Por Javier Lorca Después de las masivas
protestas que desató en mayo pasado, el presupuesto universitario ha vuelto a ser el
vórtice de las disputas. El Ministerio de Educación ya elaboró una propuesta con los
fondos que requerirá para el año 2000. Incluye un importante incremento, pero brilla por
su ausencia una partida de más de 100 millones de pesos: la correspondiente a un aumento
de los salarios docentes y no docentes que el Gobierno se había comprometido a pagar.
Ante el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –que reúne a los rectores de las
casas de estudios públicas–, el titular de la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU), Aníbal Jozami, anticipó el martes cuál será el proyecto de
presupuesto que intentará elevar al Congreso para el próximo año. Si bien se incluye un
aumento cercano a los 110 millones (y eleva el total a 1898 millones), los fondos
prometidos para el incremento salarial fueron omitidos. “La propuesta del ministerio
no incluye los 105 millones que nos deben del presupuesto de este año, ni tampoco los 125
millones que habían comprometido para el año que viene. Nos dejan con los sueldos
definitivamente congelados”, se indignó Daniel Ricci, desde la escindida Federación
Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).
De hecho, en 1998 y tras una larga negociación entre Educación y los gremios docente y
no docente, se aprobó un plan de recomposición salarial para ambos sectores, cuya
contraparte sería una reforma de los estatutos de trabajo. Lo pautado era que en 1998 se
distribuyera un aumento de 65 millones; en 1999, otro de 105 millones; y en el 2000 y el
2001, correspondían sendos 125 millones. Pero nunca se cumplió. El aumento del ‘98
terminó pagándose este año, después de varias amenazas de huelga. El incremento del
‘99 fue suprimido y pospuesto para el año que viene. Y, ahora, Educación lo obvió
del primer borrador del presupuesto 2000. “Es una tomada de pelo. A que el Ministerio
de Economía intente hacer recortes ya estamos acostumbrados, pero que lo haga la propia
SPU, la encargada de defender los fondos de la universidad, es intolerable”,
protestó Ricci.
Por ahora, en el comité ejecutivo del CIN cunde la confianza. El rector de la UBA, Oscar
Shuberoff, contó a Página/12: “Le hicimos notar al secretario de Políticas
Universitarias la ausencia de la partida para el aumento salarial y dijo que iba a
agregarla”. Pese a que afirmó estar satisfecho con que se sometiera a consideración
del CIN el próximo presupuesto, Shuberoff aclaró que el aumento de fondos “no
resolverá los problemas de las universidades, pero servirá para afrontar las cuestiones
más imperiosas”. De gambetear los vetos del Ejecutivo y ser aprobados por el
Congreso, los 110 millones que ganarían las universidades se destinarían a financiar,
entre otros programas, nuevas instituciones, la educación a distancia, el mejoramiento de
la calidad (FOMEC) y becas para alumnos.
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