Por J.J.A. Desde Caracas  La depuración del Poder
Judicial venezolano pretendida por el gobierno de Hugo Chávez arrancó sin necesidad de
destituciones directas. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cecilia Sosa,
y el magistrado Aníbal Rueda, que no reconocen el debido mandato a la Comisión designada
para investigar la judicatura, presentaron su renuncia durante una reunión del pleno del
principal tribunal venezolano para analizar el decreto de emergencia judicial aprobado la
pasada semana por la revolucionaria Asamblea Constituyente.
La Asamblea creó una comisión de emergencia encargada de examinar el desempeño de los
magistrados de la CSJ antes de proceder a su despido, sanción o confirmación en el
cargo. Cecilia Sosa negó a ese grupo investigador, y a la Constituyente, la facultad de
decidir sobre su destino profesional, y ayer anunció públicamente su retirada del
tribunal, afirmando que “la Corte se ha suicidado para evitar ser asesinada”.
Nueve de los 15 magistrados del supremo acataron en votación el decreto de emergencia,
siempre que las personas encargadas de examinar en 20 días a la CSJ, al Consejo de la
Judicatura y a 1200 jueces nacionales bajo sospecha respete el derecho a la defensa de los
investigados, y exista racionalidad y proporción en las eventuales medidas punitivas.
La letrada dimisionaria ha sostenido varios choques con la Asamblea Nacional
Constituyente, nacida el pasado 25 de julio, con 120 de sus 131 escaños en manos de
diputados leales a Chávez agrupados en torno del Polo Patriótico. Sosa siempre negó a
la Asamblea el carácter originario que ésta proclama en el primer artículo de sus
estatutos, y argumentó asimismo que, como presidenta de la Corte, únicamente debe rendir
cuentas a dos instancias: el Congreso salido de las elecciones del 6 de diciembre del
pasado año, vaciado de contenido a la espera de su definitiva desaparición; y la
Constitución vigente desde 1961, condenada a ser sustituida por la Carta Magna que
prepara la Constituyente a toda prisa y que deberá ser ratificada en referéndum.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), algunos de cuyos miembros pueden suspender la
reválida sobre decencia convocada por los inspectores de la Asamblea, había sido
conminada a obedecer pues, en caso contrario, se actuaría contra ella de forma más
expeditiva. Lo advirtió el presidente de la comisión examinadora designada por la
Asamblea, Manuel Quijada, con estas palabras: “La idea es que la sustitución de los
magistrados (en un proceso de relevo todavía no definido) se resuelva pacíficamente,
pero si la Corte no acata la voluntad de la Asamblea procederemos de otra manera”. No
parece que haya necesidad de disolver nada: la CSJ colaborará. El juez Alirio Abreu,
magistrado de la Sala Civil, bien considerado por el “chavismo”, formará parte
de una comisión de evaluación de nueve miembros: cuatro diputados constituyentes y cinco
miembros de la sociedad civil relacionados con la Justicia.
La discusión interna en el seno de la CSJ, en la noche del martes, precisó su posición
frente al polémico decreto. La mayoría lo apoyó y las tesis de Cecilia Sosa perdieron.
“No nos oponemos a una evaluación con garantías”, declaró ayer el juez Iván
Rincón, presidente de la Sala Penal. “Nosotros queremos las reformas y el estado de
derecho. Si el Poder Judicial es responsable de parte de lo que pasa en el país, pues que
se corrijan las fallas del Poder Judicial.”
Desde su llegada al poder, Hugo Chávez ha propugnado la reforma radical de la Corte
Suprema, así como del Parlamento, y, en un primer momento, se temió que el presidente
disolviera ambos organismos por la fuerza. Una vez controlado el Congreso, que se
autoproclamó en receso, la Corte Suprema es la única institución que puede amenazar el
proyecto de Chávez, ya que tiene competencias para abrir un juicio al mandatario y
ponerlo en lacalle. El presidente venezolano es consciente de ello y de que la Corte está
integrada por magistrados cercanos a los partidos tradicionales, los mismos a los que ha
declarado una batalla en la que pretende hacerles pagar cuarenta años de corruptelas y la
degeneración del sistema político imperante desde 1961.
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