Página/12

“¿Quién te avisó?”, repetía furioso. “¿De qué medio sos?”, preguntaba irritado. Como si el fotógrafo de Página/12 hubiera disparado el flash en una catacumba, Enrique Nosiglia se levantó muy nervioso de la mesa del café La Biela donde conversaba desde hacía más de una hora con el secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy. Incómodo, otro comensal se quedó sentado: era el juez Pablo Belisario Bruno, que ya tiene un expediente en el Consejo de la Magistratura acusado de presenciar cómo miembros de la Policía Federal torturaban a un sospechoso.
–¿Cuál es el motivo de la reunión? ¿De qué conversaban? –preguntó Página/12.
–De fútbol –respondió Nosiglia, y salió del bar.
Nosiglia es de Boca. Anzorreguy es de River. Si hablaban de fútbol, es difícil entender por qué el boquense estaba tan preocupado por averiguar quién había alertado sobre la reunión. Pero incluso con el fútbol como tema está claro que existe una relación de camaradería entre el secretario de Inteligencia, el antiguo monje negro de Raúl Alfonsín, el juez acusado de admitir el uso de la picana eléctrica delante suyo.
Por lo menos ayer, otros dos miembros de la barra fueron el yerno de Anzorreguy, Alejandro Mc Farlane, y su concuñado, Jorge Lucas. McFarlane fue jefe del gabinete de asesores de Anzorreguy, que lo colocó como directivo de la empresa mixta Papel Prensa. Ahora integra el directorio de YPF-Repsol, donde puede recalar como abogado su suegro después del 10 de diciembre. Lucas es jefe de Contrainteligencia de la Secretaría.
Más calmo que Nosiglia, un bronceado Anzorreguy respondía desde su mesa, relajado y amable, la pregunta de Página/12:
–Es un encuentro de amigos. Hace mucho que no venía a La Biela. Después nos vamos a una reunión de trabajo.
Nerviosos, los mozos ya trataban de echar al fotógrafo. Se acercaron a la cronista como si fueran jefes de relaciones públicas de la SIDE. “¿Tiene arreglado un encuentro con esta gente?”, preguntó uno de ellos. Y explicó: “De la mesa me están haciendo señas para que se vaya. Lo que están haciendo es una falta de respeto y esto es propiedad privada”.
Funcionarios de Tribunales informaron a este diario que Bruno, del juzgado de instrucción número 28, es uno de los jueces de mejor relación con la policía. Hijo de un comisario, fue secretario de Lucio Somoza, ex juez de instrucción y actual defensor de dos altos jefes de la Federal investigados por corrupción.
El 5 agosto último Bruno fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por los camaristas del tribunal oral número 9 –Luis García, Luis Cabral y Fernando Ramírez– para que se promueva su juicio político.
Carlos Trillo, un custodio de una empresa transportadora de caudales asaltada, denunció que fue torturado en la comisaría 32 de la Policía Federal, donde estaba en ese momento el magistrado, y el médico forense lo corroboró. El Tribunal Oral sostiene que el juez no tenía motivos para detener al custodio. Lo acusa de haberlo mantenido incomunicado en la seccional por tres días aunque la ley no permite hacerlo más de ocho horas. Asegura que Bruno permitió que lo interrogara la policía, cosa que el Código Procesal no admite justamente para evitar torturas. Y afirma que recién le tomó declaración en el juzgado a las 72 horas de su detención. Bajo torturas, el custodio dio la dirección de quién habría planeado el golpe. En su momento, Bruno rechazó la acusación del tribunal. “Si después de todo lo que investigamos en la causa, los camaristas le creyeron más a un delincuente que a un juez, yo encuentro que se han subvertido los valores”, dijo. Trillo no podrá desmentirlo: apareció ahorcado en la cárcel de Caseros.
Bruno tiene otros antecedentes profesionales. En octubre de 1997, tres dominicanas denunciaron que llegaron al país con visa de turistas y promesas de empleo y matrimonio, y terminaron presas de cafishios que lespagaban una miseria por prostituirse. En la causa están en la mira varios funcionarios de Migraciones y una decena de policías de distintas jerarquías de la Policía Federal. En una nota publicada por este diario el último diez de agosto, Horacio Verbitsky informó que Bruno “intentó cerrar en forma prematura la causa sobre el manejo policial en de la prostitución en Buenos Aires” y recordó que en 1997 el juez firmó una proclama elogiando la “infatigable labor” policial para atacar “el flagelo de la delincuencia restándole muchas horas de descanso reparador”. Bruno y otros jueces exigían una reforma de las normas procesales y un aumento del 50 por ciento en la cantidad de policías de la Capital Federal.
El juez es un buen conocedor de los problemas porteños. Fue el segundo magistrado que recibió las denuncias sobre la Escuela Shopping después de la investigación del entonces concejal Aníbal Ibarra. El primer juez que entendió en el tema fue Armando Chamot, pero tras las indagatorias fue gentilmente ascendido a otro puesto en el Poder Judicial. Bruno tomó entonces la posta de la pesquisa y ordenó realizar eternos peritajes, que terminaron por dilatar la investigación e impedir resultados concretos en un plazo razonable.

