Por Cledis Candelaresi El Senado transformó anoche
en ley el proyecto de Convertibilidad Fiscal, que pretende acotar el déficit público a
partir de este año hasta hacerlo desaparecer dentro de cuatro. En el mismo momento, y
bajo el mismo techo del Palacio del Congreso, Diputados sancionó otra de efecto
contradictorio: al fin de la sesión, oficialistas y opositores votaron a favor de una
iniciativa que reduce en más de 500 millones de pesos el último ajuste que pretendió
instrumentar el Gobierno. En la misma productiva sesión votaron las leyes Antimonoplio y
dieron media sanción a la de refinanciación de pasivos para pymes.
Aquel recorte al ajuste complica aún más al Poder Ejecutivo, que está haciendo
malabarismos para eludir el anuncio de un nuevo ajuste antes de las elecciones. En los
despachos de la Jefatura de Gabinete, los cálculos económicos se hacen sobre la
hipótesis de que este año el Producto Bruto Interno caería nada menos que un 4 por
ciento, lo que derrumbaría aún más la recaudación.
Ayer, Diputados votó un proyecto para atenuar los efectos del decreto de necesidad y
urgencia 455, con el que el Poder Ejecutivo pretendió recortar gastos por algo más de
1000 millones de pesos. La norma habilitaba al Poder Ejecutivo a disponer del 12 por
ciento de los fondos específicos que se distribuyen entre las provincias, y dejaba sin
efecto la garantía del Tesoro nacional de que en todos los ejercicios el Fonavi disponga
de no menos de 900 millones de pesos, sea cual fuere la suerte de la recaudación.
Pero en virtud de un acuerdo con los gobernadores, el Senado sancionó un proyecto que
restituye la garantía Fonavi, impide a la Nación practicar aquellos descuentos después
de setiembre, le prohíbe destinar los ya descontados a cubrir gastos y le obliga a
devolverlos a partir del año próximo. Como contrapartida, recorta gastos reservados,
viáticos y limita provisoriamente a 3100 pesos los haberes jubilatorios más altos. Los
diputados ayer convalidaron dichos puntos, salvo la poda jubilatoria, con la que el
Gobierno hubiera ahorrado unos 40 millones este año.
Se trata de la segunda iniciativa que atenúa el efecto del 455. La primera fue la ley por
la cual el Congreso impidió que se le rebanaran 280 millones a Educación y otros 80 a
Seguridad Social. Entre ambas, el Parlamento impediría que el Gobierno ajuste gastos
“por lo menos en 500 millones” sobre los 1000 proyectados, conjeturó ante
Página/12 el oficialista Oscar Lamberto.
Aun así, los legisladores justicialistas aseguran que el Gobierno podrá cumplir con la
meta que le impone la Ley de Convertibilidad Fiscal para este año, que acota el déficit
al 1,9 por ciento del PBI. Esto significa que la brecha en las cuentas públicas debería
estar en alrededor de los 5100 millones de pesos, cuando legisladores aliancistas dijeron
en público que esa diferencia no bajaría de los 6 o 7 mil millones.
A pesar de esta incongruencia entre la letra de la ley y las proyecciones opositoras, y
pese a que la norma limita, básicamente, el accionar del próximo gobierno, el economista
radical José Luis Machinea se ocupó en los últimos días de vencer resistencias que
manifestaban algunos senadores de su partido para votar a favor de la Convertibilidad
Fiscal. Esta iniciativa ata las manos del Estado para que gaste y se endeude, lo que la
hace atractiva a los ojos del mercado, que siempre exige austeridad. La Alianza juzgó
políticamente inconveniente oponerse a ese gesto, aunque el texto votado esté lleno de
promesas incumplibles.
La nueva ley también prevé la creación de un fondo anticíclico, especie de ahorro del
Tesoro, que se utilizaría para moderar el impacto de cualquier futura crisis financiera.
Pero, por ahora, impone una fuerte carga sobre el Tesoro, que desde el año próximo
deberá reservar el 2 por ciento de sus ingresos totales para constituir ese fondo
antitormentas, hasta reunir 10 mil intocables millones de pesos. Finalmente, los diputados
justicialistas consiguieron ayer demorar el tratamiento de un proyecto impulsado por los
aliancistas Federico Storani (UCR) y Darío Alessandro (Frepaso) para que el Ejecutivo
declare a Corrientes en emergencia económica y gire de inmediato a esa provincia 120
millones de pesos para el pago de sueldos. El PJ tiene su propia iniciativa, menos
exigente con las arcas nacionales, ya que reconoce a esa provincia hallarse en un estado
excepcional, pero prevé beneficiarla con el diferimiento de obligaciones tributarias y
previsionales y la renegociación de pasivos. Pero no con el envío de dinero contante y
sonante. El tema será resuelto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
| Dos leyes muy esperadas Ley Antimonopolio: Diputados sancionó ayer la Ley de Convertibilidad Fiscal,
convalidando el texto reformado por la Cámara alta. Después de álgidas discusiones en
el seno de cada bloque, el Parlamento decidió incluir a los medios de comunicación en
los alcances de la norma. Esta sanciona las prácticas antimonopólicas y dispone que las
fusiones empresarias que se realicen en el futuro quedarán bajo el control de un
tribunal, que puede condicionar o frustrar el acuerdo, si éste otorga posición dominante
a una firma. La ley resulta algo tardía, ya que se sancionó después de que se
concretaran en el país varias operaciones de magnitud, como la que le permitió a Repsol
tomar el control de YPF.
Refinanciación de pasivos: Diputados dio ayer media sanción al proyecto que prevé
refinanciar los pasivos bancarios de pequeñas y medianas empresas hasta un plazo máximo
de veinte años. La norma prevé la emisión de un bono con garantía del Tesoro para
respaldar las deudas contraídas por las pymes del agro, la industria y el sector
servicios, “vencidas e impagas al 31 de mayo de 1999”. Se excluyen expresamente
aquellas obligaciones prendarias, hipotecarias o contraídas a raíz del uso de las
tarjetas de crédito. Según el proyecto que ahora será girado al Senado, los bancos
deberán recalificar inmediatamente a los deudores que utilicen este mecanismo para
refinanciar sus pasivos. |
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