Por Adriana Meyer Juan José Zanola y Víctor
Alderete deberán prestar declaración indagatoria en los próximos días ante el juez
federal Adolfo Bagnasco en la causa que investiga el vaciamiento del Instituto de
Servicios Sociales Bancarios (ISSB). El secretario general de la Asociación Bancaria y el
actual presidente del PAMI y ex interventor del ISSB están acusados de incumplimiento de
los deberes de funcionario público y estafa en perjuicio de la administración pública
porque se habrían beneficiado con el traspaso de los bienes del ISSB a una obra social
privada y habrían intentado recaudar el impuesto a los activos bancarios. El perjuicio
que sufrió el Estado rondaría los 3500 millones de pesos y será establecido por los
peritos contables del caso que están a punto de terminar su informe.
Por presión de las entidades bancarias y argumentando la necesidad de disminuir los
costos de los créditos, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, impulsó en 1996 la
disolución y liquidación del ISSB y el cese del aporte del 2 por ciento que hacían los
bancos. El Gobierno tuvo que emitir un decreto porque no logró el apoyo necesario en el
Parlamento. La jueza Claudia Rodríguez Vidal anuló el decreto porque consideró que el
ISSB había sido creado por una ley y sólo podía ser modificado o extinguido por vía
legislativa. La sala IV en lo contencioso administrativo lo ratificó, pero el proceso de
liquidación siguió adelante. Víctor Alderete fue designado al frente de la
intervención.
Once decretos presidenciales fueron anulados porque la Justicia los consideró
inconstitucionales. Entonces, el Poder Ejecutivo cambió los verbos:
“extinguió” al ISSB para “transformarlo” en Obra Social Bancaria
Argentina (OSBA). “La OSBA se convirtió en un instrumento para vaciar
patrimonialmente al Instituto, apropiando más de 40 inmuebles en todo el país con su
equipamiento y sus bienes muebles”, explicó a Página/12 el abogado Eduardo
Barcesat, que patrocina a los denunciantes. El letrado sostiene que posee una prueba
contundente sobre el intento de apropiarse de los cuantiosos fondos provenientes del 2 por
ciento que adeudaban los bancos. “Detectamos que la OSBA inició 135 juicios para
cobrar ese dinero por vía de la ejecución fiscal, como si fuera un órgano estatal y no
una empresa privada, con la intención de percibir un aporte que sólo podía ser
tributado en beneficio del ISSB o del Estado nacional”, describió Barcesat al
referirse a lo que calificó como “la maniobra más audaz”. Según el letrado,
como ninguno de los decretos validaba la tentativa de apropiarse de aquel porcentaje,
Zanola y Alderete firmaron un “acta institucional” por la cual la OSBA recibió
la transferencia de la propiedad de los inmuebles del Instituto y se iniciaron las
ejecuciones fiscales. Alderete habría facultado así a Zanola a cobrar más de dos mil
millones de dólares.
La causa que instruye Bagnasco se inició a principios de 1998 por la denuncia de tres
médicos que ocuparon cargos jerárquicos en el ISSB: los doctores César Bernasconi,
Angel Prina y Rodolfo Elster. Y recibió su impulso inicial de la mano del Procurador
General de la Nación, Nicolás Becerra. El magistrado ya tiene acreditado lo sustantivo
de la presunta defraudación y por eso había dispuesto en julio las citaciones a
declaración indagatoria de Alderete y Zanola. El jefe de los bancarios intentó frenar la
investigación y pretendió apartarlos como querellantes a los tres médicos que
impulsaban la acción judicial. La sala I de la Cámara Federal le hizo lugar pero la
Cámara de Casación les restituyó el rol. Mientras tanto, el juzgado juntó los
elementos necesarios para realizar la pericia contable. Los imputados solicitaron ser
interrogados sólo cuando ese estudio haya producido resultados. Bagnasco accedió pero
intimó a los peritos a que entreguen su informe en los próximos días. Esa información
es esencial para establecer las responsabilidades de los funcionarios.