HISTORIA DE DOS POLITICOS BIEN CONECTADOS

Anzorreguy llega

Puede tener contratado en la SIDE a un represor de la dictadura como el coronel Rubén Visuara y al mismo tiempo recordar su pasado como abogado de la CGT de los Argentinos, el símbolo del sindicalismo combativo de fines de los 60 y principios de los 70. Es capaz de alternar en el mismo día con la izquierda y con el establishment, con ex montoneros y con la CIA. Hugo Anzorreguy, secretario de Inteligencia del Estado, se jacta de ser uno de los hombres mejor relacionados de la Argentina y uno de los pocos con capacidad de llegada a quien desee en el momento que desee. Los instrumentos descansan sobre cuatro patas:
Anzorreguy influyó en la designación de jueces de todos los fueros.
Alimenta su agenda con dedicación exquisita. Se enorgullece de haber protegido perseguidos en tiempos de la dictadura, tiene buena relación con los jefes militares, conocimiento directo con políticos de todo el arco ideológico y periodistas de todos los medios, y un yerno, Alejandro McFarlane, en el directorio de YPF-Repsol.
La Secretaría maneja información interna gracias a las intervenciones telefónicas, a veces legales, por orden judicial, y otras ilegales, sin orden alguna.
Y en parte tanta fluidez está lubricada por la partida de fondos reservados más importante de la administración pública. Los legisladores incluso propusieron crear mecanismos de control al estilo norteamericano –públicos, y al mismo tiempo secretos– pero el gobierno de Carlos Menem se resistió tenazmente a cualquier cambio que hiciera las cuentas públicas más transparentes. En 1989 los fondos reservados trepaban a los 35 millones de pesos. En 1999 son 190 millones, poco menos que el recorte operado en mayo sobre el presupuesto educativo.

Nosiglia quiere

Como Hugo Anzorreguy, de quien es amigo, Enrique Nosiglia puede barrer a izquierda y derecha, hablar de su familia castigada por la represión de la dictadura y dejar sentado que, pese a todo, es uno de los únicos radicales que no tiene complejos a la hora de tratar con el poder: el económico, el de los servicios de inteligencia, el hoy depreciado poder sindical de sus amigos Armando Cavalieri y Luis Barrionuevo o el poder de la policía, sobre todo la Federal, donde conserva contactos desde cuando fue ministro del Interior de Raúl Alfonsín.
Coti Nosiglia es un cultor de la discreción a medias. Evita los reportajes y aceptó un cargo con Alfonsín sólo cuando debió demostrar que la Junta Coordinadora Nacional, cuya rama porteña dirigía, era capaz de comprometerse con la gestión de gobierno. Pero a la vez no tiene ningún problema en dejarse ver con José Luis Manzano, otro de sus amigos, ni en mover punteros del radicalismo de la ciudad ni en presentarse como un artífice indispensable de contactos ante Fernando de la Rúa, quien lo trata con respeto pero experimenta cierto nerviosismo por el desgaste público a que puede someterlo la proximidad con Nosiglia. Es que desde los tiempos de Alfonsín Coti quedó como el símbolo de una forma de hacer política que cultiva las relaciones bajo cuerda y las operaciones en sigilo.
Ahora Nosiglia, que viene de una saludable familia misionera de clase alta, se prepara otra vez para convertir su habilidad de lobbyista en una herramienta insustituible para la Alianza. Le encantaría ser de nuevo, si De la Rúa gana el 24 de octubre, el principal lobbyista del oficialismo. Una aspiración curiosa para quien se opuso como nadie dentro de la Unión Cívica Radical a formar la coalición con el Frepaso.

