo al fiscal de cámara de San Martín,
que a su vez deberá pedir el sorteo de un fiscal de primera instancia que será el
encargado de estudiar penalmente el legajo de Lorenzo.
Tal como publicó este diario el 6 de agosto, los camaristas de San Martín habían pedido
al Consejo de la Magistratura el juicio político contra Lorenzo por presuntas
irregularidades en una causa cuando era juez de Campana. Como Lorenzo dejó de ser juez
para pasar al ministerio tras la renuncia de Arslanian, el juicio político es imposible.
Pero no es imposible la investigación penal.
El pedido de la Cámara de San Martín y la noticia de la decisión de Becerra fueron dos
de los elementos que ayer aportaron tres miembros de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos a legisladores bonaerenses. Durante una hora y media regada con un
telúrico mate cocido Alfredo Bravo, Simón Lázara y Sergio Di Gioia intercambiaron
informaciones sobre Lorenzo con el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro
Mosquera, los presidentes de los bloques de la Alianza y el senador frepasista Eduardo
Sigal.
–Nos presentamos ante el procurador porque ya que no actuaba el Consejo de la
Magistratura nos correspondía iniciar acciones penales –explicó Bravo mientras Di
Gioia analizaba técnicamente el pedido.
Lázara explicó por qué la APDH estaba interesada en los antecedentes de Lorenzo:
–La crítica de la Cámara de San Martín significa que no es un simple abogado de
una de las partes de un juicio el que cuestionaba a Lorenzo. Y no se trataba de una
cuestión administrativa sino de un grave cuadro de violaciones al Código Penal, como la
vulneración del principio de defensa en juicio y allanamientos ilegales. Esto es malo
para cualquiera, pero peor como curriculum de un funcionario que debe dedicarse justamente
a la justicia y la seguridad.
Lorenzo actuó en una causa por supuesto contrabando de combustible y presunta evasión
fiscal a cargo del ex director de la DGI Marcelo Da Corte y los dueños de la petrolera
Rhasa. El entonces juez detuvo a tres directivos suplentes –uno de ellos, una anciana
de 82 años–, pero según los camaristas ninguno tenía vinculación con ningún
delito. Para la cámara, Lorenzo ordenó la detención de Da Corte sin las pruebas
suficientes, allanó las empresas sin dar tiempo a que los acusados pudieran entregar la
documentación que él mismo había pedido y después no estudió los documentos
incautados.
Ni la APDH ni los legisladores barajaron la posibilidad de pedir la renuncia de Lorenzo.
“Nosotros exponemos la situación”, dijo Sigal. “Marcamos la
responsabilidad del gobierno, y el gobierno tiene que solucionar el problema de su
ministro.”
“La responsabilidad del gobierno es gobernar”, coincidió Lázara. “La APDH
puede opinar sobre una resolución o sobre el perfil de un funcionario, pero controla las
decisiones de gobierno, no interviene en ellas”, completó Bravo.
Durante el encuentro, Lázara comentó que le habían llamado la atención declaraciones
de Lorenzo en las que éste se jactaba de que ningún banco había sufrido robos desde que
ocupa el ministerio.
–Si no es casualidad que estos días no hubo grandes asaltos –se preguntó
Lázara–, ¿habrá querido decir Lorenzo que ahora la policía tieneuna actitud
diferente ante los robos a bancos? Si es así, sería bueno que explique por qué cambió.
Esa y otras preguntas quedarán para el viernes, cuando la comisión bicameral de
seguimiento de la seguridad y la reforma policial reciba a Lorenzo para lo que, conjeturan
los legisladores, será un largo ping pong con el ministro record.
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