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 La disputa
en el mercado postal apunta a desembocar en un escándalo, del que tampoco saldrá indemne
la relación interna entre diferentes sectores del gobierno nacional. Desde las propias
filas oficiales se denunció que el secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan,
había impulsado un decreto “a medida” en favor del Correo Argentino, que le
permitiría a este último compensar el canon que le debe pagar al Estado con las deudas
que diversos organismos oficiales mantienen con la empresa por servicios postales. El
Correo, concesionado a un consorcio encabezado por Socma (Grupo Macri), no realizó el
pago de la última cuota vencida del canon y retuvo parte de la anterior (en setiembre de
1998 y marzo de este año), sin que el Gobierno lo intime a hacerlo, lo que hubiera
provocado la caída de la concesión a los 30 días del incumplimiento, según lo
establece expresamente el pliego de licitación. El decreto aludido autoriza la compensación de las deudas oficiales por servicios postales con el pago del canon, pero además le otorga un crédito a la empresa concesionaria por diferencias salariales y de productividad respecto de la competencia, por la vigencia de convenios especiales para los trabajadores del Correo Argentino. Es decir, que el Tesoro se hace cargo de dichas diferencias hasta tanto caigan los convenios. La obligación del concesionario (grupo Macri) es el pago de 103 millones de pesos anuales, en dos cuotas, por la explotación de la empresa, cuyo contrato se extiende por 30 años. Pero conforme al decreto elaborado por la Secretaría de Comunicaciones –aunque “impulsado” por Kohan, según otras fuentes oficiales–, ese pago podría reducirse a la prestación de servicios a organismos oficiales. Según fuentes empresarias, el Correo Argentino retuvo el último pago semestral (marzo de este año) y parte del anterior (setiembre de 1998), por una suma total que oscilaría entre los 80 y 90 millones de pesos. A su vez, el Correo le reclama a la administración nacional deudas por aproximadamente 150 millones de pesos, que corresponden a servicios postales prestados a ministerios (Interior y Trabajo) y organismos oficiales (Secretaría de Ciencia y Técnica, Registro Nacional de las Personas y Servicio Penitenciario Federal). El Correo había realizado presentaciones reclamando el pago de servicios adeudados y, posteriormente, gestionó la compensación de los créditos a su favor con las obligaciones de pago del canon. Pero antes de obtener una resolución favorable, dejó de pagar dichas obligaciones imputándolas a la deuda de los diversos organismos oficiales con la empresa. Ello derivó en el reclamo de las empresas competidoras del Correo Argentino en el servicio postal, que se quejaron por la actitud del Estado nacional de no intimar el pago del canon adeudado y, en caso de incumplimiento, proceder a la rescisión del contrato de concesión. Aunque la redacción del proyecto se le atribuye a la Secretaría de Comunicaciones, a cargo de Alejandro Cima, en el Gobierno nadie quiere hacerse cargo del asunto. Mientras que desde fuentes allegadas a Kohan se negó en forma terminante cualquier vinculación del funcionario con la autoría intelectual de la norma, en la Jefatura de Gabinete optaron a su vez por tomar prudente distancia de la cuestión. “Este es el último eslabón de la cadena que lleva a la firma de un decreto”, señalaron voceros de esa cartera, indicando que el mentado proyecto aún no había llegado a la jurisdicción de Jorge Rodríguez. La facilidad que le otorgaría el decreto oficial al Correo Argentino priva al Tesoro nacional del cobro de 140 millones de pesos en el presente ejercicio (incluyendo el pago semestral que vence el mes próximo), complicando aún más la ya delicada situación presupuestaria. Ello dio lugar a versiones respecto de que el Ministerio de Economía se habría opuesto a la promulgación del mencionado decreto. Pero también en el Palacio de Hacienda aseguraron desconocer los términos de dicha disposición. De cualquier modo, en el Gobierno aseguran que antes de ser promulgado, el decreto debería someterse a la rúbrica del ministro Roque Fernández. “El Ministerio de Economía no tiene nada que ver, esto es una operación de la competencia, que está perdiendo mercado y quiere seguir trabajando como le plazca, mientras la única empresa sometida a regulación en el mercado postal es el Correo Argentino”, señaló a Página/12 un vocero de esta última empresa. “La compensación de créditos es una práctica normal en cualquier relación comercial, por eso la solicitamos”, se justificó la fuente. En cambio, apuntó que “no es cierto que estemos negociando una rebaja del canon o que no vayamos a pagarlo nunca más”, tal cual había señalado en otras versiones. La misma fuente del Grupo Macri también refirió que las deudas pendientes y la vigencia de convenios laborales especiales para los trabajadores del Correo no son los únicos temas que dieron lugar a reclamos del grupo Socma ante el gobierno nacional. “Hay una cantidad de cuestiones pendientes, como por ejemplo que se nos hayan entregado alrededor de 170 oficinas postales sin habilitación municipal”, agregó.
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