Por Nora Veiras San Luis, la provincia donde
el gobernador Adolfo Rodríguez Saá hizo realidad el sueño menemista de re-reelección
indefinida, no está acostumbrada a las voces disidentes. En ese escenario, sorprendió el
estampido de la movilización de padres, docentes y estudiantes que desde principios de
año salió a repudiar el proyecto Escuelas 2001 porque “la escuela pública es
nuestra, no la regalamos, no la vendemos, no la alquilamos”. Como la discusión en la
Legislatura se vislumbraba compleja, el gobernador apuró el trámite: dispuso por decreto
que las escuelas que se creen serán “concesionadas a asociaciones civiles sin fines
de lucro”, serán gratuitas, pero los docentes no tendrán ninguna garantía de
estabilidad laboral. La Coordinadora de Padres convocó para hoy a una concentración en
rechazo “a la privatización de la educación”.
El proyecto, que no es más que un intento de remedo de las conocidas como “escuelas
charter” con gran desarrollo en California, Estados Unidos, empezó a fines del año
pasado y avanzó durante el ‘99 a partir de un convenio con la Fundación Gobierno y
Sociedad, que preside el economista ultraliberal Miguel Angel Broda. Los padres aseguran
que por el apoyo técnico, el gobierno provincial desembolsó 170 mil dólares. En abril,
tal como preveía el inciso b del artículo 7 del acuerdo, la Fundación elaboró un
proyecto de ley y Rodríguez Saá con su ministro de Gobierno y Educación, Héctor Omar
Torino, estampó la firma para enviarlo a la Legislatura. Una marcha de repudio con cerca
de cinco mil personas, inédita si se tiene en cuenta que el gobernador ejerce el cargo
con el apoyo de cerca del 70 por ciento del electorado, congeló la propuesta. El titular
de la Comisión de Educación de Diputados, Ricardo Sánchez, se comprometió ante los
padres a dejar en suspenso la iniciativa y abrir la discusión. El diputado “a troche
y moche”, así lo llaman desde que confundió un ramal de trocha y media con esa
expresión, no es muy consecuente con sus decisiones. El miércoles pasado, al conocerse
el texto del decreto 2562, firmado el 13 de agosto, Sánchez, el hombre que se asesora
“solos” (sic), declaró que está interesado en formar una “escuela
experimental”, el nombre oficial de las charters puntanas.
Los puntos principales del proyecto que, según el convenio con Broda, tendrá que estar
listo en diciembre son los siguientes:
 La gestión de
las escuelas experimentales será concesionada a asociaciones civiles sin fines de lucro,
compuestas por personas físicas, seleccionadas a través de convocatorias públicas. Los
docentes que quieran participar tendrán que formar asociaciones.
Las
asociaciones educacionales deberán estar integradas por no menos de tres docentes,
pedagogos o personas cuyo perfil sea útil para los fines de la asociación, y que en
general tengan antecedentes relacionados con la educación. (La amplitud de las
condiciones despertó más de una sospecha.)
Las
autorizaciones para funcionar se otorgarán por un plazo de cinco años. Cumplido el
período, se evaluará la calidad educativa de los alumnos para decidir la posible
renovación.
No podrá
establecerse ningún arancel. El Estado garantizará el financiamiento. Se asignarán 1200
pesos anuales por alumno de EGB 1 y 2 (de primero a sexto grado), 1680 para EGB3 (de
séptimo a segundo año del secundario) y 1740 pesos anuales para el Polimodal.
De la totalidad
de los fondos que reciba una asociación, hasta un 85 por ciento podrá invertirse en
salarios del personal. El resto tendrá que distribuirse en capacitación, equipamiento,
bienes de consumo y otras erogaciones necesarias.
Se
garantizarán métodos de selección al azar en caso de que los aspirantes superen a las
vacantes.
El personal de
la escuela no tendrá dependencia laboral alguna con el Estado. Serán empleados de las
asociaciones, las que gozarán de plena libertad. A igualdad de condiciones, los salarios
no podrán ser inferiores, ni superiores en más del 50 por ciento del resto de las
escuelas públicas.
Isabel Montiveros y María Celia Gutila, dos de las madres que organizan la marcha de hoy,
a las 18, plantearon ante Página/12 que “todo lo que no se hace cargo el Estado,
pasa a ser privado”, que “en las escuelas públicas la inversión anual es mucho
menor a la prometida para las ‘experimentales’” y que “no hay ningún
requerimiento de idoneidad docente, con los criterios que manejan ‘montoto’
podrá dar clases”. A tres semanas de su casi segura cuarta reelección, Rodríguez
Saá sigue adelante con su proyecto de cambio educativo sumándose a los vientos de la
“moda” sin mayor análisis sobre las condiciones y consecuencias de entregar a
una asociación civil el manejo de la educación, supuestamente pública.
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