El juicio oral por el ataque a la casa de Eduardo Menem comenzó a destapar una horrible trama de tormentos y reconocimientos dudosos: la que se tejió en 1996, cuando la policía y el ahora destituido Francisco Trovato obtuvieron sus primeros logros en el esclarecimiento del caso. Ayer, ante el Tribunal Oral Nº 16, una joven ratificó –tal como publicó este diario el año pasado– que había firmado una declaración falsa tras ser torturada. Y otro testigo contó cómo había reconocido a uno de los acusados: entre recomendaciones muy poco ortodoxas de los policías encargados de mostrarle los álbumes de malvivientes.
La primera en declarar fue Analía López, ex novia de Dante Salto. Salto es uno de los tres detenidos por la agresión armada a la casa del senador, y fue involucrado en el caso cuando la adolescente lo acusó espontáneamente de haber participado en el episodio. Pero ayer contó algo totalmente diferente. “La policía me amenazó con matar a mi papá; me golpearon y me colocaron una bolsa de nylon en la cabeza para que dijera lo que ellos querían”, aseguró ante el tribunal.
Salto está siendo juzgado por haber facilitado el Volkswagen Golf con que los agresores escaparon del barrio de Núñez tras asesinar a uno de los custodios de Menem. La historia de cómo fue capturado y procesado es realmente muy oscura.
Cuatro días después del brutal episodio en la residencia de Menem, la policía bonaerense allanó la casa de la familia López donde estaban Analía, su padre y Salto. Los tres fueron detenidos. En el lugar se encontraron armas de guerra. Salto tenía entonces 24 años, un extenso prontuario policial y una herida de bala en la espalda. Analía López y su padre declararon de inmediato que Salto les había confesado que había intentado asaltar una casa en la zona norte de la Capital, y que después se enteró por la televisión que se trataba de la residencia de los Menem. Pero la historia que ayer contó Analía López es muy diferente.
“La policía llegó a mi casa de madrugada, a eso de la una y media de la mañana”, recordó la adolescente. Su padre dormía y ella y Salto estaban en otra habitación. “Dieron una patada a la puerta y cuando fui a ver qué pasaba me encontré con unos quince policías en la escalera”. Los uniformados, según contó la testigo, plantaron armas en el departamento y cargaron a cada uno en un auto diferente. Los trasladaron a la Brigada de Investigaciones de Tigre. Allí comenzó el interrogatorio de la muchacha.
“Estaba esposada, en una habitación llena de policías que me daban los nombres y apellidos de diferentes personas para que les dijera qué sabía de ellos”, dijo ayer López. Cuando empezaron los golpes, les pidió “que me dejaran estar con mi papá, porque tenía miedo y no entendía por qué me llevaron a ese lugar”. Así lo hicieron los bonaerenses: la acompañaron hasta otra oficina donde estaba el padre y allí le advirtieron: “si no hablás no lo vas a ver más”. Después, le hicieron saber que tanto ella como su padre estaban metidos en un gran lío.
A menos –recordó la joven que le explicaron– que dijera que Dante Salto le había confesado lo siguiente: tenía que decir que fue “a robar a la Capital y entramos a una casa grande y linda como la de Grande Pa, pero nos sacaron a los tiros”.
Esa noche, Analía López accedió a declarar en el juzgado de provincia que había ordenado el allanamiento. Allí acusó a Salto de haber participado en el intento de robo a la casa del senador. La adolescente quedó detenida en un penal de Benavídez y días después fue conducida ante el ahora destituido juez Francisco Trovato, donde repitió la misma versión.
Trovato la trató con toda delicadeza. Le ofreció comida, le preguntó si quería tomar algo, si necesitaba cigarrillos y si había tenido problemas en la cárcel de Benavídez.
Después –continuó Analía López–, le dijo que declarara como lo había hecho anteriormente; “me tocó la cabeza con ungesto cariñoso y yo empecé a hablar”. Así ratificó su acusación contra Salto.
En realidad, hay una abrumadora cantidad de pruebas que muestran que Salto no participó en el ataque armado contra la casa del senador Menem:
u Se lo acusa de haber facilitado a los agresores el Volkswagen Golf robado con que escaparon del lugar. Pero Salto fue juzgado en San Martín por el robo del automóvil y la Justicia lo absolvió.
u La bala 9 mm que tenía alojada en su cuerpo cuando lo detuvieron fue peritada para establecer si había sido disparada por alguno de los 5 custodios de Eduardo Menem. El estudio no pudo establecerlo.
u El Volkswagen robado tenía uno de sus asientos manchados con sangre. Se sospechó por esto que Salto, herido mientras escapaba de la casa de Menem, había dejado su rastro en el tapizado. Pero los análisis probaron en cambio que la sangre encontrada en el Golf no era la suya.
u Por último, ni siquiera está claro si el Volkswagen Golf fue el auto utilizado en el ataque a la casa de Menem. Los custodios no lo reconocieron.
Si faltaba algo para poner en duda la participación de Salto en el ataque, ayer declaró el dueño del Golf en cuestión, Mario Nakamura. El testigo, en 1996, había identificado a Salto como la persona que se llevó su automóvil luego de encontrar su foto en un álbum de malvivientes.
Pero al hacerlo tuvo muchas contradicciones. La primera vez que le mostraron el álbum, reconoció a Carlos García –otro de los acusados por el ataque a la casa del senador– como el sujeto que lo asaltó. Más tarde ratificó que García era la persona en cuestión. Pero días después volvió a mirar fotos y se desdijo: sostuvo entonces que, en realidad, quien lo había asaltado era Dante Salto y no Carlos García.
Por eso ayer el tribunal intentó que Nakamura diera algunas precisiones. Así se enteró de que los policías de Robos y Hurtos le habían “marcado una línea en el álbum”, es decir una hilera de fotografías “para que se fijara si alguna de esas caras le resultaba conocida”. Ese día Nakamura señaló a García, pero les aclaró que “no estaba totalmente seguro”, un dato que los uniformados omitieron dejar por escrito.
Nakamura también explicó que cambió su declaración inicial cuando lo llamaron para ver nuevas fotografías en una dependencia de San Fernando. Esa vez, sólo le mostraron “algunas fotos sueltas” de apenas “una o dos personas”. Así se convenció de que el verdadero ladrón era Salto y no García. Como se ve, una identificación con toda la traza de haber sido inducida.