Fraude y
cohecho. En síntesis, coima. Ese es el cargo por el que deberán responder ahora en un
juicio oral el ex Subsecretario general de la Presidencia, Juan Carlos Cattáneo, y el ex
director del Banco Nación Genaro Contartese. Es que la Cámara Federal porteña confirmó
ayer el procesamiento de ambos en la causa que investiga el escándalo de los sobornos en
el contrato IBM-Banco Nación y los dejó en camino al juicio oral. En la misma situación
quedaron Alejandro De Lellis, Jorge Alladio y Alfredo Aldaco, el ex directivo del Nación
que públicamente reconoció haber cobrado una coima de un millón y medio de pesos por
haber adjudicado el proyecto de informatización de esa entidad bancaria a IBM.
Con la confirmación de los procesamientos del otrora segundo de Alberto Kohan en la
secretaría general de la Presidencia y de Contartese, la Sala I de la Cámara Federal
porteña no hizo más que ratificar en el medio de la adjudicación a IBM del Proyecto
Centenario como se dio en llamar al programa de informatización del Nación
hubo coimas. La maniobra contó con la imprescindible participación de la empresa
que resultó adjudicataria de la irregular licitación, como así también aquellas que
colaboraron con la primera en carácter de proveedores, sostiene la resolución
firmada por los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani.
La decisión de la Cámara pone a Cattáneo, Contartese, Aldaco, Alladio y De Lellis a las
puertas del juicio oral. Ese mismo tribunal debe expedirse aún sobre la situación del ex
directivo del Nación, Hugo Gaggero, y del ex administrador de Aduanas, Walter De Fortuna,
también procesados por el juez federal Adolfo Bagnasco en el complejo expediente.
Cattáneo fue fundador y directivo de la firma CCR, que junto a Consad S.A, actuó como
proveedora de IBM en el Proyecto Centenario, pese a que la licitación no contemplaba
intermediarios. Se presume que, a través de la subcontratación, se intentó blanquear el
pago de sobornos. Bagnasco le atribuyó un rol relevante en la operación, en la que
también estaba implicado su hermano, Marcelo Cattáneo, quien el 4 de octubre del año
pasado apareció ahorcado en un descampado de Ciudad Universitaria.
El camino que siguiera el dinero no demuestra sino que el pago efectuado por IBM
Argentina a CCR fue producto de un acuerdo anterior entre sus destinatarios finales y
quienes podrían resultar beneficiados con su conducta, o sea IBM y sus socios
solidarios, señaló la Cámara,
Contartese se desempeñaba como director del Nación al momento de la contratación con
IBM y admitió que cobró 3 millones de dólares como gratificación por haber
beneficiado a esa empresa. Su colega Aldaco, en cambio, no anduvo con eufemismos:
reconoció haber cobrado una coima de un millón y medio de pesos por haber adjudicado el
proyecto Centenario a IBM y ni siquiera apeló el procesamiento en su contra dispuesto por
Bagnasco.
A De Lellis, un agente financiero, se le atribuye una decisiva participación en la
maniobra para girar al exterior los 21 millones de dólares pagados en coimas tras la
adjudicación a IBM del contrato para la informatización del Nación, en los primeros
meses de 1994.
Alladio, ex vicepresidente del banco Bice, se lo acusa por encubrimiento. Bagnasco lo
procesó después que Justicia suiza le informara que era cotitular de las cuentas
abiertas en la banca de ese país con los nombres de fantasía Duquesa y Gateway, que se
engrosaron con dinero de las coimas.
POR LOS ÑOQUIS DEL EX CONCEJO DELIBERANTE
Los fiscales contraatacan
Los
fiscales Mónica Cuñarro, Horacio Rubén Amelotti, Marcelo Roma y Augusto Troncoso
solicitaron ayer al juez Alberto Baños, que investiga la existencia de ñoquis en el ex
Concejo Deliberante, que revoque la falta de mérito dictada a Juan Trilla, ex presidente
radical de ese cuerpo; Humberto Bonanata, el otrora presidente del bloque de concejales
radicales; Eduardo Cachorro Pacheco, legislador porteño radical y a otros
nueve funcionarios de ese organismo. Los fiscales también apelaron la falta de mérito de
José Manuel Pico, ex presidente del Concejo (PJ) y Roberto Luaces, un secretario
administrativo de su gestión, en lo que respecta al caso puntual de Fernando Luis
Inchart.
En el caso puntual de Bonanata, los fiscales pidieron que se decrete su prisión
preventiva. El actual legislador de la Alianza, Eduardo Clienti, ya quedó procesado
en la causa el lunes.
En el escrito, los fiscales hacen referencia al informe que la Sindicatura General de la
Nación (SIGEN) realizó en el ex Concejo. Las designaciones espurias no podrían
haberse producido si no fuera por un consenso previo existente entre algunos de los ex
ediles, y la reglamentación por ellos diseñada, que permitía que un organismo público,
sin la existencia de una reforma de base que organice el ámbito de sus funciones, en un
marco de emergencia financiera, incremente su planta de personal en más de doscientos
empleados por año como ocurre en el cuerpo desde el advenimiento de la democracia
hasta 1993 con una aproximación solamente de empleados administrativos de casi tres
mil en la planta transitoria y permanente), puede leerse.
Los fiscales concluyen en su texto que un análisis de la estructura administrativa
interna del Concejo permite inferir que más allá de los pretendidos intentos
formales de variar una situación caótica, irregular y de emergencia presupuestaria, la
misma era paulatinamente agravada, por el acuerdo pactado entre distintos funcionarios del
Concejo, como pacto de impunidad y silencio de las altas jerarquías y con la consecuente
finalidad dolosa en cometer delitos con el consecuente perjuicio del erario.
En ese sentido, advirtieron que el dinero que se llevaron los ñoquis del ex
Concejo es ese dinero que hoy falta en los hospitales públicos, en los sueldos de
los maestros, vivienda, y que conmueve a la sociedad.
También puede leerse que un marco administrativo en el cual se designaba personal
sin control, una desorganización nos develaba la falta de estructura y de
responsabilidad. Nada de ello era casual. Además, la falta de medidas tendientes a
revertir dicha situación desde el año 1993, con el informe de la SIGEN, hasta la
denuncia de Ema Pasino, constituye el dato cierto de que si los controles estatales
hubieran funcionado, el desfalco no se hubiera producido.
Clienti atornillado Es un asunto del viejo Concejo Deliberante y no le corresponde al
Ejecutivo intervenir, explicó ayer Fernando de la Rúa acerca de la situación
planteada con el legislador radical porteño Roberto Clienti, y aclaró que no soy
yo quien debe indicarle qué hacer. No era ésa la declaración del jefe de gobierno
que esperaban los radicales en la Legislatura, quienes desde que su colega fue procesado
en la causa de los ñoquis del ex Concejo le han formulado de mil maneras que pida
licencia. Ayer volvieron a hacerlo durante la reunión de bloque conjunto que mantuvieron
con sus socios del Frepaso, pero fracasaron una vez más: Clienti sólo accedió a
apartarse momentáneamente de la bancada de la Alianza, pero ratificó que
continuará ocupando su banca. El pedido de los radicales y frepasistas a Clienti no es
ocioso: la coalición empezó a pagar ayer mismo en la Legislatura los costos de tener en
sus filas a un procesado y tuvo que imponer su mayoría numérica en ese cuerpo para
frenar tres proyectos al respecto, que Nueva Dirigencia, el peronismo y Martha Oyhanarte
pretendían tratar sobre tablas. No pudo evitar, de todos modos, que el caso Clienti se
convirtiera en tema de discusión en el recinto. |
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