Por Carlos Rodríguez Los crímenes de Sebastián
Bordón, de Miguel Bru y de José Luis Cabezas, difundidos masivamente por la prensa,
conviven bajo el mismo techo con la historia del chico Edgardo Godoy, de 16 años, que
murió en el partido de Berazategui atropellado por un móvil policial que circulaba a
contramano, o con el de Oscar Medina Zelarrayán, de la misma edad, acribillado por la
policía en un caso que tiene la carátula ambigua de “presunto robo”. Una carpa
que desde ayer alberga cerca de 500 tragedias ocurridas en todo el país, ocupa un sector
de la Plaza de la República, el que está ubicado hacia el norte del Obelisco, pero el
enorme toldo blanco queda chico ante tanto dolor y tanta demanda de justicia.
“Paremos la impunidad, Verdad y Justicia”, rezan los carteles escritos a mano,
sobre papel, que ostentan las paredes de lona. Hasta el próximo miércoles, cuando
realizarán una gran marcha hacia la Plaza de Mayo, los Familiares de Víctimas de la
Impunidad del gatillo fácil, los accidentes de tránsito y otros crímenes nunca
esclarecidos, contarán sus historias a quien las quiera escuchar.
Ana María Lombardi cuenta la historia de su hermano, Marcelo Antonio (32), asesinado el 4
de enero de 1993 en el interior de la empresa Industrias Plásticas Erpe, en la localidad
bonaerense de Sáenz Peña. Como en el caso Cabezas, habría actuado “una banda mixta
de policías y ladrones”, según la denuncia que hace la mujer, que lleva adelante
una investigación paralela a la del juzgado que interviene. Lombardi ni quiere hablar de
la policía. Por el caso pasaron, sin gloria y con penosos resultados, tres archiconocidos
nombres de la época más oscura de la Policía Bonaerense: los comisarios Mario Naldi,
Jorge Rago y Oscar “El Coco” Rossi.
Beatriz trajo a la carpa el caso de su esposo, José María Biela, un remisero asesinado
el 25 de febrero de este año en San Francisco Solano, cuando llevaba en su coche al
policía retirado Armado Paniagua, también muerto en el mismo hecho. En el comienzo del
caso, a cargo del juez Martín Nolfi, hubo testigos y aparecieron dos sospechosos. Según
Beatriz, “las deficiencias en la actuación policial” hicieron diluir las
pruebas y el caso está estancado. La causa había avanzado mientras el comisario Mario
Guillén estaba en la Policía Departamental de Quilmes, pero desde su traslado “todo
cayó en un pozo”. Beatriz carece de fondos para pagar un abogado y todavía espera
que le asignen uno de oficio.
Edgardo Ariel Godoy tenía 16 años y cursaba el cuarto año en la Escuela Nº 1 de la
localidad de Juan María Gutiérrez. A las 19.30 del 13 de abril de 1997, mientras cruzaba
la calle, en la esquina de 417 y 457, fue atropellado por un micro policial conducido por
el sargento Omar Aquilino Díaz. Varios testigos afirman que el vehículo transitaba a
contramano y con las luces apagadas. Está acreditado que dos días después, Díaz
renovó su carnet de conductor, que estaba vencido. Yolanda Vega de Godoy, madre de
Edgardo, pidió a la policía que separaran a Díaz del cargo, por vía administrativa.
Esta semana se cruzó con él y lo increpó. Su respuesta fue “llevar su mano a la
cintura”, donde lleva el arma reglamentaria.
“Nos pidió permiso para ir a bailar y después lo vimos muerto.” Oscar Fernando
Medina Zelarrayán tenía también 16 años y desde los 13 trabajaba como caddie en el
Olivos Golf Club. La noche del 9 de julio de este año fue autorizado para ir a bailar a
la bailanta Tropi, de General Pacheco, a 20 cuadras de su casa, pero murió en un
operativo policial caratulado “presunto robo”. Lo encontraron muerto en la
esquina de la Ruta 197 con la calle Huergo. Lo mató un policía de la División
Investigaciones de San Miguel, Diego Diana, quien estaba fuera de servicio. Alegó que el
joven, que estudiaba y carecía de antecedentes, estaba “por perpetrar un robo”.
Sin embargo, cuando fueron llamados por la policía de Los Polvorines, el que dejó el
mensaje habló de “un accidente”.
El caso de Leticia Mariana Bellstedt, de 22 años, parece ser la apología del “no te
metás”. La mataron el 8 de setiembre de 1996, a 1200 metros de la Comisaría 9ª de
Quilmes, cuando intentó acudir en ayuda de un vecinoque estaba siendo asaltado por dos
hombres. La mamá de la joven, María del Carmen, dice que hubo “negligencias graves
en la pericia de los proyectiles” que impactaron en el cuerpo de su hija. Por eso
denunció ante la Justicia al comisario Oscar Viglianco, entonces titular de la seccional
a cargo de la investigación. Todos los casos cuentan con el apoyo de la Comisión de
Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Institucional (Cofavi).
| Justicia para un policía En la carpa, además de las caras nuevas, había ayer muchas conocidas: Rosa
Bru, Luis Bordón o Teresa Schiavini, que se han convertido en símbolos de la lucha
contra la impunidad policial. Pero también estaba una mujer, Nilda, esposa de un
policía, Jorge Omar Gutiérrez, quien murió mientras investigaba la llamada “aduana
paralela”. Para recordar a su marido, Nilda elige una frase: “El siempre me
decía que los jefes nunca salen en defensa de sus subordinados”. Gutiérrez se
equivocó, al menos en lo que se relaciona con su propio caso.
El ex titular de la Federal comisario Adrián Pelacchi “salió desde el vamos a
defender a capa y espada al cabo Alejandro Daniel Santillán”, el principal
sospechoso del crimen, urdido aparentemente para terminar con la investigación que venía
realizando Gutiérrez. “¿Por qué motivos Pelacchi hizo algo que estaba
aparentemente fuera de las normas?” “¿O lo que ocurre es que esas normas
cambiaron abruptamente?”, se pregunta Nilda mientras observa carteles que señalan a
la policía como autora o cómplice de los crímenes que se denuncian. Ella está allí
para pedir justicia para un policía y obviamente, para destacar el ejemplo de esa
víctima. |
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