La Justicia había decidido dar intervención a la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas y a la Procuración General del Tesoro por la magnitud del supuesto
fraude, pero tanto el fiscal Néstor Pinzón comoel procurador Rodolfo Díaz se negaron a
participar. Bagnasco habría insistido en la citación de Díaz. Por otra parte, la
querella había pedido en septiembre de 1998 el procesamiento del presidente Carlos Menem
y varios miembros de su gabinete por considerar que los decretos por los cuales se
disolvió el ISSB fueron declarados “nulos e inconstitucionales”. Los acusó de
violación de los deberes de funcionario público, en concurso con defraudación en
perjuicio del Estado y malversación de caudales públicos, pero la imputación no
prosperó porque el fiscal Gerardo Di Masi no hizo el requerimiento.
SELIGMANN, PROCESADO POR LA “MAFIA DEL
ORO”
Libertad bajo fianza bien barata
Por A. M.
La sala
II de la Cámara Federal excarceló a Miguel Seligmann, uno de los principales procesados
en el caso conocido como la “mafia del oro”. El juez Jorge Ballestero le fijó
una fianza de 5 mil pesos, pero el fiscal Miguel Osorio apeló el monto por considerarlo
“irrisorio” frente a la magnitud de una defraudación estimada en 150 millones
de dólares. La Cámara había ordenado su detención pero luego autorizó la internación
del ex vicepresidente de Casa Piana en una clínica psiquiátrica por su estado
“depresivo”. Por otra parte, una fuente judicial aseguró a Página/12 que la
Justicia de los Estados Unidos estaría dispuesta a extraditar a Luis Machado, ex
ejecutivo del Banco Baires, entidad involucrada en la maniobra. Esto podría producirse
ahora, con el compromiso de la Justicia argentina de devolverlo, o cuando termine el
proceso en ese país.
Este diario pudo saber, además, que el fiscal de Nueva Jersey, Noel Hillman, le informó
al juez comercial que tramita la quiebra de Casa Piana que no puede darle información
sobre el lugar de detención de Enrique Piana porque está protegido por haber aceptado
colaborar con la Justicia norteamericana en una investigación sobre lavado de dinero.
Piana está acusado de conspiración e importación ilegal, y en su confesión habría
dado detalles y precisiones sobre la “mafia del oro”. Es por eso que el fiscal
Osorio, que tiene la causa delegada, pedirá autorización al procurador general, Nicolás
Becerra, para viajar a los Estados Unidos con el objetivo de acceder a las declaraciones
de Piana.
En esta causa también está imputado el secretario de Relaciones Económicas
Internacionales, Jorge Campbell, y el subsecretario de la Cancillería, Marcelo Avogadro.
Campbell formuló un descargo espontáneo en el que reconoció que él y Avogadro
trabajaron en la consignataria de hacienda Pedro y Antonio Lanusse y luego en Casa Piana,
pero señaló que esto no implica delito.
El juez Jorge Ballestero había procesado a Seligmann y a otros tres directivos de Casa
Piana por asociación ilícita y diecinueve defraudaciones a la administración pública.
Pero no les dictó la prisión preventiva. El fiscal Miguel Osorio apeló ante la Cámara
y ese tribunal ordenó el encarcelamiento de los procesados. Martín Seligmann (hermano de
Miguel) y Daniel Iacobelli están prófugos y los demás fueron recuperando su libertad.
Eduardo Vázquez, ex abogado de Casa Piana y de Emir Yoma, dijo tener problemas
cardíacos, mientras que Martín Suárez Anzorena está enfermo de diabetes. El juez lo
había beneficiado con el arresto domiciliario, el fiscal apeló y el magistrado volvió a
excarcelarlo.Osorio apeló a la Cámara que le dio la razón, pero la definición está
pendiente por los problemas de salud de Suárez Anzorena.
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